A menos de una semana de que entrara en vigencia la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), comenzaron las maniobras de todo tipo para bloquear la aplicación de una conquista que llevó más de 30 años de lucha del movimiento de mujeres y disidencias en nuestro país. En medio de acciones judiciales improcedentes contra la aplicación del derecho en las provincias de Salta y Chaco, el Hospital Privado de Córdoba hizo saber mediante un comunicado oficial que se declara “objetor de conciencia institucional” y que derivará a las pacientes que requieran un aborto legal.

La institución aclaró que si bien el texto aprobado no contempla expresamente la objeción institucional, sí lo hace de manera individual y que esta visión “es compartida por sus miembros e impartida educativamente en quienes ingresan a ella”.

José Revigliono, director médico del Privado, en entrevistas a medios de la provincia, aseguró: “tenemos una objeción de conciencia institucional, pasa que la ley no lo prevé, por eso tenemos un ideario y una comunicación institucional interna”. Y agregó: “nuestra intención es justamente la derivación de los pacientes en tiempo y forma, como la ley lo prevé”.

Por otra parte, remarcó: “por supuesto que la objeción de conciencia individual puede estar o no, y si algún profesional decide que no tiene objeción de conciencia por supuesto que no lo podemos prohibir. Pero nuestra primera intención es la derivación en tiempo y forma”.

El comunicado publicado por el Hospital Privado expresamente establece que la maniobra empleada se ampara en el artículo 11 de la ley de IVE aprobada, que avala la objeción de conciencia y un sistema de derivación de pacientes que requieran la práctica. La cínica hipótesis de que algún profesional de salud que no se acoja a la objeción de conciencia individual, vaya a realizar la práctica sin prohibición alguna, constituye un absurdo y una provocación al personal de salud que sufre la persecución y los aprietes de los empresarios de la salud privada.

Pero el anuncio realizado no es nuevo; ya en 2018, el  Hospital Privado se pronunció en contra del aborto legal adhiriendo a un comunicado que también firmaron el Hospital Universitario Austral,  la Clínica Bazterrica, la Clínica Santa Isabel, la Clínica del Sol, Sanatorio Mater Dei, la Casa Hospital San Juan de Dios, la Clínica San Camilo, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y Fleni; todas instituciones de salud con fuerte participación clerical en sus direcciones. En aquella oportunidad, las presiones y el fuerte lobby ejercido por este sector radicaban en su intención de que se elimine la prohibición de la objeción de conciencia institucional.  En la actual redacción de la ley, han encontrado el ariete para evadir la aplicación del derecho al aborto.

Por supuesto que las maniobras desplegadas cuentan con el aval y la complicidad de los gobiernos provinciales con fuertes compromisos con las iglesias. Este tipo de anuncios en Córdoba era de esperarse. La propia diputada pejotista Alejandra Vigo, argumentó el rechazo de todo el bloque schiarettista de Córdoba Federal en diputados, adelantando que de aprobarse la IVE, ésta debería enfrentar amparos y trabas judiciales antes de su aplicación en la provincia. Sus declaraciones son más que un vaticinio en vistas de que a través de un recurso de amparo y con la complicidad del gobierno del PJ de Juan Schiaretti,  se negó la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) durante 8 años en los centros de salud provinciales.

El comunicado del Hospital Privado abre todo un rumbo para la corporación de la salud privada, comenzando por uno de los principales prestadores de salud de la obra social Apross de empleados estatales de la provincia. Pero no se trata solo de la conducta ilegal y evasiva en el marco de la salud privada, sino también de las consecuencias en la salud pública, en cuya órbita recae el peso de una política deliberada de vaciamiento, precarización laboral y salarios de miseria agravada por la pandemia. Sin embargo, las burocracias sindicales estatales siquiera han emitido un repudio frente al intento de supresión de derechos de miles de trabajadoras de la provincia.

La marea verde ha logrado una conquista histórica con los mejores métodos de un movimiento de lucha. Como todo triunfo, no es definitivo, hay que defenderlo y garantizarlo en las calles. Los sectores antiderechos, las iglesias y los gobiernos apelan a los pactos y métodos que ya supimos superar con independencia política. Ante esta nueva etapa, organicemos un plan de lucha por la aplicación efectiva en cada rincón del país. Hacia el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, este 8 de marzo ¡paremos la tierra por el aborto legal!