19/04/2018

El juicio a Ilarraz, cura abusador

Comenzó el juicio contra Justo José Ilarraz, el cura que abusó sexualmente de al menos siete menores de entre 12 y 15 años, que estaban a su cargo en el Seminario de Menores de Paraná entre los años 1985 y 1993. El inicio del juicio es el resultado de una larga batalla de las víctimas para que se atiendan sus denuncias, que organizadas luego en la Red de Sobrevivientes del Abuso Eclesiástico, pelearon para que la causa no prescriba y se consume la impunidad del abusador.


Uno de los primeros testimonios dio cuenta en el arranque del juicio del encubrimiento llevado a cabo para proteger a Ilarraz de parte de las autoridades eclesiásticas del Arzobispado de Paraná, a quienes recurrió en tiempo real y “tomaron conocimiento de los hechos y no hicieron nada” (Clarín, 17/4).


El que estaba en conocimiento era el cardenal Karlic, arzobispo de Paraná. Hoy, con 92 años, ha sido eximido por el tribunal de presentarse a declarar pese a que las víctimas señalan que estaba informado del tema y sostuvo a Illaraz como responsable de los seminaristas, a quienes la iglesia reclutaba en el interior de Entre Ríos. El actual Obispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, se valdrá de los fueros eclesiásticos que le reconoce el Estado para evadir su presencia en Tribunales (en su lugar hará un escrito) pese a que mientras que Ilarraz era prefecto del Seminario de Menores de Paraná, Puiggari ocupaba el mismo cargo pero en el Seminario Mayor de esa ciudad, por lo que su testimonio es relevante para dar cuenta del nivel de encubrimiento eclesiástico.


La presión política del clero católico para que este caso no salga a la luz ha sido y sigue siendo enorme, y ha encontrado personeros judiciales y políticos para vehiculizarla. Por empezar, el juicio se desarrolla a puertas cerradas y sólo la sentencia tendrá carácter público.


La Cámara del Crimen de Paraná, dictaminó que la causa contra Ilarraz prescribió y lo sobreseyó, desconociendo el entramado de complicidades que se activaron para el encubrimiento del cura, en primer lugar del Arzobispado de Paraná, ausente como responsable en este juicio pero que desde el primero momento intervino institucionalmente para proteger al cura abusador. Recordemos que Ilarraz fue beneficiado con un retiro en Tucumán luego de que estallara el escándalo de los abusos y continúa siendo cura de la Iglesia Católica.


El juzgamiento finalmente se ha remontado sobre la base de la apelación del fiscal al fallo de la Cámara, pero pende sobre el juicio la posibilidad de la anulación, ya que la decisión final sobre la prescripción depende de la Corte Suprema, que está pendiente. Podría suceder así que finalmente el juicio caiga, en una decisión que tiene implicancias más allá del caso Ilarraz.


“Protocolo contra los abusos”


En medio de las denuncias de encubrimiento de Ilarraz, el Arzobispado Paraná ha dado a conocer un protocolo de actuación para el trato entre curas y menores, con un recetario de disposiciones contra los abusos, fundamentalmente orientada a evitar que unos y otros se queden a solas. Por otro lado, “si es el menor o el adulto vulnerable (sic) es quien inicia gestos como un abrazo, la respuesta debe ser sobria, breve y apropiada, y siempre en lugares públicos y delante de otras personas”, detalla, toda una línea de comprensión del tema que han manifestado públicamente distintos funcionarios clericales a lo largo de este tiempo. Los abusados son convertidos en responsables de desatar “tentaciones” y sospechados de fraguar la realidad, una manipulación sobre la capacidad de discernir entre el afecto y el abuso, al servicio de ocultar que todos los casos se vinculan al abuso de poder inherente a la jerarquía católica. En el caso de Ilarraz, los abusos estaban vinculados a un sistema de premios y castigos en el Seminario, según “accedieran” o no a mantener relaciones sexuales con el cura.


A este, se suma otro protocolo para la recepción de las denuncias de abuso, que contiene la precaución de que se debe “salvaguardar la buena fama de todas las personas involucradas” (Clarín, 4/4) que impulsado frente al caso de Ilarraz, es en primer lugar un intento de autoencubrimiento respecto de la protección brindada de punta a punta a Ilarraz de parte del arzobispado de Paraná.


Uno de los siete denunciantes de Ilarraz fue citado a una reunión domingo anterior al inicio del juicio por dos sacerdotes del Tribunal Eclesiástico a cargo del “juicio canónico” al pedófilo. La misma se realizó en el mismo sitio donde ocurrieron los abusos.


"La entrevista era supuestamente para participar de instancias de un proceso canónico que tienen que ver con el proceso en el que está involucrado Ilarraz. Fue inoportuno porque se iba a dar a horas de que esta víctima declare. Creo que se trató de vulnerar emocionalmente a este hombre y se trató de una demostración de poder. Es macabro", denunció la psicóloga Liliana Rodríguez, integrante de la ONG Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico (Clarín, 16/4).


Separación de la Iglesia del Estado


Las prerrogativas que le da el Estado a la Iglesia católica, como el reconocimiento de los fueros eclesiásticos o la potestad de hacerse cargo de la educación de los menores, deben ser removidos como una medida elemental de defensa de la niñez y la juventud. Como con las instituciones castrenses, es constitutivo a la iglesia el abuso de poder.


La potestad de la iglesia de tener sus propios tribunales ha sido un salvoconducto para la impunidad y una instancia de conspiración clerical para evitar rendir cuentas frente a los hombres, debe ser desconocido por completo de parte del Estado.


Juicio y castigo a Ilarraz


Cárcel común a los curas abusadores


Separación de la Iglesia del Estado

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