La política de género del gobierno de la hermana de género no deja dudas.

En sintonía con su abrazo a Bergoglio, C. Kirchner ordenó al Congreso “dejar caer las iniciativas para reglamentar los abortos no punibles que contempla el Código Penal”. Graciela Ocaña, ministra de Salud y enemiga mortal de los trabajadores del Hospital Francés también se situó como enemiga mortal de las mujeres: “Acá la definición clara la dio la Presidenta. Nosotros estamos para cumplir con nuestra Presidenta” dijo, y calificó la cuestión del aborto como “un tema de política criminal, no es materia del ministerio”.

¡Política criminal! Política criminal del Estado, sin dudas: según la Unidad de Terapia Intensiva de la Maternidad Sardá se realizan en el país más de 600.000 abortos anuales y de cada 100.000 mujeres mueren entre 350 y 400 en el quirófano: 2.400 al año, 24 veces más que las que confesó Ginés González García. Para su sucesora, esas muertes no son un problema social ni sanitario. Son producto de un delito y, por lo tanto, cuestión de política criminal. Hasta la derecha más salvaje se priva de semejantes comentarios. Ocaña anunció que “está en estudio” si se distribuirá o no la tímida Guía Técnica para la Atención de los Abortos No Punibles, un manual de procedimientos clínicos y quirúrgicos para interrumpir embarazos, que González García tardó cuatro años en redactar y se fue sin distribuir.

Tan obediente como Ocaña, el ministro de Salud saliente de Mendoza no firmó la resolución para fijar el procedimiento de atención de los abortos no punibles, que según sus propias declaraciones “buscaba evitar la judicialización de esos casos”. El actual gobernador K, Celso Jaque, “autodefinido como ‘un hombre de fe’, adelantó que convocará a “la Iglesia Católica y grupos evangélicos para que lo asesoren en materia de políticas de salud reproductiva y educación” (Página/12, 8/12).

En La Pampa, el gobernador K y ex funcionario de la dictadura, Oscar Jorge, vetó la ley que reglamentaba la atención de los abortos no punibles. El obispo de Santa Rosa, Rinaldo Bredice, había pedido el veto el mismo día de la sanción.

Un programa de disciplinamiento social

Estimulada por sus éxitos, la Iglesia avanza al galope contra los derechos de las mujeres y las personas homosexuales: los “desvela sobremanera (…) el posible debate legislativo de leyes para despenalizar el aborto y para permitir las uniones civiles de personas de un mismo sexo (…) La curia quiere evitar que la ley salga por vía judicial y no legislativa, como ocurrió en algunas provincias” (DyN, 30/12). Además, los obispos “quieren saber si la Iglesia será invitada a participar de la concertación social y plural que pregona la jefa de Estado” y “trabajar por la reconciliación y la justicia sin resentimientos” (ídem).

El precio del abrazo entre Bergoglio y C. Kirchner es todo un programa político de disciplinamiento social: la Iglesia quiere participar del maniatamiento de los trabajadores en el Pacto Social, exige el perdón a los criminales de la dictadura y a los violadores como Grassi, violenta el derecho de las mujeres a una vida propia, que no se reduzca a los cánones del matrimonio y maternidad, y condena a las parejas homosexuales a la clandestinidad, excluyéndolas de derechos democráticos básicos, como la adopción y hasta de compartir un plan de vivienda.

El movimiento de mujeres y de la diversidad sexual tiene en sus manos esta embestida. Para eso debe organizar con total independencia política del gobierno, las Iglesias y los partidos patronales. Es necesario unir las fuerzas con los trabajadores, la juventud y todos los sectores que han salido a ponerle freno a esta política antidemocrática, antiobrera y antipopular.

Las comisiones por el aborto legal deben contraponer al programa represor y oscurantista de los Kirchner y Bergoglio su propio programa.

Exijamos la legalización y gratuidad del aborto, una educación sexual científica y el acceso universal a la anticoncepción.

Exijamos la separación de la Iglesia y el Estado. La exclusión de la curia de toda función social, asistencial y educativa, la suspensión de los subsidios al clero.

Exijamos derechos universales para las personas y familias homosexuales.