En estos días el nombre del senador nacional por Salta, Juan Carlos Romero, apareció en los principales medios de prensa como uno de los “indecisos” en el debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

En el día de ayer, finalmente Romero anunció su voto contrario a este derecho, diciendo que luego de escuchar a los expositores que fueron al Senado se convenció de que el “pueblo salteño” mayoritariamente estaba en contra de que la ley se apruebe. Romero toma el mismo y falso argumento de los siete diputados salteños que votaron en contra y de los otros dos senadores, uno de ellos hermano del gobernador Juan Manuel Urtubey. De esta manera, la totalidad de los legisladores nacionales salteños se han colocado en el terreno del voto negativo.

Parece que Romero hizo oídos sordos a la gran intervención de Milagros Peñalba, integrante de la Coordinadora de estudiantes secundarios por el aborto legal, y en cambió prestó oídos al ultramontano Abel Albino, al cual Urtubey le entregó la asistencia de los niños desnutridos en la provincia.

El senador salteño no toma en cuenta los datos que colocan a Salta como una de las provincias con mayor atención en el hospital público de mujeres con secuelas graves de abortos clandestinos. Tampoco tuvo en cuenta el aumento del embarazo en niñas, obviamente producto de abusos, a las que en muchos casos se les niega el derecho al aborto no punible.

Todo esto ocurre principalmente en el hospital Materno Infantil, que apenas inaugurado, fue entregado a la Fundación Santa Tecla de origen español durante la gestión de Romero como gobernador. La fundación tuvo que retirarse de la administración del hospital por la gran cantidad de denuncias que tenía por la pésima atención.

El Materno Infantil fue el símbolo del fracaso de la política privatista de la salud que impulsó Romero con un régimen similar al que hoy quiere imponer Macri a nivel nacional a través de la CUS (Cobertura Universal de Salud).

Otra expresión nefasta de esa política, fue la tercerización de la comida, limpieza y mantenimiento de los hospitales a manos del sindicato de ATSA, dirigido eternamente por el Pedraza salteño, Eduardo Abel Ramos, quien además tiene un cuasi monopolio de las escuelas de enfermería y es propietario del colegio confesional Madre Teresa de Calcuta.



Te puede interesar: Semana de definiciones: la situación hacia el #8A

 

¿Quién es Romero?

 

Quizás los que escucharon hablar de Romero en estos días, desconozcan que éste gobernó Salta durante 12 años, tres mandatos consecutivos. Su último mandato fue habilitado por una reforma constitucional que se aprobó sobre tablas en la Cámara de Diputados.

En la convención constituyente, el bloque que impulsaba la re re elección de Romero estaba presidido nada más y nada menos que por Juan Manuel Urtubey.

En esos 12 años, de 1995 al 2007, Romero impuso las políticas privatistas a sangre y fuego. Apenas asumido dejó cesantes a 5000 trabajadores del estado, los mal llamados “excedentes”, muchos de los cuales se suicidaron. Todos los servicios públicos provinciales fueron privatizados, pero también Romero fue un ferviente defensor de la privatización de YPF, y en este sentido ordenó las más brutales represiones contra el pueblo movilizado en el departamento San Martín, cobrándose la vida entre otros de Aníbal Verón.

El entonces gobernador lanzó una brutal campaña contra el Partido Obrero, deteniendo durante meses a tres de sus principales dirigentes del norte, José Barraza, César Raineri y Carlos Gil, y obligando al actual diputado provincial Claudio Del Plá a permanecer en la clandestinidad para evitar la cárcel. Posteriormente el compañero fue expulsado de su puesto de trabajo en la escuela pública en una nueva persecución política por parte de Romero.

Los docentes salteños tienen muy presente al actual senador nacional, ya que fue el que ordenó la brutal represión a las maestras que llevaron adelante una huelga de 45 días en defensa de su salario. Aquel 1 de abril de 2005 es recordado como “La Noche de las Tizas”.

Durante su gobierno no hubo fin de semana sin razias policiales. Cientos de jóvenes eran detenidos por la figura de la “averiguación de antecedentes”. Esta política dio lugar a las torturas y muertes dentro de las comisarías y a la impunidad de los policías de gatillo fácil.

Durante el gobierno del ahora senador Romero se dieron los primeros pasos de la lucha contra la impunidad del Estado que continúa hasta el día de hoy. El hecho más significativo fue el crimen de Liliana Ledesma, la pequeño productora del norte que denunció al entonces diputado Ernesto Aparicio por narcotráfico. Una semana después de la denuncia, Ledesma fue asesinada en un claro mensaje mafioso. Romero protegió de principio a fin el ex diputado, ya fallecido, y cuya banda sigue actuando, como quedó demostrado en el caso de los narco concejales de Salvador Mazza, todavía prófugos, que utilizaban vehículos de propiedad de Aparicio para el paso de la droga.

En la política privatista de Romero debemos incluir la sesión por 99 años de las tierras de Salta Forestal al padre del diputado Alfredo Olmedo, otro ferviente enemigo de los derechos de la mujer. Olmedo fue candidato a vice gobernador en 2011 compartiendo fórmula con Romero. Debemos recordar también que Romero vendió la reserva natural de Pizarro para financiar la reparación de las rutas por donde los terratenientes llevan la soja al puerto de Rosario.

Hoy una de las noticias del día es el pedido de desafuero de Cristina Fernández de Kirchner. Pero los medios nacionales quizás nunca se enteraron que hay un pedido de desafuero a Romero que nunca se trató. Ese pedido es por una sumatoria de denuncias por compras irregulares de tierras que hicimos desde el Partido Obrero. El Estado compraba tierras para viviendas dos o tres días después de que lo hacía un privado que las adquiría a un precio infinitamente menor. Vale recordar el caso de las tierras de La Ciénaga, adquiridas por el Estado y luego vendidas a la familia Romero, lógicamente a muy bajo precio.

Como se ve, Romero no tiene autoridad para hablar en nombre de lo que supuestamente quieren los salteños. Quedará en las tareas del enorme movimiento de mujeres, que como en todo el país, no para de crecer en Salta, para que junto a la clase obrera tiren al basurero de la historia a los Romero y compañía.

Que sea ley.