Los límites del decreto de Urtubey

 

En lo que va del año, tuvo que haber doce mujeres asesinadas en Salta -luego de que, durante varios años, la provincia encabezara el porcentaje de femicidios en el país- para que el gobernador Juan Manuel Urtubey declare una “emergencia sobre violencia de género”.

El gobernador se autoabsuelve con un llamado a “profundizar la aplicación” de la Ley Nacional de Violencia de Género cuando no hizo nada por el tema.

Por otro lado, son sus senadores -que dominan el 90 por ciento de esa cámara- quien hace un año se niegan a tratar una ley instrumental aprobada en Diputados. Al contrario, impulsaron una suerte de “manual de violencia”, que es un retroceso en toda la línea con relación a aquélla.

Frente a la crisis, se apela ahora a un decreto de necesidad y urgencia, el cual, sin embargo, tiene limitaciones insalvables.

Se establece la facultad discrecional de reasignar partidas presupuestarias para financiar las acciones del Estado, pero no hay ninguna asignación específica. El Estado se obliga a la creación de “Hogares de Protección Temporal”, los que supuestamente ya existen en la órbita del Ministerio de Derechos Humanos y debieron existir en la Intendencia de la capital de Salta desde hace cuatro años por la vigencia de una ordenanza que jamás fue ejecutada ¡por falta de presupuesto!

El decreto de Urtubey tampoco avanza en cuestiones clave e imprescindibles para proteger a la víctima de violencia de género. La norma debería establecer el acceso a un trabajo en blanco para la mujer golpeada, de modo que por su dependencia económica no se vea forzada a aceptar nuevamente al golpeador en el hogar. En caso de que la víctima no pudiese sostener un régimen laboral, el Estado debería garantizarle un subsidio equivalente a la canasta familiar.

Por otro lado, no garantiza la cobertura social para las mujeres y sus hijos, ni una vivienda digna para la víctima y su grupo familiar en caso de no contar con una. Tampoco el acceso a asistencia letrada o a planes de capacitación profesional y de finalización educativa, todos de manera gratuita.

Por último, para que todas estas medidas sean efectivas, debería crearse una “Comisión de Mujeres” integrada por las organizaciones de género y las organizaciones de derechos humanos actuantes en la provincia de Salta, así como también por representantes de las mujeres de los barrios y de las organizaciones sindicales, las cuales deberán ser electas en asambleas y ser revocables en su cargo.

Gabriela Cerrano