En vísperas del 28 S, Día de acción global por el Aborto Legal en América Latina y el Caribe, nuestros derechos parecen haberse perdido en el laberinto eclesiástico del gobierno de Alberto Fernández.

En la localidad de Mar de Ajó, una estudiante de 16 años concurrió al hospital público en búsqueda de ayuda del ajustado sistema de salud de La Costa, por cursar un embarazo no deseado de 2 meses. La respuesta del profesional fue “recomendarle que lo tenga” y que “le va a costar caro”. En definitiva le negaron un legitimo derecho.

Se evidencia así en primer lugar la necesidad de garantizar la ESI laica científica y de género junto con el acceso a los anticonceptivos adecuados, cosa que en el sistema de salud de La Costa, gobernado hoy por Cardoso (FDT)y desde hace años por dinastías peronistas no se garantiza. Por otro lado, es evidente de qué modo operan los elementos antiderechos en las instituciones públicas.
Este no es un hecho aislado, es sólo un ejemplo más del desamparo que viven miles de mujeres cuando los gobiernos se alían a las Iglesias de cualquier pelaje y desde ese lugar se encargan de pisotear todo tipo de derechos y en consecuencia la vida de miles de niñas, mujeres y diversidades.

Desde el movimiento de mujeres se toma el caso y se decide realizar acciones el 28 S para repudiar este hecho y reclamar que el gobierno que prometió en la campaña al gran movimiento de mujeres la ley del Aborto legal, cumpla con la misma .