El 29 de noviembre, a las 9:30 horas, comenzarán a escucharse los alegatos de la fiscalía y de la querella solicitando la condena a perpetua de Iver Carlos Ibarra Huanca, por ser el perpetrador del asesinato de Esther Mamani Canaviri, quien era la madre de sus hijos, de 8 y 4 años, tras doce años de convivencia.

Esther fue asesinada en el lugar más inseguro para las mujeres, su propia casa. Su caso, de enero de 2021, fue el número 26 de ese año, y reflejó una vez más la responsabilidad del Estado que no escuchó. El asesino había sido denunciado previamente y tenía una orden de no acercamiento, otorgándosele un botón antipánico a Ester.

Una vecina del barrio, testigo del juicio, dejó al desnudo la inoperancia del sistema de protección a las víctimas de género al denunciar, también como víctima de violencia, que al comunicarse con el botón antipático se les contesta que si no está siendo agredida en ese momento, aunque esté en peligro inminente por la cercanía del agresor, se les niega la asistencia.

Esther pasó por todos los ciclos de la violencia de género. Primero ocultó los golpes, luego se animó a decirlo a una amiga pero no llegó a denunciar, tras ser arrastrada de los pelos por los pasillos de acceso de su casa y privada de su libertad por tres días, realizo la primera denuncia.

La dependencia económica y cultural, la falta de medidas estatales que le permitieran protegerse a ella y sus hijos, le impidieron no dejar entrar nuevamente en su casa a su conviviente. El apoyo de las compañeras del Polo Obrero no alcanzó y se las catalogó como “mala influencia” no solo por su agresor sino por la familia extendida del perpetrador, que en una reunión familiar en que Esther expresó su intención de separarse, se le recomendó de que tratara de evitar salir de su casa incluso para trabajar y que no concurriera más al comedor. Y si quería irse perdería a sus hijos y su casa.

Condenada por el patriarcado y el Estado, su final quedó marcado cuando se despertó con su agresor que la golpeó primero, hasta asfixiarla.

El 24 de noviembre, días antes de nuestro alegato, se cumplen diez años de la sanción de la ley que incorporó al Código Penal el delito de femicidio y fijó la pena en estos casos de prisión perpetua.

Reclamamos que se haga justicia, y que en su nombre se establezca sin duda que “matar a una mujer” constituye un delito aberrante y se aplique la condena que por ley corresponde.

Pero ninguna condena resolverá que una mujer cada 24 horas muera en manos de su pareja o expareja, mientras el Estado simule que se ocupa sin implementar un régimen de protección efectivo, apoyo económico y viviendas para las víctimas de género.