Durante la última reunión de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Congreso, nuestro bloque fue el único en solicitar el urgente  tratamiento del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo que presentó por sexta vez la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, un frente único que reúne a más de 300 organizaciones políticas, sociales y gremiales.

La conferencia de prensa que anunció la presentación del proyecto, realizada hace dos meses, estuvo colmada de diputados de todos los bloques. Sin embargo, ninguno batalla por la celeridad en su tratamiento.

La urgencia responde a una situación de vida o muerte para las mujeres, especialmente las pobres.

Aquellas que sobreviven a la clandestinidad de la práctica ilegal, son  encarceladas. Incluso sus familiares son encarcelados, como en el caso de Eva, presa desde el 12 de agosto en una comisaría de La Banda, Santiago del Estero, acusada de haber sido “cómplice” de que su hermana muriera a raíz de un aborto practicado por una curandera en condiciones de extrema precariedad.  

Nuestro reclamo por avanzar en este debate no fue acompañado por los demás bloques. Su argumento es que primero debe ser debatido en otras comisiones donde tiene cabecera. Sin embargo, eso no impide que se impulse desde la Comisión de Mujer y Familia el tratamiento conjunto para terminar con las dilaciones.

La Comisión, en cambio,  se limitó a debatir proyectos declarativos. Por ejemplo, aquellos que planteaban declarar “de interés nacional e institucional” las jornadas por #NiUnaMenos, o declarar el día 3 de abril (aniversario de la desaparición de Marita Verón) como “día de concientización sobre la problemática de las redes de trata”. La línea de institucionalizar las jornadas de lucha que surgen como movilizaciones masivas de carácter independiente de los gobiernos, y que constituyen justamente demandas hacia el Estado, son tratadas de cooptar para maquillar un andamiaje estatal que facilita tanto la violencia sobre la mujer como la actuación impune de las redes de trata. Eso sí, de cesar la clandestinidad del aborto, que se cobra la vida de miles de mujeres cada año, ni noticias.

Mientras el aborto continúa siendo un negocio clandestino, la criminalización de la mujer avanza. La vulneración constante de su derecho a la salud, del secreto profesional entre médico y paciente y de la libertad a decidir sobre el propio cuerpo son las herramientas que se dan los gobiernos para mantener la opresión sobre la mujer.

¡Preparemos una gran concurrencia al XXXI° Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario y una gran movilización el próximo 28 de setiembre, Día Latinoamericano de Lucha por el Aborto Legal!