A cuatro días del parto forzado de la niña de 12 años violada en Jujuy, el día de ayer (22/1) las autoridades del hospital informaron el fallecimiento del bebé. El gobierno jujeño, que en un principio planteó a los medios que el caso entraba en las tres causales de aborto no punible (TN, A Dos Voces 14/1), terminó negando su aplicación –arguyendo el avanzado estado del embarazo- pasando por alto la voluntad de la niña y su madre que solicitaron dos veces por escrito la interrupción, amparándose en el derecho que la asistía.

El movimiento de mujeres salió a las calles en defensa del aborto no punible, pero también lo hicieron la derecha más retrógrada y los “celestes” en sentido contrario. Estos sectores montaron una campaña infame que incluyó un pronunciamiento del obispo jujeño desde el Vaticano. En esta vulneración de derechos debemos señalar también al gobierno de Gerardo Morales, el ministro de salud provincial, Gustavo Bouhid, los jefes médicos Marcelo Villa y Gustavo Briones, y a la diputada radical Gabriela Burgos (UCR-Cambiemos), intentaron que la joven continúe con la gestación.

Fracaso

La “salida intermedia” del gobierno jujeño, que negó el elemental derecho al aborto no punible, pero al mismo tiempo promovió la cesárea en oposición a la continuidad del embarazo, se reveló como un completo fracaso. Los “celestes” afirman que lo que se debería haber hecho era extender aún más tiempo la gestación dentro del vientre de la niña, contra su voluntad. Desconsideran el hecho de que un embarazo en un cuerpo infantil multiplica los factores de riesgo, porque el cuerpo de las niñas no está preparado para el embarazo ni el parto; socialmente hablando debería garantizarse que la infancia no tenga que soportar el peso de la maternidad, sino por el contrario, que se respete la fase de desarrollo en la que se encuentra. Pretenden desconocer que en estos casos, además del trauma causado por la violación y el embarazo, y las consecuencias sociales del embarazo infantil que se produce entre las capas más pobres de los explotados, existe un riesgo cierto de vida. Sin ir más lejos, en 2018 una niña de 13 años de la comunidad wichi del Chaco murió luego de una cesárea, al igual que el recién nacido. La falacia del slogan "salvemos las dos vida" queda otra vez crudamente al descubierto.

Oscurantismo

Los grupos oscurantistas han pisado el acelerador, convocando a una vigilia en la Catedral local y una movilización. Es el desenlace reaccionario de la intromisión que tuvieron (con ayuda del poder político y la iglesia) desde que se conoció la noticia del caso. Estamos frente a un nuevo atropello clerical, como sucedió con la joven Ana María Acevedo en Santa Fe, a quien le fue denegado un tratamiento contra el cáncer porque estaba embarazada, esta decisión médica fue dictada por intervención directa de la jerarquía católica de la provincia sobre los efectores de salud, que aún dominan en el centro norte de Santa Fe. A la joven empleada doméstica se la sometió a una situación de tortura, reconocida internacionalmente, ya que tuvo que afrontar el cáncer con aspirinas. Luego de la cesárea, a la que llegó tras un largo suplicio, fallecieron Ana María y su bebé. Norma Cuevas, la mamá de Ana, hoy es madre de los 3 hijos que dejó huérfanos el Estado tras el femicidio de Ana María. 

Debemos repudiar la ofensiva y provocaciones oscurantistas que, tras la campaña y el lobby contra la legalización del aborto, buscan ahora tomar este caso como un caso testigo para avanzar contra los derechos de las mujeres.

El seguidismo del Frente para la Victoria y el PJ al Papa Francisco los ha llevado a criticar apenas un “mal manejo del gobierno” de Morales ante los hechos. A tal punto está infiltrado el PJ por el lobby clerical, que un sector defendió la decisión de someter a la niña a la cesárea. El caso los ha delatado como un partido tan clerical como el de gobierno.

Reforzar la lucha

El movimiento de mujeres tiene que sacar las conclusiones del caso y está llamado a reforzar su intervención frente a los hechos venideros. Es necesaria y urgente la separación de la Iglesia y el Estado: expropiar todos sus bienes, expulsarlos del sistema de salud, educativo y de asistencia social. Su injerencia es violencia y sometimiento para las mujeres y el pueblo. El año pasado la iglesia usó sus púlpitos como escenarios de arenga política y organización contra la educación sexual en las escuelas, contra el aborto legal y contra el respeto a la diversidad sexual. En primer lugar debemos exigir la implementación efectiva de la Educación Sexual Integral, de manera obligatoria científica y laica en todos los establecimientos escolares de la provincia. Tenemos que exigir más que nunca la plena e inmediata aplicación de la ILE en Jujuy, dado que ha quedado claro que la decisión política de aplicarla no se puede dejar en manos de estos objetores de conciencia, sino que tiene que ser una tarea del movimiento de mujeres, a través de un Consejo Autónomo de la Mujer, electo y revocable, que tome en sus manos este tipo de problemáticas y actúe con la celeridad que estos casos requieren; y reforzar la campaña por el aborto legal para evitar llegar a estas situaciones de extrema gravedad y riesgos para la salud de la víctima.

La responsabilidad política sobre este aberrante hecho cae sobre el gobernador Morales y los funcionarios y profesionales que obstruyeron sistemáticamente la aplicación del protocolo de ILE y el aborto no punible. Morales tiene que rendir cuentas sobre este régimen que niega los derechos en función de intereses ajenos a las necesidades de la mujer trabajadora.

Luchemos por la renuncia de Bouhid, arquitecto principal de todo este operativo de tortura, como parte de una lucha por la separación completa y definitiva de la Iglesia y el Estado en Jujuy y todo el país. Luchemos por una Asamblea Constituyente libre y soberana nacional para consagrar un estado realmente laico y respetuoso de todos los derechos de las mujeres y niñas.