El 2 de enero de 2020, en Villa Devoto, Ciudad de Buenos Aires, fue detenido un hombre, Ivan Díaz, por el femicidio de su pareja, Ines Caruso, una mujer de 56 años, cuyo cuerpo presentaba golpes y había sido movido del lugar donde habría sufrido un supuesto accidente, según había dicho Díaz al 911. Por las señales del cuerpo y de la escena, la fiscal, que ya había entendido en la causa del femicidio de Ángeles Rawson, sospechó que se trataba de un femicidio. Un día después, la autopsia relevó diversas lesiones. 

Díaz fue internado en el hospital Zubizarreta porque la evaluación médica inmediata estableció que representaba “un riesgo para sí mismo y para terceros”. Caruso había denunciado a Díaz sucesivas veces por violencia de género.

Testimonios de vecinos confirmaron que Caruso era víctima de violencia por parte de su pareja, a quién apodan “el loco Iván”.

El crimen de Caruso pone en evidencia el desamparo en el que nos encontramos las mujeres y la necesidad de contención estatal, de respuesta y de recursos para la atención de las víctimas de violencia. Las cifras, no oficiales, de femicidios en Argentina son impactantes: 327 mujeres fueron asesinadas en 2019, es decir 1 cada 27 horas. Solo en el mes de diciembre, fueron 30 mujeres las víctimas de femicidios. La enorme mayoría de los casos, se trata de parejas o ex parejas que ya han sido denunciadas. 

La ministra de género Gomez Alcorta, en una entrevista publicada el mismo día en el portal Infobae, habló de “fortalecimiento territorial” y entre “las redes comunitarias” mencionó a las Iglesias y los municipios: “Puede ser desde la iglesia, la sociedad de fomento, los movimientos sociales o recursos de los municipios, que en algunos casos son muy buenos y en otros, escuálidos. Desde Nación tenemos la obligación de crear esas redes o fortalecerlas y articular todos esos recursos”. 

Pero la atención y el cuidado a las mujeres no puede tercerizarse en las instituciones enemigas de los derechos de las mujeres, misóginas y opresoras ni en los ejecutores del ajuste y de los presupuestos de miseria para la atención de las mujeres cuyo eje estará en el pago de la deuda. Para la situación de crisis es necesario contar con recursos estatales gestionados por un Consejo Autónomo de las Mujeres, bajo gestión de las organizaciones del movimiento de mujeres, electo y revocable, que fiscalice e implemente políticas de asistencia inmediatas e integrales en favor de las mujeres, de manera independiente del Estado.