19/09/2020

INFORME ESPECIAL: en septiembre, un femicidio al día

El Estado es responsable.

Los primeros 14 días del mes de septiembre acumularon 14 femicidios. Una mujer muerta cada 24 horas, en su mayoría jóvenes, que se suman a la lista de 199 femicidios cometidos entre el 1ero de enero y el 31 de agosto de 2020. Cifras no oficiales que se elaboran a partir del registro de noticias en los medios y son contabilizados por observatorios como La Casa del Encuentro, dirigido por Adriana Zambrano y Ahora que sí nos ven, de la funcionaria del Inadi Victoria Donda. Desde el año 2015, también la Corte Suprema de Justicia de la Nación elabora un registro de datos a partir de las causas judiciales de muertes por violencia de género. Los distintos gobiernos preocupados por las políticas con “perspectiva de género” aún no han sido capaces de elaborar estadísticas basadas en femicidios y cantidad de población sobre el tema.

Un femicidio cada 29 horas

Según el Observatorio Ahora que sí nos ven (31/8), se estima que el 35% de las víctimas a nivel nacional habían realizado al menos una denuncia policial, un dato alarmante pero que no sorprende a sabiendas de cómo son ninguneadas y revictimizadas las mujeres en las comisarías cuando se acercan desesperadas en la búsqueda de ayuda.

Ninguna fuerza de seguridad está al servicio de estas mujeres, sino todo lo contrario, las someten a maltratos, desestiman la gravedad de sus declaraciones (así como las llamadas al 911) y no garantizan las perimetrales. Por caso, Micaela Zalazar (28 años), quien murió en un hospital de la Provincia de Buenos Aires luego de una hemorragia abdominal, había denunciado a su pareja por violencia de género en 2019 y antes de que se dictara el aislamiento social y obligatorio “por violación de la perimetral”, pero no habría sido tomada en cuenta porque la medida estaba vencida (Clarín, 14/9). El Estado está presente a través de la cobertura a los agresores y la desprotección a las víctimas.

Violencia y fuerzas represivas

En el contexto de la pandemia, desde el gobierno nacional han intentado generar una imagen de confianza en las fuerzas de seguridad en el marco del agravamiento de la crisis, colocándolas como esenciales y a quienes las mujeres pueden acudir ante la violencia. Bajo este discurso se contabilizan casi 100 casos de asesinatos a manos de las fuerzas policiales. La realidad muestra el carácter clasista y misógino de estas instituciones, con un recrudecimiento de los abusos policiales en los barrios populares, casos de gatillo fácil y aumento de detenciones arbitrarias. Florencia Magalí Morales (39 años) fue arrestada en San Luis en el mes de abril “por violar la cuarentena” y a las pocas horas apareció sin vida en una celda. Con un claro encubrimiento gubernamental, estas fuerzas son garantes de la impunidad, cómplices de la violencia femicida y la liberación de zonas para la trata y el narcotráfico.

Se trata de un aparato profundamente descompuesto, amparado por todos los gobiernos de turno, y que recientemente ha sido reforzado gracias a la concesión del gobierno a los reclamos del motín bonaerense. En lo que va del año 8 femicidios fueron cometidos con armas reglamentarias (es decir entregadas por el Estado) y otros tantos por ex miembros de las fuerzas, como el reciente caso de Cecilia Laura Páez (62 años) en San Fernando, Buenos Aires. Asimismo, somos testigos de encubrimientos al interior de las fuerzas y de la inoperancia para detener a los acusados, como pasó con el femicida de Ludmila Pretti (14 años) en Moreno al que, en vez de detenerlo, lo dejaron irse de la comisaría pese a haber hallado el cuerpo de la adolescente en su casa.

En el plano judicial también asistimos a todo tipo de arbitrariedades, con fiscales que tildan de responsables a las víctimas y proponen como solución armar a las mujeres contra los violentos, como declaró hace algunas semanas el fiscal Santiago Terán. Pocos meses atrás volvió a cobrar notoriedad el caso de la violación en manada de Chubut cuando el fiscal Fernando Rivarola solicitó un juicio abreviado a los responsables, hijos de políticos y empresarios. A su vez, declaró que aquella violación colectiva había sido un “desahogo sexual”, en un claro ejemplo de encubrimiento judicial a los hijos del poder.

Con total impunidad se persuade a las víctimas y familiares para abandonar el pedido de justicia, se cajonean las causas o se falla a favor de los acusados. La noticia hace pocos días de la excarcelación de Roberto Pavón, encubridor del femicidio de Micaela García (21 años) pinta de cuerpo entero la impunidad, abuso y violencia institucional del sistema judicial mientras se discute una reforma que nada tiene para ofrecer a las mujeres.

Ni el aumento de penas para los femicidas, ni las capacitaciones en cuestiones de género y violencia en las instituciones estatales, tan pregonadas por las funcionarias feministas, han revertido la opresión y violencia hacia las mujeres. Al mismo tiempo que hacen propaganda de sus gestiones “con perspectiva de género”, los gobiernos hunden en la desocupación y pobreza a miles de mujeres, violentan los derechos de las niñas a acceder al aborto y se engrosan las filas de los femicidios.

Sin planes para afrontar la violencia

No hay ninguna política sustancial que apunte a prevenir, atender y erradicar la violencia. Las “declaraciones de emergencia” que se extienden a distintas provincias no son más que un instrumento para exculpar a los gobiernos y al Estado como principales responsables de la violencia mientras destinan un presupuesto miserable para atender la problemática, tercerizan la atención a las víctimas en ONGs e iglesias, o contratan trabajadoras de manera precaria para atender los casos.

Ejemplo de ello es la provincia de Buenos Aires que extendió la emergencia en violencia de género, pero no es más que un cheque en blanco en un contexto donde una mujer es asesinada cada tres días (Clarín, 30/7). A tono con lo que sucede en el resto del país, se registra un incremento de denuncias desde que se declaró la cuarentena, con un promedio de 47 llamados por día a la línea 144. El Ministerio de las Mujeres de la provincia no tomó ninguna determinación política ni presupuestaria destinada a enfrentar esta realidad y a responder a los pedidos de auxilio de miles de mujeres.

En Argentina solo hay 120 refugios para albergar a víctimas, de los cuales algunos están completamente vaciados, en un estado de deterioro que los hace inhabitables y no cuentan con profesionales ni recursos humanos para atender y contener a las mujeres. En la provincia de Buenos Aires, que constituye uno de los lugares más poblados del país y en 2020 alcanza los 80 femicidios, hay nada más que dos refugios a cargo del gobierno provincial. Venían a cambiar el paradigma, y terminaron dando la espalda a las mujeres confinadas en sus hogares.

Macrismo y mujer, más de lo mismo

Bajo el gobierno de Mauricio Macri, en conjunto con Fabiana Tuñez a cargo del Consejo Nacional de las Mujeres, se elaboró un Plan Nacional contra la violencia de género. Algo que estaba previsto en el marco de la Ley 26.485, sancionada en 2009, pero que no fue llevado a cabo por el entonces gobierno de Cristina Fernández.

En el Plan de 2017, a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, el gobierno se comprometía a la creación de una Red Nacional de Hogares y Protección Integral, para construir 36 establecimientos, mecanismos de admisión y derivación de casos y protocolos de actuación (INAM, Plan de Acción 2017-2019). De los 750 millones de pesos, 600 estaban destinados a la construcción de refugios, sin embargo, pasados casi 4 años de los 36 solo se concluyeron 9 (en Bolívar, Partido de la Costa, Florencio Varela, San Luis, Mendoza, Santiago del Estero, Jujuy, Corrientes y Salta) y 8 eran inconclusos de la gestión anterior (Página 12, 19/11/19; Chequeado, 6/03/20). No sólo ocurre con estos dispositivos, todas las herramientas que necesitan las mujeres son abandonadas, maltratadas y desfinanciadas en manos del Estado presente que tiene otras prioridades como proteger los intereses empresariales y de bonistas y mantenerse aliado de la Iglesia.

El programa también formulaba el monitoreo a agresores a través de tobilleras electrónicas, pero solo se entregaron algunas en 17 jurisdicciones, que además funcionan siempre y cuando en la zona haya señal para celular (Página 12, 19/11/19).

Por otro lado, se establecía la conversión de planes sociales, unificando las líneas Argentina Trabaja y Ellas Hacen, creando el Programa Hacemos Futuro como asistencia para las mujeres (INAM, Plan de Acción 2017-2019). Un reciclaje de los planes del kirchnerismo ligados a empleos por fuera de los convenios colectivos de trabajo a cambio de ingresos miserables. Cualquier parecido entre los gobiernos macrista y kirchnerista sobre la política asistencial no es coincidencia. Luego de años de planes precarizadores, los índices de violencias contra las mujeres no se han reducido, sino que se incrementan.

Asimismo, el INAM que tenía a cargo la implementación del plan en 2018 tuvo un presupuesto un 15 por ciento más bajo en términos reales que el de 2017 y en 2019, la reducción (también en términos reales) respecto del año anterior fue del 16 por ciento (Página 12, 19/11/19). Según el Observatorio de la Universidad Nacional de Avellaneda hubo subejecuciones en distintas áreas como: capacitación del desarrollo integral de la mujer (68,1%), acompañamiento a las víctimas de trata (67,8%), fortalecimiento de la educación sexual integral (34%), políticas integrales de género y diversidad (60,2%), dando como resultado una subejecución de casi el 80 por ciento en la erradicación a la violencia durante el 2019.

Albertismo y mujer, más y más de lo mismo

Aunque “la deuda es con las mujeres”, el gobierno de Alberto Fernández se encuentra pagando otras deudas y en una total parálisis con relación a la brutal realidad que viven las mujeres. En el mes de julio se presentó un nuevo plan contra las violencias, como un nuevo paradigma, con un abordaje integral y la inclusión de la diversidad. Antes habían presentado a la política del “Barbijo Rojo” como una forma de combatir la violencia, tema sobre el que nunca volvieron porque se trataba ni más ni menos que de una farsa.

En un intento de diferenciarse del plan anterior, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta expresó que la política no sería la de crear más hogares y refugios, por lo que mediante la Resolución 114/2020 dejó sin efecto el Programa de Red Nacional de Hogares, en pos de impulsar “espacios de articulación entre el Estado Nacional con los Estados provinciales y locales para generar políticas públicas que promocionen la autonomía y la garantía de derechos de las personas en contextos de violencia por motivos de género”. Un discurso sin ningún anclaje en la realidad, que finalmente reproduce el mismo paradigma: el abandono de los dispositivos de asistencia sin poner en pie ninguna alternativa efectiva.

El grueso del Plan 2020-2022 posee una línea de continuidad muy clara con el plan anterior anunciado bajo el macrismo, en tanto se basa en la generalización de ingresos asistenciales como salida a la violencia, financiados con la caja de la Anses, ya sea a través del “Programa Acompañar” (un subsidio por seis meses igual al salario mínimo) o mediante la incorporación a planes precarizadores como el Potenciar Trabajo con un ingreso equivalente a la mitad de salario mínimo.

Difícilmente esas cifras apunten a romper la dependencia económica de las mujeres violentadas, ni mucho menos a alcanzar su autonomía. El gobierno no ha sido capaz de avanzar en un análisis respecto a si los subsidios e ingresos de emergencia han servido para paliar la violencia de género. A las claras vemos que no es así. Sin embargo, los mismos son indispensables para paliar el hambre en el tránsito de la lucha por obtener trabajo genuino y subsidios a la desocupación que cubran la canasta familiar.

En el contexto de una crisis que raja la tierra, el crecimiento de planes sociales se prevé como una política para contener la pobreza que hoy supera el 35,5% de 2019 y va en ascenso. Basta con ver cómo se desbordó la inscripción al Ingreso Familiar de Emergencia, con 11 millones de personas que quisieron acceder, aunque fue restringida a 9 millones, o la enorme cantidad de familias resistiendo en las tomas de tierras frente al déficit habitacional.

Con la cuarentena aumentaron los índices de violencia, abusos y femicidios. Entre el 20 de marzo y el 31 de agosto, se produjeron 118 femicidios, de los cuales el 66% fueron cometidos por las parejas o ex parejas de las víctimas y ocurrieron al interior de la vivienda (Observatorio “Ahora que sí nos ven”, 31/08/20). Ante esta realidad, las políticas del Ministerio de Mujeres y Diversidades apuntaron a acciones que colocan la responsabilidad en las víctimas, como pedir el barbijo rojo en las farmacias, o a trabajar con los violentos, en vez de salir al rescate de esas mujeres y construir más refugios, hogares y centros de atención.

El Estado es responsable

Ninguna medida lleva a subvertir las condiciones que permiten que se disemine la violencia de género, por el contrario, los recursos del Estado se destinan a pagar deudas a los bonistas y al FMI, a costa de la clase trabajadora, a la vez que se terceriza la asistencia social a instituciones oscurantistas que perpetúan el sometimiento de las mujeres y bloquean la educación sexual.

Las mujeres necesitamos trabajo genuino, independencia económica, educación sexual y aborto legal. La integración de militantes del movimiento de mujeres al gobierno no se ha traducido en la conquista de ninguna de estas reivindicaciones ni en una reducción de los niveles de violencia. La clandestinidad del aborto, los embarazos en niñas y adolescentes, los índices de violencia, femicidios, desocupación y pobreza dan cuenta de ello.

La violencia en todas sus formas funciona como un mecanismo de disciplinamiento en este régimen social, que educa en el machismo y la misoginia para garantizar su reproducción, con diferentes relatos, ningún gobierno la enfrenta, sino que la fomentan desde el propio Estado.

Para que los instrumentos para combatir la violencia realmente lleguen a las mujeres y a las niñas, necesitamos que quienes deban gestionarlos no estén atadas a la agenda de honrar deudas con bonistas usureros y den continuidad al endeudamiento macrista, como ocurre en la actualidad. Esta orientación no fue modificada por la elevación al estatus ministerial de la cuestión de la mujer. Necesitamos un organismo autónomo, independiente de todos los gobiernos, que esté financiado por el Estado, para enfrentar esta pandemia.

 

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