22/07/2021

¿Feminismo con respaldo fiscal?

Respuesta a un artículo publicado en Página 12.

Un artículo publicado recientemente en Página 12, titulado “Feminismo con respaldo fiscal” sostiene la idea de que las políticas con perspectiva de género ocupan un lugar preponderante en el gasto público del gobierno actual. Sin embargo, llega a esa conclusión haciendo pasar el conjunto de las prestaciones sociales y programas de empleo como si fueran iniciativas destinadas a erradicar la violencia contra las mujeres y diversidades.

Esta tergiversación de la realidad es posible gracias a que en la elaboración del Presupuesto 2021 el gobierno le agregó «etiquetas de género» a 47 programas pertenecientes a 14 ministerios. Por lo tanto, la afirmación de que en el primer semestre del 2021 se ejecutó el 49,9% del presupuesto identificado con políticas con perspectiva de género, lo que equivale a $785 millones, parte de contemplar el total de las partidas asignadas a cada una de las políticas etiquetadas.

Ya de por sí estamos hablando de un monto ínfimo teniendo en cuenta que en lo que va del año el Estado nacional gastó $382.776 millones en vencimientos de deuda, de modo que el verdadero «respaldo fiscal» lo tiene el gobierno para con el capital financiero y no para atender las demandas de las mujeres. Pero más allá de eso, es preciso dar cuenta que muchos de los programas rotulados en el presupuesto como «sensibles al género» son las mismas medidas de asistencia social que existían previamente.

El abanico PPG incluye a la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo, la Tarjeta Alimentar y el Potenciar Trabajo. Todas prestaciones y programas cuyas sumas están por debajo de la línea de indigencia y han sido pulverizadas mediante la escalada inflacionaria. Estas políticas de ninguna manera representan una salida para la problemática de violencia de género ni garantizan la autonomía económica de las mujeres y personas LGBTI+. A lo sumo ayudan a paliar el hambre de las familias, a las cuales el gobierno hunde cada vez más en la pobreza. Presentarlas como políticas de género en nombre de una supuesta «transversalidad» es sencillamente una estafa por parte del feminismo gubernamental.

A tal punto el gobierno escatima recursos para mejorar las condiciones de vida de la población femenina, que el 80% del gasto ejecutado en el PPG corresponde a dinero proveniente de la Anses, es decir, de la caja de los jubilados, quienes perciben ingresos sumamente deteriorados. Como se ve, la prioridad oficial está puesta en aplicar un ajuste fiscal para mostrar garantías al FMI de rescate de una deuda usuraria; las etiquetas son solo un barniz feminista a esta orientación de fondo, contraria a los intereses populares.

El oficialismo y su diario afín intentan «vender gato por liebre» para disimular el escándalo que significa que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, a esta altura del año, tan solo haya ejecutado el 24,96% del presupuesto asignado. En el 2020 ocurrió algo similar ya que la ejecución presupuestaria anual del organismo apenas superó el 50%. Evidentemente, los dichos de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta en sus redes sociales sobre que “una de las prioridades de este gobierno es hacer de la lucha contra las violencias una política de Estado” son pura demagogia a la luz de los recursos que retacea la propia cartera que dirige.

El relato de una gestión preocupada por la situación de las mujeres queda rápidamente desmentido por la realidad que le toca vivir a las trabajadoras de este país, quienes padecen las peores consecuencias de la catástrofe social a la que asistimos, con un 11% de desocupación dentro del colectivo femenino y un promedio salarial de $27.000 para las registradas y de $13.000 para las asalariadas informales -cifras que no llegan a cubrir la canasta alimentaria. A su vez, la falta de vivienda popular y asistencia económica, sumado a los bajos ingresos, deja a las mujeres inermes frente al aumento de la violencia.

Las mujeres y el colectivo LGBTI+ necesitamos no solo un presupuesto acorde, sino además ejercer poder sobre el mismo y sobre las políticas que nos atañen. Por eso debemos luchar por poner en pie un Consejo Autónomo, con cargos electos y revocables, independiente de los gobiernos y con presupuesto estatal para que el pretendido «seguimiento de la actividad fiscal en clave de género» que suponen las etiquetas se realice bajo otra orientación social, donde nuestras demandas sean resueltas.

 

 

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