El día domingo 26, una joven de 22 años oriunda de la localidad del interior Pirane, ingresa al Hospital Madre y el Niño en un estado de salud grave por la realización de un aborto de manera clandestina, al día siguiente es trasladada al Hospital del Alta Complejidad, por protocolo el hecho fue informado al juez de Feria, pero para el momento de la llegada del mismo, el lunes 27 de abril la mujer fallece.

En Argentina, la interrupción voluntaria del embarazo no existe, tras grandes luchas en años anteriores por esta reivindicación, casos como estos siguen pasando todos los días. En cuarentena o no, la responsabilidad del gobierno nacional y provincial así como también la de sus funcionarios se mantiene vigente. Hoy tenemos a Alberto Fernández que sigue sin dar una respuesta a esta trágica situación de miles de mujeres y jóvenes mientras que se sigue reuniendo con las iglesias, como fue su reunión con la iglesia católica, y con la FAIE (Federación Argentina de las Iglesias Evangélicas). En Formosa los responsables políticos son el gobierno de Insfrán, como José Mayans, senador por nuestra provincia y presidente del bloque del PJ, tanto como la oposición: el diputado Martín Hernández de la UCR, y la secretaria de la Mujer que sigue sosteniendo activas militantes de la clandestinidad del aborto. Esta situación pega de lleno a mujeres y jóvenes pobres, imposibilitadas de acceder a una salud sexual preventiva.

El Estado es responsable

Los últimos datos oficiales sobre muertes por abortos clandestinos salieron en el año 2018, en una entrevista con el Diario La Mañana y la subsecretaria de gestión de establecimientos asistenciales del 1º y 2º Nivel del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa, la Dra. Cristina Mirassou, informó que en la provincia previa al año 2014 se tenía casi un 30% de muertes maternas por abortos clandestinos, un total de 4 o 5 muertes al año, de allí para adelante bajó a dos defunciones por año, empero, en el día a día es más difícil, los abortos y sus consecuencias siguen existiendo aunque muchas veces no sean registrados como tales, realidad que hasta la misma Mirassou lo afirma.

En cuanto a ESI, seguimos encabezando el índice de embarazo adolescente en todo el país, con un porcentaje de 21,7 % según informes de la Unicef en el año 2019. También por el lado de la Secretaría de Salud, el mismo año salieron a alardear el hecho de que la cantidad de nacidos vivos entre mujeres de 10 a 19 años descendió un 20% por la existencia del plan ENIA (plan nacional de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia) creado en el 2017, aunque ese mismo año otro número importante e inclusive más alarmante les saltó a la cara, y es que en grupos de preadolescentes de 10 a 14 años se registró un ascenso de 74 nacimientos. Además Formosa no cuenta con una ley provincial de ESI, pero adhirió a la Ley de Educación Sexual Integral Nº 26.150 en el año 2012, a diferencia con la ley ILE (interrupción legal del embarazo) que no solo no tiene ninguna normativa propia sino que tampoco adhiere al protocolo de nación. Sumado a estas problemáticas, cabe destacar que Formosa en el índice de pobreza del Indec está con un 40,1% (datos del 2019), lo que provoca una creciente gravedad a todas las situaciones mencionadas anteriormente.

Que el quedarnos en nuestras casas no sea un impedimento para seguir exigiendo al Estado una educación sexual integral, la separación de las Iglesias del Estado, y el aborto legal seguro y gratuito. No queremos más Ivanas, ni en Formosa, ni en el país. Ni una muerte más por aborto clandestino.