El 23 de agosto se dio a conocer el despido de dos trabajadoras del primer nivel de atención de la Secretaría de Salud y Bienestar Familiar del distrito de San Miguel. La trabajadora social Cecilia Ayala con tres años de antigüedad en el Centro de Salud “Dra. Marta Antoniazzi” del Barrio Sarmiento; y la obstétrica Carina Luchetti del Centro de Salud “Cándido Castelo” de Barrio Cuartel II con 14 años de antigüedad.

El subsecretario de salud del distrito Diego Lambert, dio como argumento frente al despido de Cecilia Ayala que habían evaluado que la profesional no estaba “a favor de la vida”, planteo esgrimido luego de que la senadora María Belén Tapia (del bloque de Cambiemos y quien votó en contra de la legalización del aborto) realizara una recorrida por el centro de salud y observara un cartel que decía  “NI UNA MENOS, VIVAS NOS QUEREMOS” realizado por el grupo de mujeres en situación de violencia que funciona en el centro, situación que el secretario de salud y la senadora calificaron como “incoherente” con la política que viene desenvolviendo el municipio.

Carina Luchetti quien fue despedida luego de realizar reiteradas denuncias de violencia obstétrica, fue informada de que el jefe del programa Materno Infantil del Primer Nivel de atención el Dr. Pittaro “no podía trabajar con ella”. Alejandro Pittaro había explicitado públicamente en la presentación de la llamada “consejería Guadalupe” que el objetivo era evitar “más muertes de bebés”. Así lo denunciaron desde Red Nacional de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.

Antes de la votación en el Senado del proyecto de ley por la legalización del aborto, el intendente de San Miguel, Jaime Méndez, el ex intendente –actual ministro de producción de la provincia–, Joaquín de la Torre, el director de la escuela Juana Manso, y el arzobispo realizaron una ferviente campaña en contra del derecho a decidir, impulsadas incluso desde los organismos del estado.

Pablo de la Torre, secretario de salud y bienestar familiar, salió en los medios locales a condenar la lucha por el aborto negando el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, incluso en caso de violaciones. El secretario no sólo está contra el aborto legal sino incluso contra la legislación vigente, desconociendo el artículo 86 del código penal, de aborto no punible en casos de violación. En la provincia de Buenos Aires se reciben 28 denuncias de violaciones diarias contra mujeres y niñas. Para Pablo de la Torre, la maternidad es un mandato natural de la mujer y no una elección consciente.

Desde el Plenario de Trabajadoras denunciamos esta política persecutoria que dan cuenta de la enorme importancia que ha adquirido la lucha por la separación de la iglesia del estado. Debemos profundizar la organización de las mujeres para darle continuidad a la lucha por el aborto legal de la mano de la consulta popular vinculante, por educación sexual laica y científica en todos los niveles educativos, y por la separación de la Iglesia y el Estado.