Sonia Ponce, de 61 años, fue rociada con alcohol y prendida fuego por su pareja, Raúl Funes, en horas de la madrugada. Está internada en terapia intensiva en el Hospital local, con respirador y quemaduras graves que ponen en riesgo su vida.

La ola de ataques violentos y femicidios en plena cuarentena no paran de aumentar. La situación de aislamiento, lejos de garantizar protección, recrudece la violencia de género y las mujeres nos encontramos más desprotegidas que nunca. 

Días atrás Verónica D’Alessandro, titular del Área de la Mujer de Chacabuco, dio una entrevista para un medio local asegurando que la cuarentena les había garantizado mayor contacto con las mujeres a través de la tecnología y la entrega de bolsines de alimentos en los barrios, y que el contexto les permitía recibir más denuncias “de manera informal”. Dos días después de estas declaraciones, y a pesar de tener varias denuncias previas, Raúl Funes intentó asesinar a Sonia prendiéndola fuego. 

Aunque Chacabuco cuenta con una comisaría de la mujer y la familia, quien salió en los medios refiriéndose al hecho fue el Comisario local, Claudio Cabella, y por supuesto se encargó de negar toda la responsabilidad del Estado: “Ya había varias denuncias en la Comisaría de la Mujer, intervino el Juzgado de Paz con medidas de restricción y bueno, viste lo que es la relación de pareja, volvieron a estar juntos”, declaró en un medio local. Además, en esa y otras entrevistas, se encargó de aclarar que el hecho fue caratulado como intento de homicidio “porque no hubo causal de género, y porque femicidio es cuando hay muerte”,  desconociendo así la enorme lucha del movimiento de mujeres que logró instalar la figura legal del femicidio para designar aquellos asesinatos perpetrados “contra una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediante violencia de género”.

Por supuesto este “error” no es producto de la ignorancia del comisario sino todo lo contrario: Hay una clara intención de caratular el hecho por fuera de los causales de género para eliminar la responsabilidad del Estado en lo ocurrido. Fue la inacción de las instituciones involucradas en las denuncias previas (Comisaría local, Comisaría de la Mujer y la Familia, Área de la Mujer, Fiscalía y Juzgado de Paz) lo que permitió este brutal ataque que hoy tiene como resultado a Sonia luchando por su vida.

Cabe destacar que en Chacabuco ocurrieron dos brutales femicidios durante el 2019 y ya son muchísimas las denuncias por violencia de género que trascendieron en lo que va del 2020, sumado ahora a este terrible intento de femicidio. Sin embargo, el Área Municipal de Mujer no sólo no cuenta con presupuesto propio sino que su personal no es idóneo para atender este tipo de casos, no se realizan los acompañamientos pertinentes, y su actividad durante todo el año se reduce a realizar jornadas “de reflexión” todos los 8 de marzo, que suelen implicar mateadas, caminatas o reparto de folletería sin ningún tipo de contenido que pueda colaborar con la lucha de las mujeres para erradicar la violencia, lo cual fue enérgicamente repudiado por el movimiento de mujeres chacabuquense en varias ocasiones. 

En este contexto, es inevitable volver a remarcar la ineficacia de todas las instituciones involucradas, y sostener más que nunca las consignas del movimiento de mujeres, exigiendo su cumplimiento urgente: Creación de un Consejo autónomo de mujeres electo y con cargos revocables, independiente de todos los gobiernos, que cuente con capacidad de acción y presupuesto propio para luchar contra la violencia de género; capacitación a cargo del movimiento de mujeres para todos los funcionarios y trabajadores estatales, especialmente quienes deben atender las denuncias, y creación de un Centro Integral de la Mujer con recursos profesionales idóneos para atender casos de violencia de género, además de una correcta adecuación del refugio para víctimas.

Justicia para Sonia.

Ni una menos. El Estado es responsable.