Mujer

4/11/2021

Intento de femicidio en San Lorenzo, el gobierno y el Estado no hacen cumplir las perimetrales

A pesar de las denuncias, las mujeres están desamparadas.

Imputaron a Juan José Borda, el joven de F.L Beltrán quien luego de una feroz golpiza a M. J., su expareja, la dio por muerta y la envolvió en una sábana dejándola debajo de la cama frente a sus tres hijos. El hecho ocurrió en la ciudad de San Lorenzo.

Juan José Borda tenía más de 20 denuncias de violencia de género realizadas por su exmujer y una restricción hacia M.J., pero igualmente irrumpió en su hogar y casi la mata. En una provincia saturada de policías fueron sus hijos y vecinos quienes la socorrieron.

En la audiencia presencial en los Tribunales de San Lorenzo fue imputado por tentativa de homicidio agravada por el vínculo y por cuestiones de género, quedando en prisión preventiva por dos meses.

En la ciudad siguiendo los lineamientos provinciales y nacionales se han implementado diferentes dispositivos “que resguardan el bienestar de la mujer”, pero en realidad son estructuras burocráticas que no llegan a responder en el momento adecuado. Dispositivos vaciados de presupuesto, con seguimientos telefónicos y sin conectividad la mayoría de las veces.

El Estado, lejos de tomar medidas que protejan a la mujer y a la infancia, ajusta de manera escandalosa. La falta de vivienda, trabajo digno, y la discriminación y exclusión hace que entre la población más pobre el 70% sean mujeres.

El Estado es responsable. La respuesta que debe dar tiene que ser real, como por ejemplo que los puntos violetas sean verdaderos centros de asistencia integral de las mujeres de los barrios, con equipos interdisciplinarios, que realicen un seguimiento con ayuda sicológica, legal y social.

Organicémonos en cada lugar de trabajo, en cada centro de estudiantes y en cada barrio para luchar por nuestro derecho a vivienda, trabajo genuino, salud y educación. Quienes nos gobiernan ya no nos pueden dar ningún tipo de respuesta; al contrario, empeoraron nuestras condiciones de vida.

El estado debe proteger a M.J. y a cada una de las víctimas de violencia y femicidio y a sus hijos con un subsidio integral.