El 28 de febrero, Camila Cerebino, de 21 años, fue encontrada muerta en la casa donde convivía con su pareja. 

Camila era víctima de violencia de género, conforme a lo que relatan sus padres y sus amigas del Terciario N° 36 de José C. Paz donde cursaba Camila.

De ese terciario, la pareja de Camila fue expulsada por amenazas y trato violento contra una docente. Esta situación fue determinante para que Camila abandonara el profesorado, se aísle de sus amistades y familia, e incluso, fuera cambiando de personalidad y aspecto físico por el requerimiento del agresor. 

Tanto Camila como su familia, pidieron ayuda al 144 y asistencia al municipio, pero fueron desoídas. 

La Dra. María Alejandra Burges, titular de la UFI N° 19 de Malvinas Argentinas, en el primer contacto que tuvo con los padres de Camila, pasadas las 36 horas de hallado el cuerpo, manifestó su convencimiento de que se trataba de un suicidio, procediendo a liberar al único sospechoso. 

El expediente, sin embargo, puede dar una sola certeza: no se preservó la escena, no se secuestraron elementos en el lugar de los hechos, ni la bolsa que supuestamente fue utilizada para que Camila se quitase la vida. 

A pesar de que el informe médico de la autopsia, que llamativamente no tiene fotos incorporadas en la causa, asegura que Camila no presenta heridas en su cuerpo, el mismo quedó desvirtuado al momento de entregale el cuerpo a la familia en donde pudieron observar y registrar hematomas en su muñeca derecha y rasguños en la zona de la nariz. 

La negligencia en los primeros momentos de la investigación por parte de la fiscalía, tomando en cuenta que se trataba de una joven mujer que pierde la vida en su casa, y que la única persona que estaba con ella era su pareja con antecedentes de violencia, se inscribe en una concepción del estado de responsabilizar a las mujeres por las situaciones que la victimizan.

El padre de Camila fue admitido como particular damnificado por el juez de Garantías N° 6 de San Martín con el patrocinio de APEL y el acompañamiento del Plenario de Trabajadoras.  En tal carácter pidió medidas urgentes de prueba para poder determinar realmente qué le sucedió a Camila. 

Este relato es una radiografía de la situación que vivimos las mujeres en este país. El Estado, en sus diferentes instituciones y gobiernos, no solo permite un femicidio diario, sino que además de la violencia atroz a la que nos somete, se suma un nivel de impunidad desgarrador. 

El jueves 8 de marzo la Comisión de familiares y amigos de Camila se dará cita a las 14hs. en la estación de José C. Paz para participar de la movilización en Plaza de Mayo.

Justicia por Camila. Ni una menos. El Estado es responsable.