En lo que va del año se registran en Jujuy 9 femicidios, de los cuales 5 se produjeron en el transcurso de 40 días durante los meses de septiembre y octubre, lo que provocó la bronca popular y desencadenó masivas movilizaciones en toda la provincia. Las organizaciones de mujeres y LGTBI, familiares de las víctimas y la población en general pusieron ante la vista de todo el mundo una conclusión: el Estado es responsable.

Ante tamaña situación, el gobernador Gerardo Morales envió a las cámaras legislativas tres proyectos de ley para tratar de calmar los ánimos. Uno es la ley de emergencia en violencia de género, otro sobre asistencia a víctimas de violencia y otro sobre la creación de juzgados específicos en violencia de género. La encargada de la presentación de los proyectos ante los legisladores fue la titular del Consejo Provincial de la Mujer, Alejandra Martínez, tratando de salvar la ropa, ya que en las multitudinarias marchas se exige su renuncia así como la del ministro de seguridad Ekel Meyer, por la acción casi nula en estas áreas.

Los proyectos se van en títulos pomposos, pero a la hora de los hechos son solo campañas preventivas, de difusión, o para “profundizar” los programas que ya existen, no son leyes que obliguen al Estado a cumplir con medidas reales. “El Poder Judicial cubrió los cargos de tres juzgados especializados en violencia de género para las ciudades de Perico, Humahuaca y Libertador General San Martín, una decisión que se esperaba desde 2015, cuando se sancionó la ley creando seis juzgados específicos. Desde entonces, funcionaban tres entre la capital y San Pedro” (El Tribuno, 17/10). El hecho de que a estas alturas no existan, dan cuenta del carácter feudal de la justicia jujeña. La contrapartida son las masivas movilizaciones y el reclamo de medidas integrales que garanticen una vida libre de violencias para las mujeres, niñas y diversidades.

La funcionaria también resaltó la creación de un comité especial para la búsqueda de personas extraviadas, justamente porque una de las reivindicaciones de las grandes movilizaciones es que no quieren tomar las denuncias por desapariciones sino hasta después de 24hs, y 48hs si la mujer es adulta. Incluso cuando las toman, tampoco responden a la búsqueda inmediata tal como lo denuncian familiares de las víctimas de femicidios. Las marchas que se desenvolvieron en territorio jujeño (aproximadamente 60 desde el 1ro de septiembre a la fecha) pusieron de relieve consignas como “Estado, policía y gobierno son responsables” como expresión del hartazgo en materia de violencia de género. Algo que se replica a nivel nacional si tenemos en cuenta que, en lo que va del 2020 se contabilizan 198 femicidios. Los últimos, el de 2 niñas en la provincia de Tucumán.

Las medidas que propone Morales ya fueron puestas en función en muchas provincias y en todas fracasaron. En Salta en el 2014, el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey declaró la emergencia: creó juzgados, se dispuso la entrega de botones antipánico, se creó el observatorio en violencia, pero solo sirvieron para lavarle la cara al régimen. En Jujuy se produjeron 9 femicidios este año, en Salta van 8 con las mismas medidas que Morales quiere crear ahora en Jujuy.

¿Cuál es el problema? ¿Solo se trata de crear más leyes eficaces u organismos estatales? Lo que marca la experiencia es que el régimen político no puede proteger la vida de las mujeres porque es el responsable de generar esa violencia, por eso termina creando, en primer lugar medidas para absolver al Estado de su responsabilidad, segundo, evitar que la lucha de las mujeres se encauce con una perspectiva independiente del Estado.

Las medidas propuestas serán ejecutadas por el mismo régimen político que en nombre de defender las dos vidas, violentó a una niña abusada obligándola a parir un bebe prematuro. El resultado de eso fue que no defendieron ninguna vida, el bebe murió y la niña fue sometida a todo tipo de manoseos reaccionarios para imponer a todas las jujeñas que no se atrevan a exigir el cumplimiento de sus derechos, aun cuando la ILE es aborto legal o aborto no punible. En Jujuy el cuerpo de las mujeres es propiedad de la oligarquía y la iglesia.

A todo esto el gobierno nacional y su ministerio de Mujeres, Géneros y diversidades mantienen silencio, como si Jujuy no fuera parte del país. Por su parte las organizaciones kirchneristas insisten en que el camino es que las feministas probadas conquisten lugares en el Estado para poder cambiar desde adentro, como si esto resolviera la cuestión de fondo. Huelga decir que las únicas medidas que se conocen del Ministerio en cuestión (Barbijo rojo, plan Acompañar) tampoco son medidas integrales como las que se están demandando y lejos están de las necesidades de las mujeres y diversidades que se encuentran en situación de violencia. Ya sea porque dejan en manos de las víctimas su propia protección o porque el monto de los planes ni siquiera cubre la canasta familiar ($17.000 por única vez y solo por 6 meses).

La salida de esta situación no puede quedar en manos del mismo Estado que crea y reproduce todas las violencias.

Desde el Plenario de Trabajadoras venimos exigiendo la creación de un Consejo Autónomo de las Mujeres, que sea electo y revocable por las mismas y que pueda intervenir en una protección real, como ya lo hacen muchas activistas/militantes que defienden a las mujeres y diversidades. Un Consejo que tenga un presupuesto asignado para la asistencia directa, que pueda acusar a la justicia cuando violenta los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI. Solo así, la emergencia en violencia será una medida útil, para que podamos defender nuestras vidas.

Las mujeres y diversidades debemos tomar en nuestras manos la lucha contra el régimen político de Morales, que payasea de gauchito mientras la descomposición y la violencia destruyen nuestras vidas.

Fuera Martínez y Meyer. Por un Consejo Autónomo de la mujer. NiUnaMenos, el Estado es responsable.