Mujer

6/2/2021

FEMICIDIO N° 26

Justicia por Esther: el Estado es responsable

Movilización desde Plaza de Mayo al Ministerio de las Mujeres. Géneros y Diversidad.

El lunes 8 se desarrollará una movilización al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad como consecuencia del femicidio de Esther Mamani, compañera del Polo Obrero de Bajo Flores asesinada el pasado 24 de enero por su expareja y padre de dos de sus tres hijos.

La semana pasada, compañerxs y vecinxs realizaron una concentración y corte en el barrio reclamando justicia, acompañando a su familia y denunciando la responsabilidad del Estado del femicidio. Actualmente ha sido emitido el procesamiento -que incluye el femicidio y las denuncias que previamente hiciera Esther- contra el asesino, Ibarra Huanca, el cual también se encuentra detenido.

Como en la mayoría de estos casos, Esther había denunciado previamente a su expareja, en este caso ante la OVD de la Corte Suprema, por amenazas, secuestro y violencia. Sin embargo, el juzgado que actúa en la causa, el N° 46 en lo criminal y correccional a cargo del Dr. Jorge de Santos, solo se limitó a emitir una perimetral y otorgarle un botón antipánico sin tomar ninguna medida de control sobre el violento ni de atención y resguardo para la denunciante.

La violencia es impartida desde el propio Estado

El caso de Esther no es aislado, las cifras marcan que este año, el 19% de las mujeres asesinadas ya habían realizado la denuncia (Prensa Obrera, 22/1), lo que significa que el Estado tenía un registro claro de la situación de las víctimas y sin embargo no realizó ninguna política de seguimiento sobre los denunciados. Asimismo, asistimos a un femicidio por día en el país y el 76% de ellos es cometido por parejas o exparejas de las víctimas, la mayoría al interior de la vivienda, dando cuenta que el hogar se convierte en el lugar más inseguro para las mujeres. En un cuadro de crisis, hambre y desocupación creciente la situación empeora y las mujeres trabajadoras se encuentran completamente desamparadas, sin trabajo estable, independencia económica posible y sin un lugar para acudir ante la violencia.

Ni el gobierno de la CABA, que hace campaña en redes sociales contra la violencia hacia la mujer, ni el de Alberto Fernández con funcionarias feministas, llevan adelante las medidas necesarias para evitar los femicidios. Las denuncias desestimadas, la revictimización y dilación de los procesos son la regla para las mujeres que se acercan a las comisarías. El caso de Fátima Acevedo, próximo a cumplirse su aniversario, da cuenta de ello: la joven, que ya había denunciado 6 veces a su expareja, declaró previamente a ser asesinada que estaba “podrida” de denunciar y que ni la policía ni el juzgado hiciera nada (Clarín, 10/3/2020). En muchos casos, además, las fuerzas de seguridad están directamente implicadas mediante sus efectivos, como el caso de Natalia Melmann del cual se cumplen 20 años este mes.

Los dispositivos estatales para abordar la violencia de género no brindan una asistencia integral y el presupuesto para atender la problemática es miserable. En Argentina solo hay 120 refugios para albergar a víctimas de violencia, los cuales se encuentran en condiciones inhabitables y sin recursos ni profesionales suficientes para atender a las mujeres. Tal es así que las trabajadoras de la línea 144 que asisten y orientan a mujeres víctimas de violencia -y que vieron incrementados los llamados durante la pandemia-, se encuentran precarizadas, dando cuenta del desprecio estatal en el tema.

Las medidas gubernamentales se limitan a otorgar perimetrales, botones antipánico e ingresos miserables como el Plan Acompañar, que lejos están de promover la autonomía y terminar con la dependencia económica para las mujeres, es decir, no se enfrenta a la violencia sino más que desde el relato. La integración de referentes feministas a puestos de gobierno no se tradujo en una mejora sustancial para las mujeres trabajadoras ni en una reducción de los niveles de violencia de género.

Exigimos justicia por Esther, aumento de presupuesto para asistir a las mujeres víctimas de violencia y el reacondicionamiento y apertura de refugios, equipos interdisciplinarios en planta permanente con salario igual a la canasta familiar. Que se lleven adelante planes de vivienda para mujeres víctimas de violencia de género y que el gobierno garantice un ingreso mediante un subsidio igual a la canasta familiar. Llamamos a todxs lxs vecinxs y a las organizaciones a participar de la movilización y el pedido de Justicia por Esther, junto a sus familiares y compañerxs. Ni una menos, el Estado es responsable.