La causa por el femicidio de Lucía Pérez, la joven marplatense violada y empalada por tres narcotraficantes de esa ciudad, pone en evidencia la impunidad con la que opera el crimen organizado y sus vínculos con el poder político. 

El Subsecretario de Salud, Pablo de la Colina, intentó encubrir la responsabilidad que le cabe al Estado por liberar la zona para la actuación de los narcos, negando en primer lugar la brutalidad de la violencia que sufrió Lucía, para cargar luego su muerte a una inexistente sobredosis, apoyando la coartada de los asesinos.

Cristian Pradas, el abogado que asumió desde el principio la defensa de Juan Offidani- imputado como uno de los asesinos de Lucía-, revestía el cargo de Director General de una de las áreas de la Secretaría de Seguridad y Justicia del Municipio de General Pueyrredón,  hasta que hace pocos días la bronca en las redes sociales y la denuncia contra este funcionario obligaron al intendente Carlos Arroyo (Cambiemos) a removerlo del cargo.

La defensa asumida por Pradas puso nuevamente a la luz la vinculación del narcotráfico con los funcionarios del Estado.  Unos meses atrás fue detenido y luego liberado otro abogado integrante del frente político Cambiemos, acusado de integrar la banda del "Carbón Blanco", que lavaba fondos provenientes del narcotráfico mediante la construcción de edificios de departamentos.

La Secretaría de Seguridad ya había estado en el ojo del escándalo en 2015, cuando el Secretario designado por Arroyo tuvo que renunciar a una semana de asumir, ante las denuncias por corrupción que pesaban contra esa área desde la época en que gobernaba Gustavo Pulti (Acción Mar del Plata –FpV). Arroyo, no sólo no avanzó en el esclarecimiento de estas denuncias, sino que además ratificó en el cargo al Jefe de la Policía local, Fernando Telpuk, que venía de la gestión anterior.

A más de un año de su puesta en marcha, la policía local no ha actuado para investigar o perseguir a los narcos. Las "zonas liberadas" siguen gozando de buena salud con la protección de la Policía Bonaerense y la anuencia de la local.

El Gobierno de Arroyo, que ganó por el hartazgo de la población contra Pulti, ha mantenido todos sus negociados.

Para que haya Justicia por Lucía, no alcanza con la detención de los autores materiales, debe desnudarse y castigarse el entramado estatal que promueve y garantiza el desarrollo de redes narcos en Mar del Plata, para que nunca más vuelva a ocurrir.

Paro nacional del 19/10 para acabar con la impunidad del poder político y el narcotráfico.

Justicia por Lucía

El Estado es responsable