Luego del año de la marea verde y el rechazo parlamentario al derecho al aborto legal, por octava vez la Campaña presentará su proyecto en la Cámara de Diputados. Según anunciaron luego de un plenario nacional realizado en la ciudad de Córdoba, el nuevo proyecto actualizado sería oficialmente presentado a finales del mes de abril.

Desde el triunfo del aborto clandestino en el Senado, que frustró el reclamo de millones de personas volcadas a las calles, los partidos mayoritarios –que también integran la Campaña Nacional– llamaron a desmovilizar, “votar bien en 2019” y bregar por el “aborto legal 2020”. No obstante, esta orientación chocó con las tendencias de fondo de la juventud y las mujeres de todo el país, que inauguraron este año con el masivo pañuelazo del 19F y el multitudinario paro del 8 de marzo, día internacional de la mujer trabajadora, que fue precedido por el reclamo del aborto legal.

La presentación del proyecto por lo tanto debe empalmar con este masivo apoyo popular a lucha de las mujeres. Choca con los planes del gobierno de avanzar con una reforma reaccionaria del Código Penal, que agudiza la criminalización de las mujeres y los profesionales de la salud (ver nota). Por parte de la oposición peronista, su política es la de no hacer aguas en torno a este tema en un año electoral. Para sus diputadas y diputados, la presentación del nuevo proyecto será algo folclórico, que tratarán de confinar a la formalidad de una tradición.

Ante este escenario, vuelve a cobrar centralidad nuestra propuesta de una Consulta Popular Vinculante, que corra el eje de gravitación del parlamento hacia la movilización popular, política y callejera, de los millones que defendemos este derecho. Que abra paso sin demoras a la continuidad de la lucha para conquistar el aborto legal.

Los cambios en el nuevo proyecto

La nueva versión del proyecto presenta importantes modificaciones respecto de versiones anteriores y de la media sanción aprobada en Diputados.

Por un lado, amplían el alcance del derecho a “toda mujer o persona gestante, sin distinción de nacionalidad, origen, condición de tránsito y/o status de residencia/ciudadanía” –lo que implica un importante reconocimiento de derechos por ejemplo a las migrantes que sufren la política xenófoba y persecutoria del gobierno. Entre otros aspectos progresivos, se incorpora al texto de la ley el carácter laico y científico de la información que se debe brindar tanto en los centros de salud como en materia de educación sexual. También se establece que la cobertura del Plan Médico Obligatorio deber ser total y gratuita –algo que numerosos diputados habían bloqueado en la media sanción, en defensa del negocio capitalista de la salud. Asimismo, se incorpora mayor legislación de referencia para precisar el respeto de la autonomía progresiva de las niñas y adolescentes –menores de 13 años, y entre 13 y 16– de modo de ampliar condiciones que faciliten que se garantice su derecho a decidir de acuerdo a sus capacidades y su madurez.

El punto más importante del nuevo proyecto es que elimina por completo toda referencia a la objeción de conciencia –una figura empleada por los "anti derechos" para negar asistencia en materia de salud sexual y reproductiva a las mujeres, especialmente a aquellas que deben recurrir a la interrupción de su embarazo. En el debate de Diputados, el texto que obtuvo media sanción incluía la objeción de conciencia institucional, que fue introducida de modo extorsivo bajo presión de las iglesias, y sólo fue rechazada por el Frente de Izquierda. Incluir esa figura en la ley significa lisa y llanamente habilitar su incumplimiento en un sistema de salud –público y privado– inficionado por los agentes del clero.

El nuevo proyecto vuelve a incluir un capítulo sobre el Código Penal, lo que sigue colocando el derecho de las mujeres en el terreno de la criminalización. La legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, si es consecuente con sus premisas, sin embargo, debe excluir por completo la práctica del Código Penal.

En esta nueva versión del proyecto se prohíbe la penalización de la mujer en todos los casos, y se mantiene de la media sanción la penalización a quienes obstruyan el acceso a la práctica; pero se pone un signo igual entre las autoridades de los establecimiento de salud (que son funcionarios políticos y la patronal) con los profesionales de la salud y el personal de salud en general –omitiendo que son trabajadores que muchas veces obran por presión patronal cuando las instituciones son “objetoras de conciencia”.

En relación a las causales que habilitan la práctica a partir de la semana 14 –previo a ello, la interrupción del embarazo es legal en todos los casos– se elimina la causal que refería a la “inviabilidad de la vida extrauterina” en la media sanción y a “malformaciones fetales graves” en versiones previas del proyecto; quedando consignadas solo dos causales: violación y riesgo de la vida o salud integral de la mujer o persona gestante. Este causal que se retira es de importancia, ya que resulta una tortura evidente para una mujer llevar a término un embarazo en casos en que la ciencia permite prever la imposibilidad de sobrevida, o que ésta se limite a horas, semanas o incluso meses. Sin esta referencia, habrá que pelear porque estas situaciones que condicionan gravemente la posibilidad y calidad de vida del bebé, sean incluidas en la causal “riesgo de vida o salud integral de la mujer o persona gestante” –que está definida explícitamente en el proyecto como lo hace la OMS (no es solo ausencia de enfermedad, sino condición social, psíquica, física, etc.).

Consulta Popular para conquistar el aborto legal ya

Con todo, las modificaciones que se hacen en el nuevo proyecto de la Campaña son progresivas en relación a la media sanción de Diputados. Desde la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Romina Del Plá se pondrá a disposición de llevarlo y defenderlo a todas las instancias de debate, dentro y fuera del Congreso. Pero todo indica que no será el curso regular de un nuevo tratamiento parlamentario el que nos permita conquistar la ley. Lo que está a la orden del día es pelear por una Consulta Popular Vinculante para que se imponga la fuerza de la movilización popular contra el parlamento de los dinosaurios.