La situación sanitaria en Misiones, y en todo el país, obedece a una política de vaciamiento y de ajuste que impuso el FMI y el Banco Mundial durante los años '90 y El achicamiento general del gasto público en salud, y la descentralización presupuestaria y administrativa sanitaria ha librado a su suerte a provincias y municipios. El hospital -o la salita- hace malabares para conseguir los recursos indispensables para su funcionamiento. A esto se suma la desregulación y subsidios a los negociados privados, y la precarización y tercerización laboral de los trabajadores de la salud -obligados a cubrir extensísimas jornadas.

Según datos oficiales, en el país mueren alrededor de 302 mujeres al año por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. Ello, junto a las 100 muertes al año por aborto clandestino, que sigue siendo la mayor causa y una de las formas de muerte materna y violencia institucional contra la mujer.

Por la falta de registros hospitalarios apropiados y falta de volunltad política, todos los datos oficiales deben ser relativizados, obviamente considerando que las consecuencias negativas para las mujeres son mayores a las que el Estado se dispone a registrar.

Ante estas cifras escandalosas, los gobiernos (nacional y provinciales) distorsionan las causas de la violencia, colocando la responsabilidad sobre los trabajadores de la salud, como un problema de buenos y malos profesionales; lo hace desde leyes como la de Violencia Obstétrica y Parto respetado, entre otras, que no atacan la cuestión de fondo: el colapso del sistema de salud que debe acompañar la maternidad. Pero al mismo tiempo, se mantiene un presupuesto deficitario para la salud pública en beneficio del negociado de las privadas (sanatorios, prepagas, obras sociales e industria farmacéutica), que afecta a todas las clases explotadas. Pero son las mujeres trabajadoras pobres que asisten al hospital público quienes sufren las peores consecuencias y lo pagan hasta con la vida. Son las que deben peregrinar por turnos para control médico y estudios, padeciendo la falta de programas contra la desnutrición y la drogadicción.

La violencia estatal e institucional -que no son diferentes a la violencia obstétrica o de género- se encarnan en la falta de acceso a las intervenciones médicas necesarias y a adelantos científicos seguros, por no poder pagarlo; en el inacceso gratuito a los medicamentos y al curso de preparto; parir sin un acompañante de confianza y también el confinamiento en salas de maternidad con 20 parturientas más, en los primeros momentos de vida de nuestro recién nacido.

La cuestión de fondo no debe recaer en un enfrentamiento entre pacientes y trabajadores de la salud, sino en una salida de conjunto para combatir todo lo que produce la barbarie, la muerte y la violencia. De la mano de una construcción política propia, podremos realmente comenzar el camino para terminar con la violencia contra la mujer.

Triplicación del presupuesto para la salud pública, bajo control de los trabajadores de la salud.

Sostenimiento de la atención tanto en nuestros hospitales provinciales como municipales (la salud no es un asunto de jurisdicción).

Por el acceso integral a la salud para las mujeres. Educación sexual laica y científica para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.

Triplicación del presupuesto para todas las maternidades del país. Que la embarazada pueda hacer su control en el mismo centro donde se resuelva su parto; que tenga la continuidad de su planificación familiar a posteriori del parto y que su recién nacido sea atendido en ese centro.

Designación de profesionales en todo el sistema público para una adecuada atención sanitaria de las mujeres.

Sostenimiento con profesionales e insumos de las unidades sanitarias en los barrios (primer auxilio para los vecinos).