Después de un encuentro realizado en Córdoba, el 28 de mayo un sinfín de organizaciones del movimiento de mujeres, derechos humanos, grupos feministas, ONGs ad hoc, legisladoras del centroizquierda, personalidades de la cultura y del espectáculo y organizaciones sociales -entre las que están la CTA, Barrios de Pie y las Mujeres de Izquierda y la UMA, vinculadas al PC y, “críticamente”, la agrupación de mujeres del PTS- ha lanzado una campaña nacional bajo las siguientes consignas: “Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto legal para no morir” (Página/12, 28/5).

Estas consignas recogen, con sus matices, una reivindicación clave del movimiento de mujeres por más de dos décadas, que hace a la supervivencia directa de millares de mujeres (hay medio millón de abortos clandestinos anuales). La campaña incluye la recolección de firmas de un petitorio en todo el país y la organización de una marcha federal para entregarlo al Congreso en sep tiembre, el Día contra todas las formas de Violencia hacia la Mujer.

Según el comunicado de las organizadoras, la campaña “se propone despenalizar y legalizar el aborto para que ninguna mujer argentina tenga que someterse nunca más a un aborto clandestino, ni sufrir afecciones, ni morir por complicaciones por interrumpir su embarazo, y exige en forma inmediata la reglamentación de la atención humanizada del post-aborto y la atención a demandas de aborto en los casos de peligro para la vida y la salud de la mujer y de violación, que el artículo 86 del Código Penal ya exime de pena” (en caso de violación de una mujer idiota o demente, o si la embarazada corre riesgo de muerte).

Es llamativo: ¿por qué en un caso se “propone” y en el otro se “exige en forma inmediata”? Como lo sabe cualquier lector de Prensa Obrera, lo que se “exige” forma parte de la política del gobierno en salud reproductiva y lo que se “propone” forma parte de lo que el gobierno ha dicho a rajatablas que no piensa conceder.

El objetivo de la campaña, dice Estela Díaz, dirigente de la CTA , es “avanzar en la instalación del tema a nivel nacional y que se modifique el Código Penal” para que el aborto deje de ser un delito (Clarín, 27/5). ¿Qué quiere decir “instalación del tema”? ¿Acaso el aborto es ilegal porque el tema está “poco instalado”? Las mismas organizadoras citan encuestas en las que la mayoría de la población acepta la práctica abortiva en los casos de embarazos no deseados. El aborto es ilegal no porque la sociedad lo rechace sino porque el gobierno defiende su ilegalidad como prenda mayor de su pacto con la curia.

Según la legisladora María José Lubertino (ex UCR, ex ARI), “otra de las tareas previstas en el marco de la campaña es la recolección de firmas de adhesión a proyectos legislativos que ya están en el Congreso” para “abrir el debate sobre los casos de aborto que no están contemplados en la legislación” (Clarín, 28/5). Podemos concluir que estamos frente a una campaña de apoyo a los proyectos de “despenalización parcial” -ninguno plantea la despenalización total- que vegetan en el Congreso y en la Legislatura porteña. La consigna de “aborto legal para no morir” es nada más que un señuelo para sumar luchadoras consecuentes a una campaña de promoción política del centroizquierda: el objetivo queda para las calendas griegas.

La declaración de la Comisión organizadora despeja cualquier duda: “Las sucesivas declaraciones del ministro de Salud y Medio Ambiente, Dr. Ginés González García, a favor de la despenalización del aborto han generado una serie de respuestas que avivan esta polémica ya instalada en nuestra sociedad. La declaración del jefe de Gabinete Alberto Fernández acerca de la necesidad de un debate profundo sobre el aborto se suma a las de la Dra. Graciela Rosso, secretaria de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud, y numerosas/os legisladores/as y personajes políticos/as. Tomando en cuenta estas circunstancias, las mujeres que desde distintos grupos y movimientos hemos sostenido el derecho al aborto desde los inicios de la democracia, nos sentimos interpeladas como interlocutoras válidas e ineludibles en este imprescindible debate (…) Creemos que el derecho al aborto es un tema vinculado directamente con la profundización de la democracia, con la justicia social y con la equidad entre los géneros”.

La Declaración responsabiliza exclusivamente a la Iglesia -”No aceptamos la prioridad de ningún tipo de fundamentalismo religioso por sobre la salud y el cuerpo de las mujeres-, lo que significa que desresponsabiliza totalmente al gobierno. El apoyo es explícito: “Reclamamos la laicidad del Estado, que implica la libertad de conciencia para todas y para todos, y por lo tanto, nos parecen correctas las medidas adoptadas por el gobierno frente a los ataques y amenazas del obispo terrorista y racista Baseotto, reliquia viviente del compromiso de la Iglesia con la dictadura “.

Ginés González García supo devolver la cortesía: “Me parece muy importante que se generalice el debate, que la sociedad civil se involucre y que le proponga al conjunto de la población que reflexione sobre la principal causa de mortalidad materna, como son los abortos clandestinos. Es necesario que haya debates de fondo y los debates no se conviertan en combates”, advirtió, por las dudas (Página/12, 28/5).

Nos encontramos entonces ante una campaña por la despenalización puesta en los marcos de la política kirchnerista, desde la perspectiva de los transversales en plena campaña electoral. Una vez más, se trata de convertir al movimiento de mujeres en el furgón de cola de la política centroizquierdista. Por ese camino no se va a ningún lado diferente del que ya recorrieron con el “apoyo crítico” a Alfonsín, Fernández Meijide y el pleno de la Alianza, y Carrió. Ahora, Kirchner.