La Comisión Organizadora del Encuentro fue escenario de una aguda disputa política.

Las mujeres del PCR junto con kirchneristas de toda laya y funcionarias del gobierno provincial y municipal conformaron un verdadero bloque, al que, según las circunstancias, se sumaron las mujeres del MST y de Patria Grande. Fueron a fondo en una orientación de estrechar vínculos con el Estado y la Iglesia católica.

 

Desde la primera reunión, este bloque se colocó en una línea de conciliación con nuestros verdugos, en nombre del “financiamiento para el ENM”. Rápidamente salieron volantes firmados por quienes habilitaron los prostíbulos allanados el año pasado -la Municipalidad de Salta- y declaraciones de agradecimiento por la “buena voluntad de los gobiernos”, por parte de las propias organizadoras. 

 

Pero el desbarranque fue mayor a la hora de discutir el documento de apertura y el recorrido de la marcha. Se negaron a delimitar las responsabilidades del Estado y su personal, embelleciendo incluso las medidas tomadas por el gobierno nacional. En el caso de la trata de personas, por ejemplo, terminaron ocultando que la ley de trata K no ha sido capaz de desmantelar una sola red, absolviendo a un Estado que mantiene el blanqueo de capitales y que sostiene una complicidad de estas redes, de las cuales se sirve. Estuvo ausente también un señalamiento de rechazo a las políticas de ajuste que el gobierno intenta descargar sobre nuestras espaldas, por medio de tarifazos, despidos y suspensiones. Por último, en la Salta tutelada por el clero, rechazaron reivindicar la separación de la Iglesia y el Estado. 

 

La tradicional marcha fue la consumación de esta política de entrega. No sólo se negaron a pasar por la Catedral sino hasta incluso por los centros políticos, la plaza central y la Legislatura, tal como lo exigían Isa, Urtubey y el Obispado. 

 

Ante todos estos escenarios, desde el Plenario de Trabajadoras contrapusimos una política de independencia del Estado, señalando las responsabilidades políticas en el crecimiento de la situación de violencia hacia la mujer y defendimos un carácter verdaderamente democrático, laico y de lucha para el Encuentro.

 

A todo esto, el bloque entreguista planteó una política de persecución, de macartismo y de expulsión de quienes no aceptaban su orientación. El PCR ha dejado en claro hasta dónde está dispuesto a llegar para defender sus vínculos con los sectores más oscurantistas y reaccionarios que tutelan sobre la Justicia, la salud y la educación, y con un gobierno que ha dejado en la máxima de las desprotecciones a las mujeres. 

 

En este cuadro, referentes de la lucha contra la impunidad, como Ana Fernández, sectores de docentes, intelectuales y artistas, luchadoras por los derechos de las mujeres, como las integrantes de la Campaña nacional por la legalización del aborto o las Católicas por el derecho a decidir, quedaron en los hechos afuera. Entendiendo el enorme desafío en una Salta señalada como clerical es que con ellas, junto a miembros de HIJOS y con un ala kirchnerista combativa, conformamos una Mesa laica, que sacó numerosos pronunciamientos que reclaman un Estado laico en todas sus vertientes. 

 

A su vez, esta política expulsiva fue claramente en detrimento del propio Encuentro. Así lo manifiestan delegaciones enteras, recorriendo de una punta a la otra la ciudad para conseguir alojamiento, las sedes de los talleres o materiales que han llegado sobre la hora. Pusieron en riesgo lo que reivindican como “el corazón y el espíritu” de los encuentros, que es el debate en los talleres. 

Sin embargo, este copamiento reaccionario sobre la Comisión y el Encuentro no pudo evitar, ni en los talleres ni en la marcha, que el Encuentro se convirtiera en una movilización política fundamentalmente antigubernamental y anticlerical.