Desde hace 27 años, todos los 28 de septiembre las luchadoras tenemos una cita de honor en el marco del día de lucha latinoamericano y del Caribe por la legalización y despenalización del aborto. Fecha introducida en el calendario de mujeres en 1990 a propuesta del Encuentro Feminista Latinoamericano celebrado en Argentina.

 

En un año electoral, este reclamo por la salud y la vida de las mujeres, no es parte de las propuestas de los candidatos de Cambiemos y el peronismo.

 

En Mendoza, la candidata a diputada nacional de Cambiemos, Claudia Najul, actual ministra de Salud, no avanzó ni siquiera en el protocolo de aborto no punible (art. 86CP), gestiona para el ajuste y en beneficio de la salud como negocio privado y para los intereses de la curia, en vez de atender el problema del aborto como un problema de salud pública.  

 

El candidato Omar Felix, del peronismo, es un declarado opositor a esta demanda tan sensible del movimiento de mujeres. Incluso fue, al igual que otros legisladores nacionales en su momento, como la vice gobernadora Laura Montero, quien rechazó el matrimonio igualitario.

 

El proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, que es cajoneado desde hace 10 años en el Congreso, se volvió a presentar por sexta vez en 2016 y cuenta con alrededor de 44 firmas de diputados y diputadas de distintas fuerzas políticas. Ha tenido una modificación positiva que fue eliminar la objeción de conciencia.

 

De los 37 bloques parlamentarios, sólo el Frente de Izquierda y de los Trabajadores es el único que ha firmado con todos sus integrantes. Y que en elecciones lleva en su programa la legalización y despenalización del aborto, en todo el país.

 

 

En todos estos años nunca se debatió en el recinto. Lo curioso es que actualmente se encuentra en las mejores condiciones para hacerlo: tres de los firmantes del proyecto son presidentes de las cuatro comisiones donde tiene giro, a saber: la cabecera la tiene la comisión de Legislación General que preside el macrista Daniel Lipovetzky; Mujer y Familia, que preside la radical jujeña Silvia Martínez (cargo que asumió luego de que lográramos la expulsión del retrógrado Julián Dindart); y la comisión de salud y acción social, que preside la kirchnerista Carolina Gagliard. La cuarta comisión es Legislación Penal, presidida por el “mano dura” y mendocino radical Luis Petri, quien obviamente no firma el proyecto.

 

Dos de estas comisiones son presididas por mujeres del macrismo y kirchnerismo, quienes no impulsaron el tratamiento para dictaminar, aunque sea simbólicamente.

 

Sin embargo, los esfuerzos en estos dos años por parte de las legisladoras de los partidos del ajuste se han concentrado en formar un frente único para lograr una ley que les permita garantizar al menos un 50% en las listas electorales de sus partidos tradicionales, eso sí, manteniendo la proscripción de las Paso, y colocándole un techo al propio género.

 

El Partido Obrero dentro del FIT, no formó parte de ese frente con las legisladoras que responden más rápidamente a intereses corporativos que a intereses sociales de las mujeres; menos aún, cuando se trata de hacer frente con quienes rechazan avanzar en la conquista de derechos negados como es el aborto -que implicaría en materia de salud sexual y reproductiva una paridad de género verdadera-, la educación sexual laica, el presupuesto para la protección de las mujeres frente a la violencia de género, la extensión de licencias y las guarderías en el trabajo o salario.

 

Tuvimos 8 años una presidenta mujer con mayorías parlamentarias para resolver esta deuda con el movimiento de mujeres, pero optaron por culpar a la sociedad de no estar preparada y por entregarle el Código Civil al Vaticano, con ayuda del actual oficialismo.

 

Los argumentos de un sector feminista de que no basta con ser mujer sino que las funcionarias deben tener perspectiva de género, fracasaron. En Mendoza, Mumalá (Libres del Sur) dirige la Secretaría de Género y Diversidad y hacen frente en acciones de género junto a la vicegobernadora Laura Montero -esta última, cuando fue senadora, votó contra el matrimonio igualitario.

 

 

Probablemente antes de elecciones, discutamos en el recinto la paridad de género y no el aborto legal, una perversa demagogia electoral de las mujeres de los partidos patronales luego de los reclamos de las movilizaciones masivas en nuestro país por #NiUnaMenos #ElEstadoEsResponsable.

 

Las mujeres luchadoras no pueden caer en este engaño. Los intentos por separar la batalla por el aborto legal de las elecciones o de una definición política programática,  le hacen el juego a  las alianzas de Cambiemos o al peronismo, enemigos de este reclamo.

 

Los intentos de reavivar las Campañas Nacionales por aborto legal en las provincias donde naufragó (a causa del lobby parlamentario, evitando una acción directa y generando expectativa en voluntades individuales dentro de los partidos patronales y de los gobiernos) se hacen bajo la abstracción de la experiencia recorrida.

 

Las elecciones de octubre son una oportunidad para delimitarse de las estrategias fracasadas, que ponen a las mujeres luchadoras como furgón de cola de programas electorales elaborado con las patronales y el Vaticano.

 

El aborto legal, como reconocimiento de un derecho personalísimo de las mujeres, se logra con la lucha de clases y la completa independencia del Estado, de sus gobiernos y de los partidos tradicionales. Lo ganamos si nos jugamos por un programa político que realmente logre el empoderamiento colectivo de las mujeres junto a los trabajadores y la Izquierda.

 

El 28/9 seamos miles en las calles.