En apenas una semana se han sucedido en Entre Ríos 6 casos de femicidio, uno en grado de tentativa, que dejaron 5 mujeres asesinadas, más 4 muertes vinculadas y 2 heridos graves. La brutalidad de estos episodios tiene su extremo en el descuartizamiento de Yésica Do Santos, en situación de prostitución, en Paraná. En casi todos los casos hubo denuncias de violencia previas, que fueron desestimadas por los organismos del Estado.

Esta seguidilla ocurre en una provincia donde los casos pasados de violencia hacia las mujeres siguen impunes, debido a la desidia intencionada de las instituciones estatales que deberían cuidar la seguridad de las víctimas. Continúan siendo moneda corriente las denuncias que quedan en la nada, las órdenes de restricción que son violadas, para no hablar de la falta de asistencia económica o de asilo transitorio para las víctimas. Ninguno de los casos de femicidio de los últimos tiempos ha sido siquiera resuelto judicialmente, a excepción del de Priscilla Hartman, denunciado por serias irregularidades destinadas a encubrir la responsabilidad del poder político en su muerte.

El gobernador del Frente para la Victoria, Gustavo Bordet, que inicialmente se limitó a hacer declaraciones de “color” por Facebook,  debió reconocer la gravedad de la situación ante las movilizaciones que se produjeron en Entre Ríos tras los femidicios. Para el gobierno, era necesario apaciguar la bronca popular desatada por las expresiones de desprecio por la vida de las mujeres vertidas en un primer momento por funcionarios del gabinete provincial.

Pero también por la Policía de Entre Ríos, que deploró el asesinato de su agente Miriam Ibarra, lavándose las manos de las denuncias que la misma había efectuado contra su agresor, al cual ni siquiera se le había retirado su arma reglamentaria de Prefecto. La policía provincial también intentó justificar el brutal crimen de Yésica por su situación de prostituta.

Desde  el poder judicial buscaron lavarse las manos, a través del Procurador General de la provincia salieron a negar inicialmente que la justicia tuviese responsabilidad en la escalada de violencia, atribuyéndola en cambio a “cosas que pasan” y “no se pueden evitar”.

Desde su asunción en diciembre pasado, Bordet no ha hecho absolutamente nada para revertir la oleada de agresiones contra las mujeres en la provincia. Todo lo contrario, puso al capo narco Mauro Urribarri, denunciado además por su participación en una red de proxenetismo, a 'dirigir' la Policía de Entre Ríos, para que ésta siga garantizando y operando las redes delictivas que financian al poder político.

El ajuste que viene aplicando también ha sido la excusa perfecta para desfinanciar los pocos programas que ofrecían algún tipo de asistencia a las víctimas. Los anuncios realizados después de las movilizaciones de repudio y las “reuniones de emergencia” no han cambiado sustancialmente la situación; se trata de gesticulaciones que apuntan a encubrir la necesaria participación -por acción u omisión- del Estado en todas las agresiones.

Las movilizaciones en contra de los femicidios han ido adquiriendo una clara conciencia de este problema. Sin embargo, los reclamos generales efectuados en las movilizaciones continúan depositando en los propios organismos del Estado la potestad de resolverlo.

En este cuadro, la intervención del Plenario de Trabajadoras ha apuntado a destacar que para terminar con la violencia de género en Entre Ríos, como en todo el país, es necesario que las organizaciones de mujeres y LGTTBIQ nos organicemos de manera independiente del Estado y sus partidos políticos, y luchemos para poner bajo nuestro control los medios económicos e institucionales destinados a proteger nuestras vidas y garantizar nuestros derechos más elementales.