En un atropello a la libertad de la palabra, ya que se prohibió el debate dentro de la Cámara de Diputados, se votó la ley de paridad de género. Es un detalle no menor la forma en que se sancionó. Para imponerla en el temario, se apeló al “respeto de las garantías constitucionales” y al objetivo de igualar al género femenino; sin embargo, se me proscribió la palabra siendo que, como mujer diputada de la izquierda, tenía un dictamen de minoría que aconsejaba el rechazo en los términos que venimos explicando y debatiendo desde hace tiempo en comisiones, incluso cuando en la propia sesión nuestro bloque apoyó el tratamiento sobre tablas en horas de la madrugada.

 

De ninguna manera estamos ante una conquista histórica. No se le han arrancado derechos al Estado, sino que se ha reforzado aún más la regimentación estatal de los partidos políticos. Un Estado cuestionado por las enormes movilizaciones de mujeres que repudian su carácter patriarcal y clasista no puede ser reforzado por las parlamentarias y parlamentarios de la izquierda en un Congreso hostil a las demandas más sensibles de las mujeres y del pueblo trabajador en su conjunto.

 

Nos preparamos para derrotar el plan de reformas criminales de los hombres y mujeres de la burguesía y de la colaboración de las corrientes políticas conciliadoras y de la burocracia sindical –el 6 de diciembre o cuando sea que se trate la reforma laboral–, saliendo a las calles, ganando los sindicatos y la organización independiente de las mujeres y de su clase trabajadora, la única que puede darle un empoderamiento real, una y otra vez hasta ganar.

 

 

Las palabras de la diputada Camaño tornaron la sesión en un déjà vu. Trajo al presente la “hazaña” parlamentaria de 1991, donde las mujeres diputadas “trabaron” la ley de presupuesto menemista a cambio de aprobar la ley de cupo femenino –30% que vale para mujeres y hombres por igual– para luego votar a dos manos, en paridad de clase social patronal, el presupuesto menemista que perpetuó un ajuste y saqueo sin precedentes al pueblo trabajador.

 

Cualquier coincidencia con la actualidad no es pura casualidad. En tiempos en los cuales se debate un paquete de reformas que son un plan de guerra contra el pueblo laborioso y harán retroceder aún más las graves condiciones de vida de las mujeres, esta ley vino a ser una prenda de cambio para hacerlo pasar en ambas cámaras.

 

La ley de paridad de género no viene a remover ninguna de las reales y dolorosas trabas materiales que frenan o imposibilitan a las mayorías femeninas de este país acceder a las listas electorales o a los lugares de decisión pública.

 

Es decir, no viene a legalizar el derecho al aborto, ni a garantizar la gratuidad de la salud pública y su calidad, o a extender las licencias por maternidad y paternidad, ni a establecer las guarderías en los trabajos o la inclusión laboral trans; tampoco a terminar con la brecha salarial histórica entre hombres y mujeres o a incrementar el presupuesto para asistir con dispositivos estatales a las mujeres que sufren violencia en el país del #NiUnaMenos, donde cada 18 horas una mujer es víctima de femicidio.

 

 

En comisiones acercamos una fórmula para que esta ley fuera abrazada por las mujeres en su conjunto, ya que no recibió otras adhesiones fuera del parlamento o de algunos movimientos de mujeres. Propusimos que su tratamiento fuera acompañado por el de todas las leyes negadas que mencionamos antes. De esa manera, hubiéramos aprobado sin dudar todo un paquete de leyes en pos de facilitar el camino para disminuir la explotación y discriminación de las mujeres, particularmente las trabajadoras.

 

Esto fue rechazado. Priorizaron los intereses de un puñado de arribistas cómodas en los recintos parlamentarios.

 

Al otro día de ser sancionada, comenzaba a debatirse en el Senado el aumento de la edad jubilatoria a 70 años y la mayor confiscación a los jubilados, con la reforma previsional y la refrenda del Pacto Fiscal firmado con los gobernadores. Ambas medidas fueron ordenadas por una de las promotoras en el mundo de la paridad de género: Cristhine Lagarde, la presidenta del FMI, la mayor corporación financiera de dominación de pueblos enteros en el mundo.

 

Como dijimos en Atlanta en el acto del FIT, “nuestro programa no es la paridad de género para el directorio de las corporaciones, para la Justicia corrupta, para el Parlamento de las dietas de 200 mil pesos al servicio de la explotación capitalista. No podemos ser furgón de cola de los partidos que se han opuesto al aborto legal. No podemos debatirnos detrás de Trump o Hillary, detrás de Rousseff, detrás de Merkel. La emancipación femenina pasa por abatir a todos estos Estados e inaugurar una sociedad socialista en todo el mundo, codo a codo hombres y mujeres de la clase obrera.”

 

 

Esta ley es distraccionista. Sólo abona el carrerismo ya existente de las fuerzas políticas que dirigen un régimen de explotación, que está en completa descomposición y que apela a recursos a políticos (a alejar a las masas de la vida política bajo los recursos de la mafia sindical, la corrupción, los carpetazos, etc) para perpetuarse en el aparato estatal.

 

La igualdad de hombres y mujeres es imposible bajo un régimen de explotación social, dividido en clases. El planteo de que nuestras demandas pueden culminar bajo el capitalismo es un planteo muy antiguo, de un feminismo adverso desde sus orígenes al gobierno obrero y socialista. Somos críticos de esta posición, representamos una herencia política que entiende que para ganar hay que superar el régimen de producción capitalista, hay que atacar las relaciones sociales de producción y que la lucha por la liberación de la mujer no es una lucha de sexo contra sexo, es una lucha de clases para liberar a toda la humanidad.