El triunfo parlamentario del Vaticano y la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) en su defensa del aborto clandestino ha puesto en evidencia el nivel de colonización clerical de los bloques políticos que dirigen el Congreso. Los jefes de todos los bloques que se pronunciaron a favor del derecho fueron incapaces de garantizar los votos para que sea ley. 

Tenemos un Senado donde se votan todo tipo de agravios al pueblo a fuerza de “disciplina partidaria” (la reforma contra los jubilados y todas las leyes del ajuste), pero se impone la “libertad de conciencia” cuando lo que está en juego es un derecho para las mujeres. Cambiemos aportó la mayor cantidad de votos a favor del aborto clandestino (con el récord de los radicales que, de 12 senadores, sólo 3 acompañaron la legalización); y en el PJ de Pichetto fueron mayoría los del campo de los antiderechos (11 contra 8), muchos de los cuales ingresaron al Senado en las listas del FPV. El giro a último momento de García Larraburu, con el silencio oficioso de Cristina, fue el golpe de gracia contra la ley, gesto que el Papa supo devolver poniendo a su vocero, Juan Grabois, a defender a la ex presidenta en las denuncias por los cuadernos de la corrupción. En su intervención en el Senado, Cristina le pidió a un movimiento de lucha que reclama la separación de la Iglesia del Estado que “no se enojen con los curas”.

Los votos contra este derecho no responden a creencias personales sino a compromisos asumidos con una poderosa institución política: la Iglesia. De fondo, buscan preservar los vínculos con esta institución, que garantiza una contención social en medio de un ajustazo que golpea con despidos masivos, ataques al salario y carestía y amenaza con generar una profunda crisis social.

En contraposición a la acción de estos bloques, las mujeres debemos hacer valer la enorme fuerza popular de la lucha por nuestros derechos. 

Una consulta popular vinculante es una herramienta útil en esta etapa para librar esa batalla y conquistar el derecho al aborto legal. Somos conscientes de la enorme adhesión social que ha reunido nuestro reclamo y de la potencialidad de continuar nuestra lucha, que implica un cuestionamiento de fondo a los principios oscurantistas de los que se vale la clase dominante como pilar de nuestra opresión.

Los planteos de esperar a 2019 y “votar bien”, que fogonean desde los mismos partidos que contribuyeron a la defensa del aborto clandestino, son un intento por desmovilizarnos y nos conducen a un callejón sin salida. La renovación parcial de la Cámara de Senadores no modificaría el resultado de una nueva votación sobre aborto legal: la mayoría que rechazó la ley conservará sus puestos. Por otro lado, quienes votaron favorablemente la legalización van a compartir listas sábanas con los defensores del aborto clandestino. Sólo el Frente de Izquierda defiende de manera integral y ha inscripto en su programa y campañas electorales la defensa del derecho al aborto legal.

El fracasado intento de avanzar con alguna variante de “despenalización”, promovido por el propio presidente Macri -golpeado por no haber garantizado la aprobación de la ley- también perseguía ese objetivo. Pero esta opción lejos está de dar una solución porque implica que el aborto seguirá siendo clandestino: no legal, no en el hospital de manera segura.

El proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados fue defendido por millones de personas en las calles el 13J, el 8A y en miles de actividades que se extendieron en todo el país e incluso en cantidad de ciudades del mundo desde el mes de marzo. A pesar de la lluvia y de una votación ya definida, dos millones de personas volvieron a manifestarse por la aprobación del proyecto y en repudio a la decisión que se alistaba a tomar el Senado. Con este impulso y en estas condiciones, es necesario encarar la etapa que se ha abierto, que desafía al movimiento de mujeres a tomar nuevas iniciativas.

Esta lucha continúa, y queremos abrir un debate respecto a cómo seguimos. Desde el Partido Obrero lanzamos la propuesta de impulsar una consulta popular vinculante, que es un recurso político habilitado por el enorme despliegue popular. En contraposición a las consultas que lanza el Estado para reforzarse, es una herramienta que impondría un movimiento de lucha contra las instituciones del régimen político, que han dejado en evidencia que no representan ninguna voluntad popular. Los derechos se conquistan, y el enorme movimiento popular que hemos puesto en pie por el aborto legal no debe privarse de ningún instrumento a su alcance para seguir derribando prejuicios, conquistando voluntades y hacer valer la fuerza social mayoritaria que hemos conquistado, contra las instituciones que niegan y pisotean nuestros derechos.

El rechazo del jefe de gabinete Marcos Peña y de la senadora Beatriz Mirkin del FPV a esta alternativa pone en evidencia la profundidad del alcance que puede tener impulsarlo, porque vuelve a darle la iniciativa a las mujeres movilizadas, que, con el proyecto de Diputados como bandera, nos dotamos de un canal concreto para continuar organizadas en las calles, los barrios, los lugares de estudio y de trabajo. Realicemos asambleas, juntemos firmas, ampliemos el debate, ganando nuevas adhesiones para conquistar, de una vez por todas, nuestro derecho al aborto legal.

De la mano de una consulta popular vinculante, podemos ganar el derecho al aborto legal con la fuerza que desplegamos en las calles. A seguirla.

Columna publicada en Infobae.com