En el marco de la presentación del Plan de Acción Contra las Violencias de Género 2020-2022, el gobierno nacional anunció lo que significará la generalización de ingresos asistenciales como “salida” a la violencia de género y como reconocimiento a quienes se engloban en las “economías del cuidado”. Ambos casos se incluirían en el “Plan Potenciar Trabajo”, un programa que vincula planes sociales con empleo precario y fuera de convenio, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social. Una propuesta que va en línea con las políticas de asistencia que promociona el Banco Mundial con “perspectivas de género” y como alternativas para “corregir” los efectos del capitalismo.

Acerca del Plan Potenciar Trabajo

A través de la unificación de los planes sociales ya existentes “Hacemos Futuro” y el “Salario Social Complementario”, que abarcan a unas 580 mil personas (78% mujeres), se busca combinarlos con cinco sectores productivos -construcción, producción de alimentos, textil, reciclaje y tareas de cuidado-, que según el gobierno “son fundamentales para reactivar la economía y la producción porque generan mano de obra intensiva y pueden impactar positivamente en el desarrollo local y la economía social” (Argentina.gob.ar, 16/6). Como señalamos, se trata de empleos precarios y por fuera de cualquier convenio colectivo de trabajo.

Un poco más del guiso recalentado en la Argentina desde la crisis del 2001: planes sociales ligados a empleos por los que el Estado propone pagar salarios de hambre (equivalentes al salario mínimo, en este caso), sin cobertura ni reconocimientos laborales, lo que generaliza ingresos asistenciales y sin derechos en el conjunto de la economía.

Un paliativo ante el flagelo de las mujeres y colectivo LGBTI+

Tenemos entonces que el plan para erradicar la violencia de género se vale de la extensión de programas de empleo con montos muy inferiores a la cobertura de la canasta familiar que mide el Estado, ya de por sí totalmente devaluada en su composición. Luego de que el gobierno lanzase el Ingreso Familiar de Emergencia esperando 4 millones de inscriptos, de que estos fueran 12 y de que se terminase aceptando solo a 9, es claro que de la crisis en curso se espera salir con un incremento significativo de los planes de empleo, que alcanzaron su punto máximo bajo el macrismo (con medio millón de personas).

Aunque no están del todo claro ni los criterios ni los montos, en lo que refiere a la violencia, se otorgarían subsidios por seis meses como parte del “Programa Acompañar”, junto con el acceso a planes de trabajo, “con la finalidad de promover la inclusión social y el mejoramiento progresivo de sus ingresos con vistas a alcanzar su autonomía económica” (Plan de Acción 2020-22). Las remuneraciones alcanzarían el equivalente a un sueldo mínimo, es decir $16.875 -nuevamente, un monto que no llega a cubrir la canasta familiar, con lo que difícilmente se logre el bienestar de las mujeres y diversidades.

Mientras tanto, en apenas unos días el gobierno presentó una cuarta propuesta de arreglo con bonistas, que incrementó la ofrenda gubernamental a los usureros internacionales en 16 mil millones de dólares. El feminismo institucionalizado desde sus cómodos puestos, con ingresos varias veces superiores a los de un programa social, no se ruboriza al afirmar que un plan de empleo va a conquistar una independencia económica. Pero el camino recorrido es claro en esta materia: más de 20 años de planes sociales no produjeron tal efecto, solo crearon una base popular más vulnerable en varios aspectos y no ofrecieron una salida estable, con ingresos genuinos y acordes al sostenimiento de la vida regular de la mayoría de las mujeres, principales beneficiarias de los planes desde 2002.

Esta política encuentra su antecedente en el plan “Ellas Hacen”, impulsado por el kirchnerismo en 2013, un plan con cupos muy limitados destinado a mujeres vulnerables para que trabajen en los barrios mediante cooperativas. Una iniciativa de contraprestaciones, que tenía como condicionantes la terminalidad educativa y capacitaciones de oficios, mediante una oferta de mano de obra docente precarizada a través de los Cens y Fines, que hoy están desmantelando. En aquella época las exigencias y requerimientos, sumados a la problemática de las tareas de cuidado que recaen en las mujeres, y al mínimo ingreso económico (en 2013 se destinó 2 mil pesos por beneficiaria), funcionaron en muchos casos como un factor de expulsión del programa, que años después fue eliminado por el macrismo. El gobierno de “científicos” no se basa en la ciencia para afirmar que nuevos planes precarizadores le darían a las mujeres sin trabajo ni recursos las condiciones materiales de existencia que las saquen de la vulnerabilidad actual. Sencillamente, la experiencia dicta lo contrario.

Luego de años de planes precarizadores, los índices de violencias contra las mujeres no se han modificado. Según el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, del grupo gubernamental ligado a la funcionaria del Inadi, Victoria Donda, solo desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de este año se registran 162 femicidios, de los cuales el 70% sucedieron en la vivienda de las víctimas. En lo que refiere al colectivo Lgbti+, durante el año 2019 murieron 72 mujeres trans, el 80% por enfermedades, con un promedio de edad de 40 años. Asimismo, desde el mes de marzo, cuando se inició el aislamiento obligatorio, se incrementaron exponencialmente las denuncias al 144 por abusos y violencias, la brecha salarial no se redujo y los espacios de socialización para que las tareas de cuidados no recaigan sobre las mujeres han sido eliminados como demanda, para pasar a querer confinar a las mujeres por un plan social.

En este contexto, no hay autonomía posible con ingresos miserables que no permitan romper el vínculo de dependencia económica de las mujeres violentadas con el agresor en el ámbito familiar. Tampoco sin modificar la condición de vulnerabilidad de la comunidad travesti-trans, que en su mayoría se encuentran excluidas del ámbito laboral y de la salud, en situación de prostitución y con una esperanza de vida de la mitad que el resto de la población.

¿Reconocimiento a las tareas de cuidado?

En la sociedad capitalista la reproducción social de la unidad familiar recae sobre las mujeres a través del trabajo doméstico y las tareas de cuidado, pero las implica de manera diferencial, siendo las más pobres las más afectadas en la inserción al mercado laboral. En muchos casos las desocupadas sostienen merenderos y comedores populares, al mismo tiempo que tienen a cargo a sus hijes. Estos trabajos, que no se encuentran registrados, el gobierno prevé reconocerlos a través su inclusión al Plan Potenciar, con la celebración de las organizaciones de la economía popular y de mujeres que se integraron al gobierno a cambio del abandono de todo tipo de iniciativas de lucha.

Al mismo tiempo incluirían a cuidados en hogares y geriátricos “porque va a crecer mucho la demanda ya que va a cambiar el mundo”, según declaraciones de Daniel Arroyo (BAE Negocios, 12/7). Estas actividades hoy están reguladas en diferentes convenios que el gobierno parecería desconocer, a menos que pretenda ser un guiño a las patronales para contratar mano de obra más barata en estos rubros. No sorprendería, luego de que diesen marcha atrás con las licencias de cuidado en medio de la pandemia.

Para alivianar verdaderamente la carga de las mujeres se requiere de una inversión en un sistema de servicios sociales como jardines desde los 45 días de edad, salas de cuidado y ámbitos adecuados para la socialización de personas mayores, todo lo cual reclama obra pública e imponer a las patronales que cumplan con las leyes ya existentes. Pero demagógicamente el gobierno quiere hacernos creer que va a achicar la brecha de género a partir de ampliar planes sociales y otorgar empleos por fuera de las leyes laborales.

Reconocimiento al clero y al FMI

Las iniciativas del Ministerio de Mujeres y Diversidades, en conjunto con Desarrollo Social, tienen la intención de contener a los movimientos más dinámicos que tiene nuestro país en la actualidad: el de desocupados/as y el de mujeres y diversidades.

El financiamiento anunciado para la iniciativa saldrá una vez más de la manipulada y vaciada caja del Anses, cuyos ingresos se componen del aporte de los trabajadores en actividad y de lo recaudado por el impuesto más regresivo del país, el IVA, que sigue en pie. O sea, una caja enteramente financiada por el consumo popular y por sus aportes.

Mientras, a la clase capitalista Alberto Fernández le ofrenda moratorias de todo tipo, “blanqueo” de capitales que incluye al negocio de superexplotación de mujeres y niños para el proxenetismo y el narcotráfico; y ofertas recurrentes que llenan los bolsillos de los bonistas acreedores de deuda externa argentina. El plan gubernamental incluye la resistencia del gobierno a cobrar impuestos a las grandes fortunas.

El paradigma de la precarización laboral que se sostiene en el Plan de Erradicación de la Violencia de género está fundamentalmente promocionado por la Iglesia Católica y por el reagrupamiento evangélico Aciera, quienes gozan del beneficio gubernamental, clave en materia de asistencia social. En esta línea, si hay algo que no incluye el Plan de Acción contra las violencias es una mínima referencia al clero, así como a la ESI. Desde el gobierno se ampara la injerencia en la educación, la salud y la asistencia social de una institución que desarrolla una ideología oscurantista y contraria a los derechos de las mujeres y diversidades. El tan mentado cambio de paradigma sobre la violencia de género se proclama mientras se refuerzan a los pilares históricos de las opresiones femeninas: las iglesias; una impostura política que corresponde desnudar.

Mientras se financia al clero y se destinan todos los recursos al pago de acreedores, la crisis económica golpea cada vez más a las mujeres trabajadoras y la comunidad travesti-trans. El gobierno nacional, que deja pasar despidos, suspende paritarias y subejecuta el presupuesto en materia de género, plantea relanzar ahora planes sociales y subsidios como solución a los problemas. Además, lo hace a costa de una transferencia enorme de ingresos de la clase trabajadora, ya que no se toca a las patronales, y subyace la idea de que aquellos trabajadores que se encuentren en mejores condiciones sostengan a los desocupados.

Exigimos la aplicación de la ESI laica y científica en todos los niveles educativos y la separación de las iglesias del Estado; la real implementación de la Ley de Identidad de Género, el cumplimiento del cupo laboral trans y su aprobación a nivel nacional.

Reclamamos un seguro para las víctimas de violencia de género, así como para desocupadas y desocupados, no inferior a los 30 mil pesos mensuales, que sea un trampolín al trabajo genuino, registrado, con cobertura social. Que se ponga en pie la obra pública, con trabajadores registrados para realizar dichas tareas, cada uno bajo el convenio colectivo de trabajo que le corresponda, para la realización de lugares de esparcimiento deportivo y cultural para todas las edades, y jardines atendidos por personal profesional para niñxs desde los 45 días. Duplicación de los ingresos de las empleadas domésticas.