El 1° de mayo de 2014, mientras se desarrollaban movilizaciones por el día internacional de los trabajadores, Antonia, Olga y Rocío salieron junto a otras mujeres por las calles de Sevilla levantando en andas una gran vagina de plástico en lo que denominaron la "procesión de la archicofradía del santísimo coño insumiso y el santo entierro de los derechos sociolaborales". Esta manifestación generó una amplia condena por parte de grupos religiosos, acusando un “delito de ofensa religiosa” y de “incitación al odio” porque el “coño insumiso” vestía ornamentas similares a las que suelen aparecer representando a las vestiduras de la virgen María. Por esta razón este jueves 3 de octubre, por segunda vez, las activistas fueron llevadas a juicio por un grupo de abogados cristianos.

El ataque judicial tiene lugar en un cuadro de grandes movilizaciones del movimiento de mujeres en España contra los femicidios y violaciones, por un lado; y de un bombardeo sistemático contra sus reivindicaciones como parte de una ofensiva derechista, por el otro. El ultraderechista Vox reclama nuevos retrocesos en la legislación concerniente a los mismos, incluso movilizando sectores clericales, mientras referentes del Partido Popular protestan contra la exhumación de los restos de Francisco Franco. El gobierno del PSOE, por su parte, hace demagogia con los reclamos del movimiento.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) y la Asamblea de Apoyo a las Mujeres Imputadas convocaron a las puertas de los juzgados a una concentración de apoyo a las activistas. El caso había sido archivado en 2016 por la jueza Pilar Ordoñez, quien en aquel momento consideró que no había indicios de ningún tipo de actuación penal. La resolución fue apelada por la Asociación de Abogados Cristianos, quienes recurrieron el sobreseimiento y exigieron reabrir la causa porque exigen que se “respete su fe”. De hecho, no piden dinero a cambio (o bien exigen la cifra simbólica de un Euro), más bien buscan sentar una jurisprudencia negativa, que de suceder, sentaría un golpe no solo a la libertad de expresión sino que, como manifiesta la abogada de las tres imputadas, “una condena a estas mujeres supondría una criminalización de las protestas contra el machismo”, agregando que “la humillación al catolicismo es un invento y las mil mujeres asesinadas por violencia machista una realidad”.

Por su parte, la fiscalía que entiende en el caso exige una multa de 3 mil euros a cada una de las mujeres por lo que entienden un delito contra los sentimientos religiosos. Ya que estas mujeres habrían hecho “mofa de los símbolos y dogmas para quienes profesan el culto católico”. Los abogados cristianos han llegado al extremo de plantear su denuncia como “vejaciones y humillaciones propias de las persecuciones romanas, la República o la Guerra Civil”.

Las denunciadas señalaron ante la prensa que llevan cinco años de angustia y persecución por ejercer su derecho a la libertad de expresión, marcando que “lo nuestro fue una acción política, no una ofensa a nadie, esto no tiene nada que ver con la fe”. La defensa de las activistas manifiesta que la performance puede no gustar o resultar soez, pero se trata de “una crítica política contra el machismo” y la manifestación está plenamente amparada por el derecho de la libertad de expresión.

Esta no es la primera vez que en España intenta ser juzgada la libertad de expresión, donde la persecución a los artistas contestatarios es moneda corriente. Tanto la Iglesia como la Corona tienen trayectoria en iniciar acciones legales y poner el grito en el cielo por lo que ellos consideran actos ofensivos a sus instituciones, creencias y vestiduras. De hecho, el grupo de abogados religiosos que intervienen en este caso son los mismos que hace poco más de un año buscaba enjuiciar al actor Willy Toledo por haber escrito en su Facebook personal “Me cago en Dios”. El intento de estos letrados es cambiar la jurisprudencia que se sentó en 2004 cuando La Hermandad de la Esperanza de Triana llevó a juicio a un joven que subió a redes sociales una foto de esa virgen con un pene en la mano.  En ese momento fue condenado en primera instancia pero la audiencia lo absolvió, al entender que aquella foto era una crítica “burda y poco refinada” pero “a todas luces amparada por su derecho a la libertad de expresión” (El confidencial, 3/10).

Este jueves 3, en el inicio del juicio a Olga, Rocío y Antonia, el coño volvió a salir a las calles a manifestarse, cinco años después, ya no sólo como una performance que intenta denunciar la desigualdad en las relaciones laborales entre hombres y mujeres, sino como defensa de la libertad de expresión. Allí se enfrentó nuevamente con la reacción clerical, con grupos manifestándose allí por lo que arguyen que es un ataque al artículo 525 del Código Penal (el que refiere al delito contra los sentimientos religiosos). Así, entre gritos y pancartas con frases de “#RespetaMiFe” versus “más coños insumisos, menos santos cojones”, las puertas del juzgado de Sevilla fueron un nuevo escenario de esta disputa. María Alyokhina, del grupo punk Pussy Riot (quien fuera encarcelada junto a sus compañeras por la policía de Putin tras una performance de protesta frente a una Iglesia Ortodoxa rusa), fue parte de la movilización en apoyo a las activistas y declaró “que el juicio es injusto y guarda similitudes con la represión en Rusia” (El País 3/10).

La defensa del derecho a la movilización del movimiento de mujeres y de la libertad de expresión está a la orden del día, derrotando la ofensiva del Estado, la Iglesia y sus partidos.