Con la participación de más de 20 compañeras, se llevó a cabo el pasado jueves una reunión abierta de mujeres trabajadoras de distintos sectores: estatales, judiciales, fotógrafas, abogadas, municipales y docentes.

La convocatoria surgió a partir del agravamiento de la violencia hacia las mujeres, observada en el aumento de las denuncias y de los femicidios, el único delito que se incrementó durante la cuarentena. Sin embargo, quedó claro a lo largo de las intervenciones que esta situación es preexistente a la crisis sanitaria que estamos viviendo con la pandemia y que se explica en gran parte por la vulnerabilidad en la que nos encontramos en el mundo laboral. En este sentido, se resaltó que las mujeres accedemos a los trabajos más precarizados y peor remunerados y, además, cumplimos gran parte de las tareas declaradas esenciales (el 70% de las trabajadoras de la salud son mujeres). En este aspecto, se resaltó el caso paradigmático de las empleadas domésticas que, siendo el gremio más numeroso y que se conforma en un 95% por mujeres, tiene los salarios de convenio más bajos. En un contexto en el que arrecian los despidos, las suspensiones y las rebajas salariales, resulta una consecuencia lógica que lxs trabajadorxs más precarizadxs sean lxs que reciben el mayor impacto: las mujeres estamos sobre representadas en el sector informal de la economía. En ese marco, la dependencia económica de las mujeres ha sido un factor clave en el recrudecimiento de la violencia.

Otro punto importante del debate giró en torno al aumento de la explotación de las mujeres en razón de la implementación creciente del teletrabajo y considerando que recae en nosotras, en mayor medida, la realización de las tareas domésticas y de cuidado.

Una parte del debate también estuvo centrada en los graves problemas que viene sufriendo el colectivo LGBT+, que padece especialmente la falta de empleo y, en el marco de la cuarentena, viene denunciando un aumento del hostigamiento policial y la irregularidad en los tratamientos hormonales que perjudican su salud.

Frente a esta situación, observamos que las medidas adoptadas por el gobierno resultan insuficientes: las perimetrales no se cumplen y la política de los barbijos rojos pone, una vez más, la responsabilidad en las víctimas. De fondo, tenemos un Ministerio de la Mujer sin presupuesto y, por lo tanto sin recursos, que no puede llevar adelante ninguna política para resolver nuestros reclamos, a la vez que sostiene los dispositivos de asistencia a las víctimas de violencia con trabajadoras precarizadas, como es el caso de las trabajadoras de la línea 144. Pero no sólo eso: al mismo tiempo que las políticas orientadas a resolver los problemas de las mujeres no resuelven nada, la política general del gobierno profundiza todos los factores que están en la base de esos mismos problemas. No hay soluciones para lxs desocupadxs, el gobierno acaba de homologar el acuerdo entre la UIA, la CAME y la CGT que habilita las suspensiones con rebajas salariales. Al mismo tiempo, financia todas las medidas para afrontar la pandemia con fondos de la ANSES, como la IFE y las subvenciones a las empresas para el pago de salarios, mientras que esos fondos también son saqueados mediante las exenciones de las cargas sociales a las patronales. Es decir, implica un ataque de conjunto a lxs trabajadorxs que, como ya se dijo, tiene un impacto mucho más profundo en el sector más precarizado y vulnerable, entre ellos, el de las mujeres. Por otro lado, el vaciamiento de la ANSES y el desfinanciamiento de las obras sociales redundará en una sobrecarga de las tareas de cuidado de enfermxs y adultxs mayores que ya padecemos las mujeres.

En este punto, se puso de relieve que todas estas políticas tienen como objetivo de fondo el pago de la deuda externa, que supedita todos los reclamos de lxs trabajadorxs en general y de los sectores más golpeados en particular, a su logro. Durante la semana este debate estuvo presente en el tope de la agenda del movimiento de mujeres, cuando un grupo de referentes integradas al gobierno se pronunció por el respaldo de la renegociación de la deuda en curso. Por supuesto, el rechazo al mismo por parte de amplios sectores del movimiento de mujeres no se hizo esperar, poniendo sobre la mesa las nefastas consecuencias que tiene el pago de una deuda usuraria, ilegítima y fraudulenta sobre el conjunto de la población. También, quedó al desnudo el papel que juega la política feminista del gobierno y su Ministerio de Mujeres sin presupuesto: la integración al Estado de un movimiento combativo que se viene movilizando de a cientos de miles por sus reclamos, cuestionando los roles que juegan las iglesias y el Estado, para regimentarlo debajo de esta orientación propatronal al servicio del imperialismo.

En este sentido, mención aparte recibió el reclamo por la legalización del aborto, que se elaboró a espaldas de las mujeres primero (a pesar de existir el de la Campaña por el Derecho al Aborto) para quedar cajoneado después, con la excusa de la pandemia. La clandestinidad sigue siendo un problema vigente y, a sólo unos días del 28 de mayo (Día de Acción Mundial por el Acceso a la Salud de las Mujeres), se discutió la necesidad de seguir luchando por ese reclamo.

La responsabilidad del Estado respecto a la violencia sufrida por las mujeres también estuvo presente en el relato de una trabajadora del Enacom, que por denunciar una situación de acoso laboral por parte de su jefe, fue despedida en 2013. Ningún funcionario de ningún gobierno le ha dado una respuesta al día de hoy, ni varones ni mujeres, demostrando el carácter de clase que tienen nuestros problemas y la complicidad y responsabilidad estatal en los mismos. 

La conclusión frente a todos estos debates fue la necesidad de tomar en nuestras propias manos la organización por todos nuestros reclamos. En este sentido fue planteada la demanda por un Consejo Autónomo de Mujeres y Diversidades Sexuales, electo por nosotrxs y con presupuesto estatal. También la necesidad de recuperar las direcciones de los sindicatos, que vienen desoyendo y entregando todas nuestras luchas, como quedó demostrado en la experiencia de la trabajadora del Enacom y, de manera más general, en el pacto de rebajas salariales firmado recientemente por la CGT. Mientras insisten en que con el acceso de un puñado de mujeres a ciertos cargos jerárquicos rompimos el “techo de cristal”, la brecha salarial entre varones y mujeres se mantiene en torno al 27%, en función de que la gran mayoría de las mujeres percibe salarios de miseria.

A muy pocos días del próximo Ni Una Menos el 3 de junio, resolvimos llevar adelante una campaña de visibilización de la violencia sufrida por las mujeres y una nueva reunión para seguir organizando la gran jornada de lucha que, sin lugar a dudas, se realizará ese día.