Este Congreso nos encuentra en medio de una crisis económica, social y sanitaria sin precedentes, en un cuadro de explotación y precarización laboral en ascenso. El empeoramiento de las condiciones de vida de la población trabajadora en general y de lxs trabajadorxs estatales en particular es absolutamente indiscutible: basta ver el miserable “aumento” que preparan el gobierno junto a las burocracias de ATE y UPCN, muy por detrás de la inflación y en un acelerado proceso de depresión de nuestras condiciones salariales, que colocará aún más compañerxs por debajo de la línea de pobreza ($63.000) y muchísimos más por debajo de la Canasta de Consumos Mínimos elaborada por ATE INDEC ($93.000).

Esta situación, ya de por sí desesperante, se ve aún más agravada para las decenas de miles de compañerxs que cumplen tareas bajo modalidades de contratación precaria, trabajando sin aumentos y sin ningún tipo de reconocimiento ni garantía de continuidad. Año tras año vemos cómo la caja del Estado es apropiada por parte de la clase gobernante, que contrata y despide trabajadorxs, hace y deshace programas, estructura y reestructura ministerios, todo a gusto y piacere y sin importarle en lo más mínimo los derechos laborales de quienes ponemos el cuerpo todos los días (y en teletrabajo, también nuestras computadoras, teléfonos, internet, etc.).

Pero además sucede que, como en muchos otros gremios, son mayormente las mujeres las que ocupan los puestos más precarizados. Un claro ejemplo de esto es el caso de las más de 150 compañeras del programa PNASTE (antes llamado Asistiré), que luego de exponerse todo el año pasado acompañando las trayectorias educativas desde los territorios se quedaron sin trabajo y sin ingresos por la decisión arbitraria del Ministerio de Educación que las despidió sin ningún tipo de aviso ni justificación. O el caso de las compañeras precarizadas en los servicios de limpieza, que los Ministerios tercerizan a través de empresas que reproducen cotidianamente la violencia y de la cual los funcionarios se desentienden, como sucedió en el INTI el año pasado, cuando en plena pandemia y de un día para el otro despidieron a todo el personal de limpieza, y fue gracias a la solidaridad y la lucha promovida por la Junta Interna del organismo, que se logró la reincorporación de las despedidas.

Ministerios… ¿para qué?

Cuando este gobierno asumió, además, planteó que para poder intervenir sobre estas cuestiones se creaba un Ministerio de la Mujer. Como señalamos desde el Plenario de Trabajadoras y Tribuna Estatal, no se trataba de crear organismos, sino de desarrollar políticas que realmente aborden soluciones a las múltiples violencias que las mujeres trabajadoras debemos soportar todos los días. Pero resulta que, por el contrario, hemos asistido incluso a una sub-ejecución del presupuesto afectado a programas de género, en un año en el que precisamente ha recrudecido la violencia hacia las mujeres, confinadas en sus hogares con los violentos.

Otro tanto podemos decir de la ausencia absoluta de protocolos para abordar la violencia de género dentro de las oficinas: la propia capacitación en géneros encuadrada en la Ley Micaela ignora por completo la posibilidad de que la violencia sea ejercida por un superior jerárquico, como sucede en la mayoría de los casos, y el rol de la miseria salarial y la precarización laboral ejercida por el propio Estado, que opera como garante para estas violencias. Las licencias por violencia de género no se aplican, y cuando lo hacen solo contemplan casos de violencia doméstica Por otra parte, las instancias creadas para abordar estos casos operan a la medida de la burocracia y las patronales, enterrando las denuncias en circuitos interminables que en el mejor de los casos envían “sugerencias” sin hacer ningún tipo de seguimiento y quedando al arbitrio y discrecionalidad del/la Ministro/a. El caso de la compañera que denunció el acoso de su jefe y obtuvo un fallo de la justicia antes que la CIOT tomara ningún tipo de medida, es clarificador en este sentido.

Pero incluso los aspectos que podrían verse como progresivos, como fue la promulgación del cupo laboral trans en la administración pública, se montan sobre discriminaciones que operan en los niveles más básicos: resulta que el convenio colectivo de trabajo establece que el 85% de la planta laboral del Estado debe revistar planta permanente. Esto no solo no se cumple, siendo cada vez mayor el porcentaje de contratades, sino que ni siquiera está contemplada la realización de concursos para que les compañeres travesti-trans ingresen a la administración pública con derechos plenos.

ATE… ¿estás ahí?

Todo esto sucede bajo la mirada indistinta de las burocracias de ATE y UPCN, que negocian a espaldas de les estatales y operan completamente divorciadas de las necesidades de las mujeres y diversidades trabajadoras. No hemos visto una sola acción de lucha, siquiera una queja, elaborada por las direcciones de ATE y UPCN por nuestras reivindicaciones: ni por protocolos, ni por lactarios, ni por licencias, ni por condiciones laborales, ni por cupos para los jardines materno-parentales. En aquellos lugares donde se han conquistado alguna de estas reivindicaciones fue por la lucha sistemática de los sectores más organizados: algunos en Juntas Internas combativas recuperadas de la burocracia, y, en muchos otros casos, donde las Juntas responden a las burocracias de la Verde o la Verde y Blanca, a través de espacios de organización de base como son las asambleas autoconvocadas y las comisiones de géneros.

El reagrupamiento de Juntas Internas combativas es un paso enorme en este sentido, del que debemos valernos para amplificar la organización por nuestras reivindicaciones en cada uno de los organismos.

Está claro que las mujeres y diversidades trabajadoras de la administración pública tenemos una enorme tarea por delante. Por eso, vamos a ir a la comisión de Mujer y Sindicatos de este Segundo Congreso Nacional del Plenario de Trabajadoras, a llevar todos estos planteos y debatir cómo avanzamos para impulsar la organización en todas las dependencias, a través de comisiones de base que tomen en sus manos la lucha contra la violencia de género e institucional dentro del Estado

¡Adelante compañeras!