El poder judicial le concedió la libertad provisoria luego de seis años de encierro, en los que esta mujer fue vulnerada sistemáticamente por ser pobre, migrante y quechua parlante. Su excarcelación es el resultado de la intervención de la Comisión Provincial de la Memoria, que denunció el injusto proceso al que fue sometida y de la demanda del movimiento de mujeres por su liberación.

El caso de Reina es emblemático, sobre ella el Estado descargó toda su violencia, llevando a niveles de paroxismo la violencia doméstica y la penuria social de esta mujer triplemente oprimida por su clase, nacionalidad y género.

La justicia la condenó a cadena perpetua por el asesinato de su marido en base al testimonio de uno de sus hijos, que en ese momento tenía 5 años, que hablaba poco el castellano y al que sometieron a una Cámara Gesell sin la presencia del equipo profesional adecuado para tales pericias. Según su abogada “Ellas (las psicólogas, a posteriori) fueron muy claras en el sentido de que eso no se podía tomar por válido de ninguna forma, que lo que el niño decía era un discurso que repetía y que había sido inculcado por un mayor. El niño hablaba en quechua, la fiscal lo interroga en castellano y todo el tiempo está interpretando lo que el niño balbucea muy confusamente” (Notas, 21/12)

El pecado original de Reina, quien fue la que denunció la desaparición de su marido, fue asentir con la cabeza cuando la policía le preguntó si ella lo había asesinado, luego de que encontraran el cuerpo enterrado en un terreno aledaño de la casa que compartían. Reina no hablaba ni comprendía bien el castellano. En 2011, un año luego de su encarcelamiento, la CPM se encontró con este caso en su ronda por los penales provinciales y pidió que le pusieran un traductor, lo primero que le dijo fue “No entiendo nada”. Reina no sólo no tuvo el derecho a defenderse, sino que ni siquiera comprendía de qué se la acusaba. Cuando cayó presa, estaba embarazada. Su hija nació en cautiverio.

El recorrido de Reina de Bolivia a la Argentina, incluye un traslado forzoso bajo la coacción de su esposo de llevarse por la fuerza a los hijos de ambos; el cautiverio en la casa del barrio de Soldati que compartía con los familiares de su marido, dado que le retuvieron su documento de identidad, y la explotación sexual a manos de su esposo, que la entregó a un amigo en concepto de pago de deudas por juego. Este hombre es el segundo sospechado por el asesinato del que fuera esposo de Reina, apresado, murió en la cárcel (Ídem)

A este derrotero se suma un cuadro de violencia doméstica y pobreza extrema, la familia trabajaba por monedas y vivían en una pieza sin baño. Él cortaba ladrillos, ella los apilaba, en “Los hornos de Chacho”, en Florencio Varela.

Finalmente, tuvo lugar una audiencia en la que Reina pudo contar su historia. Tras la declaración, los jueces la pusieron en libertad hasta que haya una sentencia firme. La cuestión de fondo aún debe resolverse.

Exigimos la anulación de la condena y que se investiguen las responsabilidades de los funcionarios judiciales que actuaron en perjuicio de los derechos de esta mujer trabajadora.