La Cámara de Diputados aprobó (147 votos a 41) un proyecto de ley que obliga al sistema público de salud, obras sociales y prepagas a practicar gratuitamente la ligadura de las trompas de Falopio y la vasectomía, operaciones que impiden el paso de óvulos y espermatozoides, respectivamente, y evitan en forma permanente el embarazo. Si el Senado lo aprueba, los mayores no necesitarán autorización judicial ni médica, ni consentimiento de la pareja, algo que se exigía en algunas de las 14 provincias donde estaba legislado.

 

Esta ley es una antigua reivindicación del movimiento de mujeres, que compartimos en nombre de los derechos democráticos. Pero no son ésos los fundamentos esgrimidos por quienes impulsan el proyecto: el kirchnerismo, el ARI (excepto Carrió, airada vocera de la postura clerical), los socialistas, algunos radicales, etc. En primer lugar, la ligadura y la vasectomía —como el aborto— deberían utilizarse excepcionalmente. Por ejemplo, para evitar definitivamente el embarazo si pone en riesgo la salud. Pero nunca como un anticonceptivo más, porque hay infinidad de métodos incruentos, que se pueden suspender cuando una/o lo decide.

 

En el proyecto K, por el contrario, la ligadura de trompas “queda como un método anticonceptivo más, dentro de una amplia oferta: los de barrera (preservativo, diafragma); los hormonales (orales, inyectables, parches); los bioquímicos (gel y espermicidas) y el DIU” (Clarín, 28/6). Pero a los hospitales y salitas —donde se atiende la mayoría de las mujeres— esa “amplia oferta” nunca llegó, aunque el gobierno está legalmente obligado a suministrarla.

 

Ahora las trabajadoras tendrán la “libertad” de “elegir” evitar sus embarazos con una vía quirúrgica e irreversible. Porque revertir la ligadura de trompas —son escasísimos los hombres que piden una vasectomía, tanto en la Argentina como en cualquier otra parte— exige una operación compleja y cara (20.000 dólares), con aparatología sofisticada inexistente en hospitales donde no hay ni enfermeras. Y la ley no establece la gratuidad de la reversión, con lo cual ésta será posible científica pero no prácticamente (Clarín, Página/12, La Nación, 28/6). Proponer la fertilización asistida es una burla: esos costosísimos tratamientos están excluidos del PMO (Plan Médico Obligatorio).

 

Control de la natalidad… de chicos pobres

 

A pesar de que las “progresistas” afirman que la ley iguala los derechos de las mujeres pobres y de las que pueden costearse discretamente una ligadura en el ámbito privado, evitaron dar estadísticas. Sospechamos que son irrelevantes: las mujeres que acceden a una anticoncepción segura no van al quirófano a ligarse las trompas, usan DIU, se ponen un parche o toman la pastillita. Y cuando quieren tener muchos hijos, los tienen, abrigaditos, alimentados y educados.

 

La discusión en Diputados revela que estamos frente a una política de control de la natalidad dirigida sólo a los explotados: “Se trata de incluir a las clases más postergadas”, dijo el diputado “K” Sylvestre Begnis. “Las mujeres que piden hacerse una ligadura en los hospitales han tenido ya muchos hijos y no quieren tener más por razones emocionales o económicas. Son mujeres pobres, desesperadas (…) en la medida en que no pueden controlar su reproducción, recurren a abortos inseguros”, explicó Mabel Bianco, funcionaria de Alfonsín y De la Rúa, consultora de la ONU.

 

¿Y desde cuándo la Dra. Bianco representa los intereses de las mujeres “pobres y desesperadas”? Ni las “especialistas de género” ni el gobierno pueden imponernos sus criterios de “control de nuestra reproducción”. Que jamás una mujer debería verse privada del derecho a la maternidad “por razones económicas” no figura en su lista de derechos, porque su única política de disminución de la pobreza es la disminución de nacimientos de chicos pobres. Nosotras exigimos anticoncepción gratuita y legalización y gratuidad del aborto, de la vasectomía y de la ligadura de trompas. Pero con la misma fuerza con que defendemos nuestro derecho a no ser madres o a decidir cuántos hijos tenemos, exigimos que el Estado provea vivienda, salud y educación para todos los hijos que sí decidamos tener.

 

El capitalismo es incapaz de garantizar ni un derecho ni el otro. Por eso sus políticas de anticoncepción, disociadas del derecho a la maternidad, pierden cualquier carácter progresivo y son puro control de la natalidad. Control estatal sobre el cuerpo y la vida de las mujeres.

 

Rehén de sus pactos con la Iglesia, K intenta enfrentar el altísimo costo social y presupuestario de la muerte materna por abortos clandestinos instrumentando una política salvaje de anticoncepción. Las mujeres pobres que no quieran más hijos ¡al quirófano! Si hay turno y si hay quirófano, claro. Y si los hospitales desmantelados no dan abasto, ya se derivarán a la medicina privada, garantizándole nuevas ganancias a expensas de nosotras y de los recursos del Estado.

 

Hay que acabar con un sistema capaz de pervertir y volver contra las masas hasta sus reivindicaciones democráticas.