La ciudad de Córdoba amaneció con afiches de la campaña #ConMisHijosNoTeMetas, empapelando carteleras de obras en construcción y el vidrio trasero de colectivos urbanos. Esta cartelería en la vía pública aparece días después de que se viralizara un audio del pastor Carlos Belart del Consejo Pastoral Evangélico de Córdoba, que anunciaba una campaña contra las reformas a la Ley de Educación Sexual (26.150), recientemente aprobadas en las comisiones de Educación y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados.  En este mismo sentido se expidió mediante un comunicado oficial la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la República Argentina (Faera) en defensa del respeto al “ideario institucional”.

La enorme marea verde que durante este año se apoderó del país en reclamo del aborto legal, con un fuerte cuestionamiento a la injerencia clerical, provocó la virulenta reacción de  las  iglesias católica y evangélica, que no escatimaron en recursos para sostener la clandestinidad del aborto como herramienta de disciplinamiento de las mujeres, sobre todo de las pobres. La contraofensiva de estas instituciones medievales y anti derechos ahora apunta los cañones contra las posibles modificaciones de la ley ESI, tanto en el Congreso Nacional como en las legislaturas provinciales. Complementan el lobby y los aprietes parlamentarios con esta campaña de propaganda reaccionaria, oscurantista y discriminatoria de las identidades sexuales, financiada con los cuantiosos recursos económicos de la Iglesia y con el aval del poder político.

En una ciudad de Córdoba marcada por un altísimo embarazo adolescente –y sus consecuencias en la deserción escolar-, el intendente radical Ramón Mestre concede espacios públicos, carteleras y transporte urbano de pasajeros para el desarrollo de una campaña criminal de adoctrinamiento a la sociedad. La postración ante la Iglesia es toda una marca de la UCR, cuyos senadores votaron mayoritariamente a favor del aborto clandestino en el Congreso.

La Iglesia no solo sigue recibiendo fondos públicos nacionales para el sostén de los onerosos salarios de los curas acusados de pedofilia –mientras se anuncia el cierre de ministerios y un presupuesto de ajuste para 2019-; además,  normas provinciales como el Código Tributario  le garantizan exenciones impositivas de todo tipo que utilizan en beneficio del culto, pero también para negocios empresariales. Atendiendo a esta realidad desde la banca del Frente de Izquierda-Partido Obrero hemos presentado en la Legislatura un proyecto para terminar con las exenciones otorgadas a entidades religiosas en todas sus expresiones, como parte de la campaña nacional por la separación de la Iglesia y el Estado.

Los mismos sectores que se opusieron a la legalización del aborto bajo el argumento de que la solución estaba en el acceso a la educación sexual, se rebelan contra esta una vez rechazada la ley, planteando que no quieren que sus hijos sean expuestos a la “ideología de género”. Lo cierto es que para la Iglesia es intolerable cualquier conquista del movimiento de mujeres y de la juventud, que cuestione su estrecha vinculación con el Estado burgués y haga peligrar su rol histórico de control social, fundamental en tiempos de crisis y brutal ajuste.

Repudiamos esta campaña reaccionaria contra las modificaciones a la ley ESI y la componenda del Estado que refuerza los lazos con el clero. El 18 de septiembre, en el marco de la jornada nacional resuelta por el Congreso del Plenario de Trabajadoras, dimos un paso certero en la lucha por la separación de la iglesia del Estado -que sin duda será solo el preámbulo de grandes conquistas para el movimiento de mujeres.