Después de la victoria de la media sanción del proyecto de aborto legal consagrada en Diputados, los tres senadores por Córdoba, Laura Rodríguez Machado y Ernesto Martínez, de Cambiemos y el justicialista Carlos Caserio se apresuraron a cerrar filas dejando de lado banderías políticas para colocarse a la cabeza de un armado nacional de maniobras para bloquear la aprobación en la Cámara de Senadores.



La estrategia utilizada consiste en realizar modificaciones al proyecto en una supuesta “posición intermedia” entre quienes apoyan la legalización sin cambios y los que la rechazan. Estos últimos, por su parte, golpeados por la ola verde trabajan en una variante de despenalización para evitar el aborto legal.



La afirmación fraudulenta de los tres senadores cordobeses de que están de acuerdo con la legalización “pero con modificaciones”, es un ardid para ocultar que la procedencia de cualquiera de los cambios que ellos proponen implicaría la degradación del proyecto conquistado en Diputados y la permanencia del aborto clandestino. Asimismo, se debe destacar que cualquier cambio conducirá a que el proyecto regrese a la cámara baja entrando en las dilaciones de un laberinto parlamentario interminable.  



Entre las modificaciones que quieren imponer está la inserción de la objeción de conciencia institucional, que responde al reclamo de clínicas privadas vinculadas a la iglesia -el Hospital Privado de Córdoba, la Reina Fabiola y la Clínica del Sol, entre otras- que amenazan con interponer acciones de inconstitucionalidad para eximirse de aplicar la ley en el caso de que se apruebe. 



Se pretende una vía de excepción cuando, en realidad, se trata de una herramienta eficaz para imponer los designios del clero por encima del propio Estado en materia de salud. De hecho, el recurso de amparo y el planteo de inconstitucionalidad ha sido el mecanismo judicial utilizado por el Portal de Belén para obstruir durante seis años el aborto no punible, con el beneplácito del poder político y la Justicia provincial.    



En términos concretos, avalar aquella modificación al proyecto implicaría el impedimento de acceso a la práctica para miles de trabajadoras que tienen como prestatarias a esas clínicas privadas por medio de sus obras sociales. Es el caso de la Administración Provincial de Seguro de Salud (Apross), obra social de la provincia de Córdoba que, junto con el PAMI, concentra el 70% de los afiliados provinciales.



Por otro lado, estos mismos senadores que corresponden a las fuerzas políticas que gobiernan en el orden nacional y provincial, respectivamente, a pesar de ser impulsores de la descentralización del presupuesto y del vaciamiento de la salud pública, cínicamente apelan a la cuestión presupuestaria para cuestionar la aplicación de una ley de aborto, por “la escasez de recursos en provincias y municipios”. 



El planteo no solo devela la falta de escrúpulos de los sostenedores del negocio del aborto clandestino que cientos de mujeres pagan con muerte y mutilación;  también resulta falaz, toda vez que la legalización del aborto permitirá reducir los elevados costos que actualmente afronta el sistema de salud por las miles de internaciones producidas al año a consecuencia de la práctica en la clandestinidad, lo cual fue reconocido hasta por el propio ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, en las comisiones de Diputados. 



Pero, por si le faltara algo a esta concertación clerical anti derechos, paradójicamente el gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, quien mantiene en reserva su opinión respecto a la legalización, acaba de anunciar que destinará $70 millones a un nuevo Programa de Salud Sexual y Reproductiva porque, repentinamente, descubrió que la clave para combatir el aborto clandestino es evitar el embarazo no deseado.



Schiaretti que, como los senadores cordobeses, seguramente se vio sacudido por la masividad del movimiento pro aborto legal, apuntala de esta manera la posición de los que quieren imponer “modificaciones” en el proyecto colocando trabas a la libre aplicación de la intervención. El gobernador desvía el eje hacia medidas “preventivas” que deben ser complementarias y no sustitutivas del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo.  



La medida también retrata la impostura de un gobierno vaciador de áreas de asistencia y contención de mujeres en estado de vulnerabilidad, cuyas políticas de ajuste y precarización laboral han condenado a miles de familias trabajadoras a vivir en la indigencia, la desocupación y sin acceso a la vivienda.   



Mientras los senadores por Córdoba se encuentran a la vanguardia de la reacción clerical, que incluye al gobierno de Macri, pero también a los gobernadores del PJ, el movimiento de mujeres de Córdoba, con un contundente pañuelazo frente a la Casa de Gobierno, en el medio del Mundial, le salió al cruce a la vicepresidenta Gabriela Michetti y repudió sus falsas  afirmaciones respecto de una supuesta conciencia “próvida” (es decir pro aborto clandestino) que imperaría en el interior del país. 



Asimismo en una asamblea multitudinaria, después del triunfo de la media sanción, resolvimos profundizar el método de la movilización trazando una abultada agenda de asambleas, pañuelazos e intervenciones hasta conquistar el aborto legal. 



Este martes 3 de julio, en un hecho inédito, tomamos por asalto el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Justicia con un pañuelazo que dejó en claro que las mujeres no estamos dispuestas a permitir que por la vía judicial se arrebaten nuestras conquistas; asimismo el jueves 5 de julio tendrá lugar otro pañuelazo en la sede de UEPC (Sindicato de Docentes) para impulsar la firma de una carta abierta dirigida a los senadores.  



En este nuevo tramo de una lucha de características históricas, somos conscientes de que así como derrotamos el lobby del clero en Diputados, lo haremos en Senadores, garantizaremos la aplicación del aborto legal y gratuito en hospitales y triunfaremos en la separación de la Iglesia del Estado.