En Misiones el vínculo entre el Estado provincial y la Iglesia Católica es de larga data pero, en las últimas décadas, se ha profundizado. En nuestra provincia el clero, como institución, avanza en materia de enseñanza, sanidad y asistencia social, reemplaza al Estado en muchas de esas tareas y a su vez recibe subsidios millonarios por medio de sus ONG’s y asociaciones civiles.

Hay ejemplos paradigmáticos y de sobra con respecto a ello: las instituciones educativas públicas “de gestión privada” de los niveles primario y secundarios, en su gran mayoría confesionales, que reciben dinero del Estado. Otro tanto ocurre con el nivel terciario y como ejemplo de ello podemos tomar al Instituto Superior A. R. de Montoya beneficiario de cuantiosos subsidios del erario público, que en su oferta académica posee carreras que no se dictan en la universidad pública como psicopedagogía y profesorados en nivel inicial y educación física y por lo tanto es un importante espacio de adoctrinamiento. En las instalaciones de este instituto se llevaron a cabo charlas contra la aprobación del proyecto IVE en el 2018.

Mención aparte merece lo sucedido con la Universidad Católica de las Misiones- UCAMI- proyectada por el obispado de Posadas, que recibió en el 2009 un subsidio de 5 millones de pesos para ponerse en funcionamiento. Esta universidad tiene el monopolio de la carrera de medicina en la provincia, además de otras disciplinas vinculadas a la salud como la licenciatura en obstetricia y utiliza al Parque de la Salud como hospital escuela de manera gratuita. No es difícil imaginar que la formación reaccionaria que reciben estos futuros profesionales de la salud en una institución clerical la trasladen a sus prácticas en el hospital central de la provincia. 

En materia sanitaria hay que señalar que el Parque de la Salud fue un proyecto de ley presentado por Carlos Rovira en el 2014, que prácticamente transformaba al hospital más importante de la provincia, Ramón Madariaga, en un complejo con autonomía financiera para cuya administración y gobierno se constituyó una fundación. Esto dió lugar a todo tipo de negocios con empresas tercerizadas y convenios privados, una aplicación en regla de trabajo precarizado y por supuesto asegurándose que los jefes principales de las distintas áreas del parque estuvieran alineados no solo con el oficialismo sino también con la Iglesia Católica. Es en esta clave que debe entenderse que todo el hospital neonatal se haya declarado objetor de conciencia en el marco de la discusión del proyecto IVE en el Congreso de la Nación.

La iglesia y el proyecto reeleccionista de la Renovación

Es necesario traer a colación un hecho político de trascendencia que se desarrolló en el año 2006, cuando Carlos Rovira- gobernador en funciones- pretendía reformar el artículo 110 de la Constitución provincial, que limita la posibilidad de una segunda reelección y así aspirar a un tercer mandato como gobernador. Lejos de “renovar” algo se pretendió instaurar la reelección indefinida para el cargo de gobernador y vice. Se trataba de la prueba piloto del kirchnerismo que tenía en sus planes una reforma de la constitución que hiciera posible la rereelección presidencial. La lista opositora a “la re re” para la convención constituyente fue liderada por el obispo católico Joaquín Piña, de la mano de Bergoglio, entonces arzobispo de Buenos Aires.  Piña nucleó en el Frente Unidos por la Dignidad (FUD), que se logró imponer con un total de 20 convencionales, a un sector amplio de la centroizquierda, el peronismo y radicalismo, así como representantes de la CGT. 

Rovira pierde la elección de convencionales del 2006 pero en ese hecho parece haber encontrado la fórmula para atornillarse en el poder, no ya desde la gobernación, sino desde el poder legislativo. De hecho, el 1° de mayo último inició su decimotercer período como presidente de la Cámara de Representantes, elegido por diputados oficialistas, claro, y por opositores también. Este lugar es desde donde conduce el espacio político que gobierna la provincia desde hace casi dos décadas.

Costosísimo símbolo de la reconstrucción de las relaciones con la Iglesia

El circunstancial enfrentamiento con el clero local y la derrota en manos de este, dieron lugar a un proceso de restablecimiento de las relaciones con la Iglesia lubricada con millones del presupuesto público: la costosísima construcción de la cruz de Santa Ana y el ya mencionado financiamiento a la Ucami, como hitos de este plan.

Iglesia y Estado, una política de integración

Es interesante ver el derrotero político posterior de algunos de los integrantes del variopinto frente “contra la re re”, catorce años después, integrados de lleno al Frente Renovador de Carlos Rovira, al mismo que pretendían poner un freno en su aspiración de eternizarse en el poder. Tal es el caso del sector del peronismo ligado al sindicato de camioneros y Rossana Barrios también convencional constituyente del FUD (Frente Unidos por la Dignidad) por el PJ. Barrios es la actual subsecretaria de Cultos del Ministerio de Gobierno. Esta subsecretaría se puso en funcionamiento en el 2008. La subsecretaría cuenta con tres direcciones: la de Confesiones Religiosas, la de Culto Católico y la de Relaciones Públicas y Formación. No tiene otra función más que mantener relaciones institucionales con autoridades eclesiásticas, pero al manejar presupuesto tiene una capacidad de propaganda, como lo demostró al sostener y poner un sello oficial a las campañas y actividades de la Mesa Juntos por la Vida en el 2018 en contra de la legalización del aborto. 

Tenemos un Estado provincial infestado de principio a fin por elementos clericales, en áreas estratégicas como la salud, la educación y la asistencia social, que pintan un cuadro de absoluta integración del clero que nos cuesta millones a las y los misioneros. El Estado pone a disposición todo un andamiaje de recursos para facilitar y garantizar la tutela e influencia religiosa en la vida social a cambio de respaldo político, fundamentalmente en situaciones de crisis, para fogonear la resignación a la explotación y la obediencia a ciegas.

Por el momento es la Iglesia Católica la mayor beneficiaria de esta política pero, a medida que suman fieles y ganan terreno los sectores evangelistas, la renovación estrechó la alianza con ellos también. Sabemos que ello se traduce que en que no existe educación sexual laica y respetuosa de las disidencias sexuales en los distintos niveles educativos; que no se garantiza el acceso a los métodos anticonceptivos; que no se aplica el protocolo de acceso a la interrupción legal del embarazo en el sistema de salud y, en definitiva, se imponen en la educación de la clase trabajadora valores retrógrados y de sometimiento. 

Llamamos a rechazar esta integración política que se da a espaldas de la población y que se levanta sobre la base de la pobreza y la precariedad de las condiciones de vida de las y los misioneros. En virtud de estas conclusiones, la organización por la lucha por la separación de las iglesias del Estado es una tarea que está en manos del movimiento de mujeres, que para ello debe defender su independencia política. El próximo 3 de junio, saldremos a las calles nuevamente reclamando la ruptura con las iglesias y aborto legal, seguro y gratuito.