Frente a la fiscalía de la localidad bonarense de Luján, referentes y organizaciones de mujeres y disidencias se movilizaron este lunes 8 junio para exigir “que se actúe ante casos de abusos y violencia que son denunciados y cuyas víctimas se sienten desprotegidas” (El Civismo, 8/6).

El cuadro respecto a la situación de la mujer en nuestro distrito, al igual que en el país, es sumamente crítico. Por caso, de parte del Estado municipal, no hay acciones de fondo para afrontar la problemática de la violencia de género. Un ejemplo cabal se dio en la jornada del 3J “Ni una menos”, cuya actividad oficial fue apenas para inaugurar un banco rojo en la plazoleta “De la Mujer”, ubicada en el barrio San Cayetano, en conmemoración de un femicidio ocurrido hace 20 años atrás.

Mientras, que por otro lado, el municipio no cuenta con un solo refugio para alojar a las mujeres víctimas de parejas violentas y potenciales femicidas. Siendo que hoy, con el aislamiento, nos encontramos mucho más expuesta a las violencias en nuestros hogares.

Además, en esta semana donde se puso sobre el tapete el indignante pedido del fiscal Rivarola para excarcelar de los 6 violadores de la provincia de Chubut (caso ocurrido en 2012), porque lo consideró un “desahogo sexual“. Aquí, la justicia de Luján no ha puesto todavía en el banquillo a la “manada de Luján“, unos siete violadores que sometieron a una joven de 17 años en diciembre de 2019. Los mismos andan libres y con toda impunidad protegidos por el poder. La única respuesta del Estado municipal y el poder judicial fue reprimir en su momento una movilización que reclamaba justicia por la joven.

Pero estos casos no son hechos aislados, sino que son la prueba de los vínculos estrechos de encubrimiento entre la justicia y el poder político.

Desde el Plenario de Trabajadoras denunciamos la responsabilidad del Estado como primer garante para reproducir la violencia hacía las mujeres, que garantiza los interés del capital a través de la explotación y el sometimiento que nos oprime.

Frente a esto, es necesario desarrollar una lucha independiente del Estado; para desmantelar la complicidad del poder político y judicial, proponemos la elección de jueces y fiscales mediante el voto popular, con cargos revocables.

Tenemos que luchar por la creación de un Consejo Autónomo de las Mujeres, independiente del gobierno de turno, para garantizar medidas concretas contra la violencia y opresión que sufrimos las mujeres.

Basta de abusos y femicidios.

Ni una menos, el Estado es responsables.