Interpelado por el caso Belén, el gobernador tucumano del Frente para la Victoria, Juan Manzur, dijo que “espera que se resuelva lo antes posible”. Se pronuncia dos años y cuatro meses tarde, considerando que la joven tucumana está encarcelada desde 2014 y cuatro meses después de que se conociera la condena a ocho años de prisión por haber cursado un aborto espontáneo incompleto, tal como figura en la historia clínica del hospital Avellaneda de San Miguel. El tribunal de la Sala III de Tucumán arbitrariamente calificó a este hecho como “homicidio agravado por el vínculo”, pese a no existir siquiera un ADN que corrobore la filiación del feto que aparece en la causa con la mujer.

 

Belén hizo un recorrido directo del hospital público a la cárcel, pasando por un "control ginecológico" hecho por la policía en la sala donde la estaban atendiendo. La violencia obstétrica ejercida contra ella y la violación del secreto médico-paciente no es objeto de ninguna investigación judicial.

 

Manzu, último ministro kirchnerista de Salud y actual aliado pejostista del gobierno de Cambiemos, se pronuncia presionado por las circunstancias. Lo mismo el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, que mantuvo una reunión con las diez organizaciones que presentaron el amicus curiae ante el Tribunal Supremo por la nulidad de la sentencia. En los gestos fue un poco más allá, e intentó visitar a Belén en el penal pero no pudo, ya que ella denegó un encuentro sin la presencia de su abogada, avezada en los atropellos que se ejercen desde el poder.

 

La gigantesca lucha popular por Libertad para Belén que encabezan las organizaciones de mujeres ha sido abrazada por personalidades de la cultura de primer nivel mundial, ha logrado develar la serie de violaciones ejercidas desde el Estado contra los derechos sexuales y reproductivos de la joven y amenaza con poner sobre el tapete la necesidad de legalizar el aborto.

 

El pedido de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y de Amnistía Internacional por su liberación han terminado de minar un fallo aberrante, tanto, que el Ministro fiscal de la provincia de Tucumán, Edmundo Jiménez, ha pedido que se le conceda a la defensa el recurso de casación por la nulidad de la sentencia.

 

La vacuidad jurídica expresa que lejos de cualquier atisbo de defensa de la "legalidad" los jueces instrumentan un mensaje aleccionador sobre las consecuencias de abortar en Tucumán y en la Argentina, parte de la cultura del miedo, la represión y los estereotipos misóginos que inculca a la sociedad el Estado capitalista.

 

El gobernador ha encomendado a la ministra de Salud, Rossana Chahla, el seguimiento del caso.

 

La ministra de Salud tiene en su haber varias denuncias por violencia obstétrica, por caso, en 2012, una mujer que cursaba un aborto espontáneo terminó imputada penalmente tras la denuncia de las médicas que la atendieron en el hospital de la Maternidad, donde Chahla revestía el cargo de directora desde 2010. En ese momento la mujer denunció públicamente que le habían practicado un legrado sin anestesia, que la revisó la policía y que las médicas le dijeron que "(el novio) ni siquiera flores le iba a llevar a la tumba si se moría de una infección". Chahla salió públicamente a defender lo actuado así como la denuncia policial (http://www.elaconquija.com/notas/2012/8/14/pedir-ayuda-maternidad-termin…) Soledad Deza, abogada de Belén, tomó también en esa oportunidad la defensa de la mujer agraviada.

 

En 2010, Chahla encabezó una rebelión de los médicos objetores de conciencia en Tucumán contra la Guía sobre el aborto legal. Consultada sobre el derecho al aborto no punible vigente en el Código Penal respondió que “nadie está obligado a concretarlo” y que en todo caso debería haber “una resolución judicial” (http://www.lagaceta.com.ar/nota/390091/notas-tapa/medicos-no-acatan-guia…). En ese momento, Manzur revestía el cargo de ministro de Salud de la Nación, luego cuando asume como gobernador la designa como responsable en la cartera de salud pública de la provincia. Esta aparente paradoja pone de relieve que el gobierno de CFK obturó desde lo más alto del poder el derecho al aborto.

 

El último episodio protagonizado por esta funcionaria, quien además ha recibido fuertes denuncias de los trabajadores de los hospitales públicos por maltrato laboral, fue remover a la responsable del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de Tucumán luego de que la misma declarara que “no se deben denunciar las mujeres que llegan a una institución pública por aborto, porque se viola el secreto profesional” (http://apaprensa.com.ar/luego-del-caso-de-belen-la-ministra-chahla-cambi...). En su lugar, Chahla puso a una conocida ginecóloga objetora de conciencia.

 

Tucumán no adhiere al Protocolo para la Atención de Abortos no Punibles, tampoco a la ley nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Amén de que la adhesión normativa no garantiza la aplicación concreta, constituye toda una señal política y en los hechos se expresa en la carencia de anticonceptivos y en el temor de los profesionales de la salud a ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La condena contra Belén y su encarcelamiento, pese a no tener sentencia firme, forman parte de una política integral para amedrentar a las mujeres. Es la provincia de la impunidad para la trata de personas, donde no hay un solo detenido por la desaparición de Marita Verón. De la impunidad para los hijos del poder como lo demuestra el caso de Paulina Lebbos.

 

Continuemos con el plan de lucha nacional que impulsan las mesas regionales por la Libertad para Belén, camino independiente del Estado y la Iglesia, que ha demostrado toda su efectividad para conseguir justicia. Ninguna confianza en Manzur, miembro del Opus Dei y enemigo declarado del derecho al aborto, parte del clan Alperovich responsable de tantos ataques de Estado contras las mujeres de la clase trabajadora.

 

Libertad para Belén. Nulidad de la sentencia.

 

Defendamos el derecho al aborto no punible. Luchemos por el aborto legal.

 

 

 

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