Este #25N tuvo una gran jornada de lucha contra la violencia de género en las calles de la ciudad cordobesa. La marcha convocada por la Asamblea Ni Una Menos (ANUM) de la provincia expresó las demandas más sentidas por el movimiento de mujeres.

En efecto, la barredora que encabezó la convocatoria reclamó aborto legal con el proyecto de la Campaña y presupuesto para combatir la violencia machista, de esta manera se rechazó el pago de la deuda y los vínculos con el FMI. Fue señalada explicitamente la responsabilidad del Estado y los gobiernos frente a cada una menos.

 

 

 

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Al respecto, el documento que leyeron las diferentes organizaciones nucleadas en la ANUM remarcó las concesiones que Alberto Fernández le hizo al clero mediante su propio proyecto de aborto legal. En este punto, la objeción de conciencia representa un gran obstáculo en la práctica, para acceder a este derecho: un centro de salud entero puede componerse de personal objetor sin que la institución tenga responsabilidad en la no aplicación de la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo). Las manifestantes dejaron claro que este derecho será una conquista de la Marea verde y la persistencia del movimiento de mujeres.

En la lectura también se hicieron eco casos como el de Cecilia Basaldúa, que a más de 7 meses de su femicidio la justicia no avanza en el esclarecimiento, por el contrario, actúa en pos de encubrir a los responsables. Del mismo modo denunciaron el caso de Flavia Saganías, condenada a 23 años de prisión y hoy cumpliendo domiciliaria, por haber posteado quién era el abusador de su hija ante la inacción de la justicia.

Las organizaciones describieron a una justicia misógina, cómplice y antiderecho, que es capaz de tener en sus entrañas a miembros de las redes de trata que desaparecen a las pibas. Así como aplicar el falso SAP (Síndrome de Afiliación Parental) y burlar los derechos de les niñes abusades, para encubrir las redes de pedofilia que operan dentro de instituciones educativas. Al mismo tiempo, la justicia opera de la forma más cruel y arbitraria para desalojar y detener a mujeres que, a falta de un lugar para vivir con sus hijes, recurren a las ocupaciones de tierra como única salida ante a la gravísima crisis habitacional y la violencia doméstica.

A su turno, la compañera delegada de la ocupación Ferreyra narró el despliegue del Estado para aprehenderlas: “Karen y Marina fueron detenidas en medio de un operativo policial con más de 400 efectivos de la Policía de Córdoba, la Infantería, la policía motorizada, división canes, fuerzas especiales”, en referencia a las compañeras detenidas y recientemente liberadas. “Se presentaron con topadoras y avanzaron destruyendo todo a su paso, sin orden judicial de desalojo”, siguió relatando.

Este desalojo desnuda el carácter de clase con el que opera el gobierno de Schiaretti y su justicia adicta, que criminaliza la pobreza en defensa de los intereses del capital: “Estábamos ocupando desde hace meses un terreno baldío, que durante décadas fue un basural, un terreno contaminado, porque las empresas de la zona lo eligieron como lugar para tirar sus desechos tóxicos”, añadió la delegada. “Nosotrxs sin nada, hicimos de ese predio abandonado un hogar para nuestrxs hijxs”.

En dicha ocupación, como en tantas otras, había varias mujeres con botón antipánico y muchas jefas de familia que recibieron amenazas de que el SENAF (Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia) les quitaría a sus hijes. Por eso, más que nunca, el Plenario de Trabajadoras de Córdoba levantó en sus pancartas todo el apoyo a la lucha de las compañeras de la toma de Ferreyra así como el reclamo de Ni una menos sin vivienda.

Cabe remarcar los esfuerzos que hicieron las familias de las ocupaciones para que el gobierno las atienda: fueron al Ministerio de la Mujer, al Ministerio de Desarrollo Social, a Casa de Gobierno, realizaron varias presentaciones para pedir que se haga un relevamiento sanitario y habitacional, pero nunca fueron escuchadas. La única respuesta fue la represión y la privación de libertad a madres de escasos recursos.

 

 

 

Asimismo, la violencia económica crece en un cuadro crítico para las mujeres y disidencias que son las más afectadas en el plano laboral. Engrosan al más de 40% de pobres que hay en el Gran Córdoba.

Sigue la deuda con las mujeres mientras todos los gobiernos están alineados para pagarle al FMI mediante ajuste a les trabajadores. El Ministerio de la Mujer de la provincia destinó cero presupuesto para “El Plan” que presentó al COE con el objetivo de combatir la violencia de género en el marco de la pandemia. Todo estaba sostenido con trabajo gratuito, todos “voluntariados”. Y fracasó. No obstante lo relanzó con la misma base. Es decir que las mujeres no valen ni un peso para la ministra Claudia Martínez.

No quedan dudas, el primer violento es el Estado. Son la firmeza del movimiento y su independencia del gobierno, las herramientas más valiosas que tenemos para defendernos y proteger a las infancias de un régimen inhumano y perverso. Con el Plenario de Trabajadoras seguiremos en las calles.