El movimiento de mujeres, por lejos, la expresión más dinámica y masiva de lucha en la Argentina hoy, está imponiendo en el país el debate sobre su agenda de reivindicaciones: terminar con la complicidad e inacción del Estado frente a la violencia hacia las mujeres; el combate a las redes de trata detrás de la prostitución, y la educación sexual laica y científica para poder decidir, el acceso a los anticonceptivos para no abortar y el aborto legal, seguro y gratuito en el hospital público, para que no mueran más mujeres ni sufran mutilaciones por abortos clandestinos.

El proyecto de modificación a la Ley de Educación Sexual Integral (14.744), presentado por la banca bonaerense del Frente de Izquierda, pudo llegar a tratamiento en Diputados apoyado en esa fuerza y su impacto sobre los partidos políticos patronales que dominan la Legislatura.

Nuestro proyecto coloca la implementación de la Educación Sexual en manos de docentes, estudiantes y organizaciones de mujeres, luego de doce años de fracaso de una ley que deja librada su implementación a las autoridades de las instituciones, cuando en la provincia de Buenos Aires la mitad de los estudiantes asiste a colegios confesionales. Por eso, todos los estudios afirman que sólo dos de cada diez recibió contenido vinculados con la ESI. La necesidad de remendar esa ley es innegable. Son los centros de estudiantes, los sindicatos docentes, las organizaciones de mujeres y la disidencia sexual las que han llevado adelante la lucha por educación sexual para decidir, concibiéndola no sólo como un problema de salud reproductiva sino, a su vez, como la reflexión crítica sobre la opresión social que impide el libre desarrollo de la sexualidad. Las propias escuelas reproducen la opresión de la mujer, con códigos de vestimenta de claro corte misógino.

La sanción definitiva en la Cámara de Senadores requerirá, sin lugar a dudas, una campaña y movilización en toda la provincia, que imponga este reclamo en una cámara donde Cambiemos tiene mayoría y la oposición peronista no saca los pies del plato de la agenda oficial. Esa agenda incluyó un viaje de la gobernadora Vidal al Vaticano, en pleno debate sobre la legalización del aborto.

La reunión de Vidal con el Papa es un capítulo más de la procesión de dirigentes políticos y sindicales que van a pactar con la Iglesia una política de contención social en un marco de aguda crisis política y descontento popular.

Tanto Cambiemos como el pejotismo (disperso en cinco bloques) están divididos internamente respecto del debate del aborto legal y el lobby de la Iglesia católica. Legisladores y funcionarios de Cambiemos protagonizaron en los últimos días pañuelazos en favor y en contra de la legalización del aborto. En la sesión hubo diputados de Cambiemos que exhibieron los pañuelos celestes de la campaña impulsada por la Iglesia. A su vez, en Unidad Ciudadana revisten legisladores como Mariano Pinedo, quien firmó la solicitada contra el derecho al aborto junto a Menem, Moyano, Daer y Caló.

El avance del movimiento de mujeres ha colocado en crisis el armado de la Iglesia católica en la provincia. Se suceden los pañuelazos por el derecho al aborto y educación sexual en colegios religiosos de toda la provincia, mientras que las convocatorias a misas y procesiones contra el proyecto de legalización son un fracaso. El reemplazo del ultramontano monseñor Héctor Aguer, “Tucho” Fernández, estrenó su cargo presionando para que no se trate nuestro proyecto del ESI en la Legislatura. Tampoco tuvo éxito. No permitamos que el lobby oscurantista sustraiga este mandato popular.

Vamos por el pronunciamiento masivo de estudiantes y docentes, empezando por los centros y sindicatos, que sirvan de impulso a acciones que hagan sentir la exigencia por la aprobación de la ley.

¡Adelante!, que es la hora de la mujer trabajadora.