En las últimas horas, se conoció el desmantelamiento del equipo interdisciplinario de Interrupción Legal del Embarazo dependiente de la Secretaría de Salud del Municipio de Merlo, el cual acompañaba a las mujeres y cuerpos gestantes en dicho procedimiento. Según la Mesa Merlo por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, en lo que va del año se habían atendido alrededor de 350 pacientes; ahora, con el desarme del servicio, quedan en la incertidumbre más de 50 personas con turnos. A esta situación, se suman lxs profesionales de la salud del equipo médico sin trabajo ni respuesta de la intendencia.

Esto viene de la mano de una serie de declaraciones y posicionamientos que Gustavo Menéndez, intendente del Partido de Merlo, ha hecho desde que asumió su cargo en 2015. En plena Ola Verde, se declaró públicamente a favor de las “dos vidas” y, previamente, fue impulsor del Pacto de Padua junto con el papa Francisco y otros intendentes de la provincia, el cual se consolidó como un acta de pronunciamientos generales dentro de los cuales se encuentra el “derecho a la familia y el rechazo al aborto”, como parte del compromiso con la encíclica Laudato Si en 2017.

A su vez, se encausa en una política a nivel nacional llevada adelante por Alberto Fernández, que luego de diez meses de dilaciones a la promesa de “aborto 2020” y de manifestar que no era una prioridad en el contexto de la pandemia, hoy negocia este derecho fundamental con la Iglesia, redactándolo de la mano del Vaticano, en pos de reforzar el rol que tiene esta para garantizar el pacto social y descargar su política de ajuste contra lxs trabajadores.

 

 

Lejos de ser un hecho aislado, esta reacción forma parte del ataque constante hacia las mujeres y cuerpos gestantes y su derecho al acceso a la salud por parte del gobierno municipal y el intendente Gustavo Menéndez. El acceso a la ILE es un derecho vigente en el Código Penal desde 1921 y garantizado por el protocolo de atención de aborto no punible resuelto por el Ministerio de Salud de la Nación en diciembre de 2019, al que adhirió el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La responsabilidad del intendente es clara: en primer lugar, por el vaciamiento del equipo y, en segundo lugar, por el riesgo de vida de cada mujer que necesitara acceder al derecho de vivir una vida plena sin violencia. En este sentido, exigimos que se termine la persecución a lxs trabajadorxs que garantizan este derecho y se reestablezca el servicio de lLE para lxs mujeres y cuerpos gestantes del distrito.

¡Sumate al ciclo de charlas y actividades por la lucha por #AbortoLegal2020 del Plenario de Trabajadoras!

¡Basta de dilaciones!

#QueSeTrateYa!

Separación de la Iglesia del Estado.