Tras seis días de detención, fue liberado Rafael Primero, detenido en su vivienda de San Ignacio, donde fueron rescatadas tres niñas que habrían sido sometidas a la prostitución.

La decisión de dejar en libertad al sospechoso de 56 años y propietario del inmueble allanado el viernes 10 de junio, fue tomada por el juez de Instrucción 6, Ricardo Balor, quien no le requirió fianza alguna y solamente le prohibió acercarse a las tres menores de entre 12 y 14 años que fueron halladas en su domicilio.

Balor descartó que se trate del delito de “trata de persona” por el que le correspondería a la órbita de la Justicia federal.

El tratante, Rafael Primero, llevaba adelante una red de prostitución de menores vinculada al casino local. Según los vecinos se sabía que a este sujeto se lo podía encontrar en las salas de juego ofreciendo sus “servicios”.

El turismo en la zona ha desarrollado en los últimos tiempos un crecimiento exponencial del negocio hotelero y gastronómico, que viene de la mano del negocio de la trata, particularmente de menores y del narcotráfico.

Necesidades y negocios

La situación socioeconómica de la región representa un caldo de cultivo para esta actividad. La falta de empleo en la que estamos sumergidos trabajadores y jóvenes, sumado a la falta de educación y de salud plantean una difícil perspectiva de la que se sirven empresarios del juego, narcotraficantes y tratantes para llevar adelante un suculento negocio capitalista. La mamá de las tres niñas rescatadas es sorda, muda y vive en una situación de extrema vulnerabilidad, al igual que otras 49 familias según los propios registros oficiales del municipio. (El Territorio 19/6)

Esta situación se repite en varios puntos de la provincia, no está de más recordar el reciente caso en Posadas, donde frente al comando radio eléctrico funcionaba un bar en donde a raíz de una denuncia por abuso se descubrió casi por casualidad la prostitución de menores y venta de drogas. Asimismo, el caso del hotel-casino de Oberá donde altos funcionarios de la policía organizaban orgías con menores para empresarios chinos. O el caso de turismo sexual exótico en la aldea guaraní Fortín Mbororé de Puerto Iguazú,  donde se pudo comprobar el secuestro y la oferta de niñas originarias.

El estado es responsable

La policía, el juez Balor y el Intendente de San Ignacio, Juan Romero, del partido Renovador del ex gobernador Closs, partido provincial que adhirió al kirchnerismo durante todos estos años, son parte del armado estatal que garantiza el negocio de la trata y el narcotráfico. El intendente, lejos de pedir el traspaso al fuero federal, se puso a disposición del juez actual, quien liberó al tratante.

La impunidad al servicio de los tratantes y el grado de complicidad que hay entre la policía y los proxenetas ya sea en la apertura y permanencia de los prostíbulos, como en el secuestro de chicas para las redes de trata dejan en claro que la solución no puede venir del Estado.

Desmantelamiento de las redes de trata. Juicio y castigo al tratante, juicio político al juez Balor, elección por voto directo de jueces y fiscales, en todos los niveles y un adecuado tratamiento psicológico y médico para las víctimas.