Mujer

30/3/2017

Misiones: impunidad y violencia en el penal de mujeres de Garupá

Denuncian una situación límite.

El 27 de marzo, Mayra, una interna trans del penal de mujeres Miguel Lanus, ubicado en la localidad de Garupá, comenzó una huelga de hambre seca (sin ingesta de líquidos) porque es portadora de HIV y no recibe la atención médica adecuada desde hace un año. El resto de las internas se mantiene en estado de alerta por lo que pueda pasar con Mayra y no descartan sumarse a la protesta. 


 


Ocurre que la situación de las mujeres presas en el penal se encuentra en un límite extremo. No hay médicos ni tampoco medicamentos suficientes, cuenta con apenas con una enfermera para toda la población carcelaria. Un caso similar, que tuvo trascendencia, ocurrió con Victoria Aguirre (sobreviviente de violencia de género, detenida por el femicidio vinculado cometido por Rolando Lovera, su ex pareja, contra su hija) quien el año pasado enfermó de dengue y le fue denegado el traslado al hospital. 


 


Las mujeres demandan que se acerque alguien del Ministro de Justicia, Gabriela Estefani, la abogada del Ministerio de Derechos Humanos, y médicos que atiendan la condición de salud de Mayra y de las demás internas. 


 


 


El Estado es responsable


 


En palabras de Walter Bogado, Secretario del Área de Diversidad en el Ministerio de Derecho Humanos: "El sistema penal y judicial está en crisis".


 


La mayoría de las internas permanecen detenidas en prisión preventiva excediendo largamente los dos años que establecen los pactos internacionales suscriptos por Argentina (Agencia CTA). Cuando finalmente se elevan los expedientes judiciales, el resultado de esos  juicios raramente termina en la absolución de la detenida, porque al poder judicial  le resulta difícil justificar que esa persona haya estado más de tres años presa sin causa. 


 


La prisión preventiva es un recurso permanente para perseguir a las mujeres pobres, que son las que llenan el penal. Recordemos la detención de María Ovando, mujer pobre y analfabeta, a quien se quiso responsabilizar por la muerte de su  hija pequeña, que falleció a causa de la desnutrición. O el Nancy Da Rosa, embarazada por su patrón luego de que abusara sexualmente de ella, acusada de asesinar al feto que parió sola en una letrina.  


 


Persisten los reglamentos represivos internos heredados de la dictadura, como la celda de castigo ("la Pelada") y dentro del penal se aplica el mismo régimen carcelario a condenadas y procesadas. A este cuadro se suman el derrumbe de la atención sanitaria, de las condiciones edilicias –por ejemplo, una sola ducha para aproximadamente 40 internas– y alimenticias.


 


Esta vara no aplica para los sectores de la burguesía y del poder político de la provincia, como quedó de manifiesto con los asesinatos de Tati Piñeiro y Marilyn Bárbaro, cuyos responsables permanecen impunes por ser "hijos del poder". 


 


Frente a esta situación, el gobierno de Hugo Passalacqua, del Frente Renovador, creó la “Comisión Provincial de Prevención de la Tortura”,  que funcionaría a tiempo parcial y con cargos ad honorem. Una cortina de humo en una provincia con un prontuario escandaloso de abuso policial en comisarías y penales y una lista de más 60 personas desaparecidas.  


 


 


Abajo el régimen de impunidad y torturas


 


Desde el Partido Obrero nos solidarizamos con Mayra y apoyamos sus demandas: atención médica adecuada, basta de hacinamiento y mala alimentación, que se garantice el proceso justo y se termine con la criminalización de las mujeres pobres. Exigimos la libertad de Victoria Aguirre, injustamente encarcelada por un crimen que no cometió.  


 


Planteamos la creación de una Comisión Provincial de Prevención de la Tortura independiente del Estado, integrado por organismos de Derechos Humanos, familiares de víctimas y desaparecidos y organizaciones sociales, con capacidad de fiscalizar e intervenir en la situación carcelaria en defensa de los derechos humanos de su población.