En octubre de 2019 se conocía la tremenda noticia acerca de una niña de 10 años cursando un embarazo de 7 meses producto de una violación intrafamiliar. El pasado lunes esta niña fue sometida a una cesárea en el Hospital Materno Neonatal del Parque de la salud, de la ciudad de Posadas donde nació un varón que está ahora bajo la tutela de su abuela materna.

Éste caso es unos de los cientos que se producen en Misiones y cada uno de ellos muestra la profunda violencia estatal-clerical sobre niñas a quienes se las somete a la tortura de llevar adelante un embarazo y luego parir. En el año 2017, 201 niñas violadas (10-14 años) fueron obligas a parir en la provincia, una cifra que se mantiene casi inamovible para el 2018, donde fueron 198 los casos según los datos de la Dirección de Programación y Planificación del Ministerio de Salud Pública. Las cifras son alarmantes ya que Misiones es la tercer provincia a nivel nacional con mayor índice de embarazos de niñas y adolescentes, es decir es la tercer provincia donde más se vulneran y atropellan todos los derechos como consecuencia de las alianzas del gobierno con las iglesias, que se encargan de bloquear la implantación de la ley de educación sexual integral en las escuelas, como así también el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE).

Si bien Misiones cuenta con un protocolo desde el año 2013 y adhirió al protocolo ILE actualizado recientemente por el Ministerio de Salud de Nación, de ninguna manera ello garantiza el acceso a la práctica. La centralización de la salud pública dejó en absoluto desamparo a una parte de la población, la  más vulnerable, a la cual no le llega siquiera la información porque no hay suficientes agentes de salud que estén comprometidos y capacitados con respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Los Centro de Atención Primaria de la Salud- CAPS- en los barrios y zonas más alejadas no dan abasto ni están equipados de manera eficiente. Eso se  combina con los hospitales que están atestados de objetores de conciencia y grupos religiosos que merodean los pasillos. El protocolo especifica que no puede haber objeción de conciencia institucional pero el propio Parque de la Salud ha roto sus propias reglas: en el proceso de debate por la sanción de la ley IVE, el gerente asistencial del Hospital Materno Neonatal, David Halac, aseveró que en ese hospital todos eran objetores de conciencia. En el único lugar de la provincia donde se "aplica" el protocolo es en el Hospital Nuestra Señora de Fátima -la misma directora lo confirmó a un medio "somos referentes provinciales en atención de víctimas de delito contra la integridad sexual". Sin embargo, el gobierno lo mantiene como nosocomio nivel 2, es decir limitado en recursos y en complejidad. La situación con relación a la aplicación de la ILE se complica aún más con el nombramiento del médico pediatra anti-derechos Oscar Francisco Alarcón como nuevo ministro de salud pública quien en el período de debate por la IVE presentó, siendo diputado provincial por el oficialismo, un proyecto para declarar a la provincia como “pro vida"

La urgencia de la educación sexual y la separación de la iglesia del estado

Si bien hay una ley de ESI en el país que tiene una vigencia de más de 10 años, la misma no tiene aplicación generalizada en la educación ya que la misma está dominada por el lobby de las iglesias que, como bien sabemos, se oponen a los derechos fundamentales, en este caso la protección de la niñez. Es necesaria una educación sexual científica, laica, respetuosa de las diversidades y obligatoria en todos los niveles, que sólo se llevará a cabo plenamente por medio de la eliminación del artículo 5 que habilita al clero a " educar" bajo conceptos pre científicos y prejuiciosos; de la mano de esto la separación de las iglesias del estado, que no solo tiene injerencia en la educación y en el sistema de salud, sino que también reciben millones mientras los hospitales y escuelas se caen a pedazos.

Denunciamos la responsabilidad del estado como garante de la opresión y de la violencia que significa obligar a niñas violada a parir, exigimos la implementación de la ESI laica y científica. La aplicación del protocolo de interrupción legal del embarazo. Aborto legal ya. Separación de la iglesia del estado.