Ayer, profesionales que se desempeñan en la línea 137 de Misiones, encargada de la asistencia en situaciones de emergencia a víctimas de violencia de género, dependiente de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, a cargo de Mirian Duarte, presentaron una nota al ministro de Gobierno, Marcelo Pérez -y una denuncia ante el Inadi- debido a la violencia institucional y las condiciones degradantes de trabajo que vienen soportando hace años, agravadas en los últimos meses con la designación de la coordinadora Yanina López.

Entre los actos de violencia denunciados por lxs trabajadorxs se detallan persecución laboral, maltrato verbal, órdenes arbitrarias y descalificaciones permanentes en las intervenciones y las evaluaciones de riesgo que realizan ante las denuncias recibidas. Esto último reviste una gravedad extrema porque importa una política deliberada de menospreciar el riesgo en que se encuentran las víctimas que acuden a la línea en busca de ayuda, lo que puede costarles la vida. Vemos entonces que mientras el Estado constantemente señala que frente a situaciones de violencia hay que hacer la denuncia, resulta que éstas son descalificadas por la línea que tiene por principal función la de asistencia a las víctimas que se encuentran en emergencia, obstaculizándose, de ésta manera, la pronta atención de las mismas.

Otro aspecto de la denuncia realizada es el apartamiento de los lineamientos básicos del programa, que se traduce en que no se tienen en cuenta los tiempos y procesos personales de las víctimas y su derecho a decidir, con lo cual toda persona que ante la desesperación acude a este organismo se ve sometida a un proceso de revictimización. Lxs profesionales dependientes que se oponen a éstos lineamientos son también violentados en sus derechos.

Ante la gravedad de la situación lxs trabajadorxs han solicitado una reunión con la subsecretaria, pero la nota donde se realiza el pedido formal ni siquiera fue recibida. La única respuesta fue la desafectación de dos profesionales que fueron trasladadas a desempeñar tareas en otras dependencias, a modo de advertencia de que están dispuestos a cumplir con sus amenazas. Esta política no es excepcional ni privativa del gobierno de la renovación, como lo demuestra el reciente paro de las trabajadoras de la línea 144 de CABA.

La Línea 137 desembarcó en la provincia hace poco más de siete años a través de un convenio firmado por Eva Giberti, directora del programa “Las Víctimas contra las Violencias”, con el gobierno de la provincia. En ése entonces se acordó que la línea iba a funcionar bajo la égida del Ministerio de Gobierno con lo cual, desde un principio, se planteó la asistencia a las víctimas de violencia de género como una cuestión de seguridad. Con los años el proceso de policialización del área se agravó porque se procedió a introducir a elementos de la policía para que desempeñen funciones en el organismo, lo cual viene siendo resistido por lxs trabajadorxs de la línea, porque, además, la presencia policial es utilizada como una herramienta para intimidar y amedrentarlxs. El planteo represivo como respuesta al flagelo de la violencia es algo que fue rechazado desde el principio por el movimiento de mujeres. Hace tiempo sabemos que más policías en los barrios no es una solución para las mujeres ni para la población en general, sino todo lo contrario.

En los que respecta a la subsecretaria de Relaciones con la Comunidad, Mirian Duarte, hay que señalar que se trata de alguien que en su momento tuvo la chapa de activista por los derechos de las mujeres y que al asumir el cargo que detenta lo presentó como una “conquista de todas para cambiar las cosas desde adentro”. Lejos de que ocurriera algo semejante, no solo es una de las caras visibles de las políticas de la renovación contra las misioneras sino que, desde su lugar de funcionaria, se encarga de violentar en forma sistemática a las y los trabajadores que se desempeñan en las dependencias a su cargo.

Desde el Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero exigimos el inmediato cese de la violencia y el respeto de los derechos laborales de lxs trabajadorxs, hacemos responsable al gobierno y sus funcionarias por la integridad psicológica de esxs profesionales. Que se retiren a los policías puestos para amenazarlxs y vuelvan a trabajar en la línea las trabajadoras desafectadas. Llamamos a debatir una salida ante el flagelo de la violencia y la precarización de la asistencia a las víctimas: necesitamos un Concejo Autónomo de las Mujeres que luche por una re orientación de las políticas demagógicas del Estado en material de género.