La ira popular que se desató con el asesinato de Chiara se transformó en movilización. Y el asesinato de Katherine, días después, no hizo más que confirmar por la negativa la justeza del reclamo. La población de Monte Hermoso sabía que su intendente kirchnerista había colocado a cargo de la seguridad del distrito al encubridor de los asesinos de Natalia Melmann en Miramar, y desde la primera marcha, exigían su remoción. Una vez más no fueron escuchados.

 

La reflexión sobre la violencia que se desata cotidianamente sobre las mujeres debe conducir a conclusiones de fondo sobre el rol del Estado y sus gobiernos, así como la organización social opresiva a la que sirven ambos. La violencia contra la mujer reproduce el carácter despótico de las relaciones de explotación que se ejercen cotidianamente en los lugares de trabajo. La matriz de la violencia de género se moldea en las fábricas, reparticiones y escuelas, cuando la gerencia empresarial y su Estado se arrogan la facultad de despedir, cesantear o simplemente convertir al puesto de trabajo en un infierno. Por eso, la barbarie contra la mujer no puede atribuirse a una “omisión del Estado” sino, por el contrario, al resultado necesario de un régimen político y social que la promueve y la encubre.

 

 

Quién es quién en el 3J

 

Al gobierno le inquieta esta movilización, su alcance y el nivel de conciencia que el movimiento adquiera sobre las responsabilidades de Estado. Para disimularlas, ha colocado a las personificaciones mismas de la represión, la misoginia y la aplicación de políticas contra las mujeres a sacarse fotos con la consigna #NiUnaMenos. Son los casos del policía Berni o el lobbista de las fuerzas represivas y encubridor de los responsables estatales de la trata de personas, Aníbal Fernández.

 

En oposición a éstos, la demanda del movimiento se encamina a la exigencia de políticas de prevención y educativas sobre otras bases. Y cada demanda pone en evidencia la inacción de los gobiernos. No se cuantifica el fenómeno, por lo tanto no se tiene noción de su alcance. No se aplicó la Ley de Violencia de Género, y su órgano de aplicación -el Consejo Nacional de las Mujeres- amontona amigos de Kolina y de La Cámpora, hace propaganda con las figuras de Alicia Kirchner y de CFK. En relación con la violencia de género, sólo lleva adelante políticas que tienden a hacer reposar las soluciones sobre la propia víctima. El Estado ha sido absuelto por quienes viven de él.

En la ley de Educación Sexual Integral, el gobierno entregó sus contenidos al designio de cada institución educativa, en lo que constituye una clara concesión a la Iglesia. A nueve años de aprobada, la ley se reveló como incapaz de dar respuesta a la problemática que pretendió resolver. A esto hay que sumarle el deterioro de la educación pública, en la línea gubernamental de atacar a los docentes y avanzar con su precarización, aumentando la cantidad de niños por curso, deteriorando la infraestructura y obviando la atención integral en las instituciones educativas de las problemáticas sociales que hoy recaen sobre las docentes.

 

 

Nuestro programa

 

Las organizadoras de la convocatoria propusieron la creación de un Ministerio de Igualdad de Oportunidades. Aunque la preocupación apuntaba a destacar la centralidad de la lucha contra la violencia de género, otro organismo burocrático orientado por este Estado y sus gobiernos no hará más que reiterar la impotencia actual, como en definitiva ocurre hoy con el Consejo de la Mujer o el Ministerio de Desarrollo Social, de quien depende la temática. Ello vale para el gobierno kirchnerista, pero también para Macri y Massa, que han destrozado la asistencia a la mujer en sus distritos y son promotores de la violencia contra la mujer, reforzando el trabajo precario y la esclavitud laboral. O para el partido de Stolbizer, que irá con el macrismo en Mendoza y Río Negro, y apoya al gobierno socialista de Santa Fe, que convalida la proliferación de la explotación sexual y la trata dentro de su territorio. En una reformulación de los puntos de la concentración, la propuesta de creación de un ministerio nuevo fue eliminado.

 

La lucha que está planteada, por el contrario, es contra este Estado y sus partidos, responsables de todos los agravios a la mujer trabajadora. En esa línea, proponemos la creación de un organismo con autarquía y autonomía política y presupuestaria, electo por las mujeres y supervisado por las organizaciones de mujeres, para de esta manera promover la organización independiente como herramienta fundamental para avanzar en la lucha contra este régimen de explotación y violencia. Ese organismo independiente debe contar con poder de intervención y denuncia de situaciones laborales o familiares de violencia a la mujer, así como facultades para exigir la inmediata intervención judicial y estatal para la protección integral de las víctimas.

El Estado en su conjunto es responsable del nivel de ataques que hoy viven las mujeres. Los gobiernos que no han sido capaces de desmantelar una sola red de trata, que han respaldado a sus impulsores en el terreno de la esclavitud sexual y laboral, los gobiernos de la precarización laboral, los que cobijan entre sus principales representantes a los ejecutores mismos de la violencia como los intendentes o ex intendentes de Pergamino, El Bordo, Salvador Mazza, La Banda o Monte Hermoso, sólo intrusan el movimiento para paralizarlo, despolitizarlo y buscar diluir cada responsabilidad. La identificación de las responsabilidades políticas es una condición fundamental para poder avanzar.

 

El 3 de junio fuimos  miles y miles en todo el país. Ni una Menos sólo será posible si la lucha contra la violencia asume un carácter de clarificación contra todos los intentos de confundir y amalgamar posiciones contrarias.

 

¡Basta de femicidios! ¡Basta de violencia contra la mujer! ¡El Estado es responsable!