A un mes de iniciada la cuarentena, los casos de violencia contra las mujeres aumentaron en nuestra provincia. Es que Neuquén no escapa a la dramática realidad de nuestro país donde la mitad de las mujeres asesinadas los victimarios son sus parejas o exparejas, convirtiendo la vivienda en el lugar más inseguro (Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, La Casa del Encuentro). La Subsecretaria de la Mujer de Neuquén recibió un promedio de 5 denuncias diarias por violencia de género. Las mayorías de las consultas fueron por violencia en el ámbito doméstico. Según informaron desde el área del municipio de la capital neuquina, durante ese lapso se recepcionaron 104 llamadas y mensajes a las líneas habilitadas. Por violencia doméstica se realizaron 75 pedidos de asistencia. El resto de los motivos de consulta fueron sobre expedientes y medidas cautelares de restricción de acercamiento ya vigentes, incumplimientos de cuota alimentaria o régimen de comunicación y por necesidad de vivienda o alimentos.

La limitación en la atención del poder judicial es una de las tantas dificultades que enfrentan las mujeres. Sucede que las situaciones que requerían la solicitud de una medida cautelar para salvaguardar la integridad de la mujer y sus hijos, son vía correo electrónico, así como para las denuncias de incumplimiento de esas medidas, a partir de certificaciones telefónicas. Es decir, una falta de operatividad absoluta que deja en riesgo la vida de las mujeres.

Otro aspecto es la realidad de miles de mujeres que están confinadas con el violento, en donde es muy difícil sostener una llamada sin ponerse en riesgo para decir la verdad de lo que sucede en su casa. Y claramente lo pensará dos veces si hay niñes de por medio. Es una situación muy angustiante y vulnerable para las mujeres.

En materia de asistencia social, el “Colectivo de Trabajadores Sociales de Salud de la Provincia de Neuquén” denunció la grave situación que viven las familias en las cuales deben intervenir y caracterizan a la actitud del Estado como: “preocupante y grave retirada del aplicación de la leyes que defienden la niñez y la mujer”.

El problema de las casas refugios es alarmante. Las mujeres que no tienen recursos económicos no pueden irse hacia otra parte (incluso con sus hijos), ya que las mismas son casi inexistentes, no hay un transporte que permita trasladarse o un sistema que haga operativo esta realidad. Los programas de asistencia económica están congelados y el cobro de los mismos es un calvario.

Frente al aumento de los casos de violencia, el gobierno sigue colocando la responsabilidad de la denuncia y la efectivizacion de la misma en manos de las propias mujeres violentadas. A la línea 148, la Subsecretaría de Mujeres del gobierno provincial lanzó una aplicación llamada “Ciudadanas” que cumple la función de guiarte para realizar la denuncia, es decir, un trámite burocrático más y poco efectivo. Así las cosas, queda en evidencia la responsabilidad del Estado. Un gran porcentaje de mujeres asesinadas había realizados las denuncias en los organismos que el Estado pone a disposición. Muchas de esas denuncias no fueron efectivizadas, y en muchas que sí lo fueron las búsquedas fueron dilatadas. Existe responsabilidad estatal, en donde las perimetrales fueron violadas o los violentos quedaban liberados por la impunidad de la Justicia.

Organicemos una salida

La inacción directa del Estado, la precariedad laboral y la desocupación agudizan el panorama, la dependencia económica aumenta la vulnerabilidad frente a la violencia. De este modo, el Estado es responsable y cómplice de que no haya Ni Una Menos.

Más que nunca, el movimiento de mujeres debe considerar que este régimen es incapaz de darnos respuestas. Además de reclamar una efectiva atención a través de la línea 148, exigimos la inmediata creación de Centros Integrales de la Mujer, con recursos y profesionales para atender los casos de violencia. Constituyamos un Consejo Autónomo de la Mujer, con presupuesto propio y con capacidad de decisión, electo por las mujeres y bajo control de las organizaciones de mujeres, con mandato revocable. Garantizar el acceso al trabajo genuino, prohibición de despidos, rebajas salariales, continuidad del pago de salarios íntegro en las licencias por maternidad, lactancia, violencia de género. Tenemos que organizarnos y luchar por el fin de toda opresión y violencia, bajo un programa de independencia de clase. Ni una menos.