Mujer

31/5/2020

Neuquén: sobre la creación del registro provincial de violencia familiar y de género

Una ley encubridora de las responsabilidades del Estado y con carácter punitivista.

Diputada provincial FIT-Partido Obrero

La Legislatura del Neuquén votó la ley que crea “el registro provincial de violencia familiar y de género”, el cual oficiará de listado público sobre los condenados con sentencia firme o cumpliendo medidas preventivas urgentes, restrictivas, cautelares o tratamientos terapéuticos determinados por orden judicial.  La publicación de los nombres, como así también las bajas del mismo, será a través de orden judicial cuando haya condena o si se incumplen las medidas preventivas urgentes. La norma se aplica “a todos los procesos judiciales en los que cualquier persona humana sea víctima de violencia en los supuestos de las Leyes 2.212 (violencia familiar) y 2.786 (violencia contra las mujeres)”.


Los inscriptos en el registro no podrán  ser candidatos electorales provinciales o municipales ni funcionarios judiciales, ni acceder a concesiones, licencias o ser proveedores o contratistas del Estado. Tampoco podrán ingresar o permanecer como trabajadores del Estado o ejercer la docencia. Asimismo, la normativa invita a entidades crediticias o financieras a considerar el registro a la hora de otorgar créditos.


La ley establece “medidas complementarias”, que en realidad ya figuran en leyes que tienen más de una década, que incluso ya contenían un registro de casos y las sanciones a quienes violaban medidas cautelares.


La nueva ley agrega, como novedad, aspectos más punitivistas y una colisión con la ley electoral, abriendo la posibilidad de manipulación oficial contra determinados candidatos. En este sentido, ya existe un Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos, y es un requisito para ser candidato no figurar en el mismo.


El Frente de Izquierda no se limitó al rechazo de esta lavada de cara sobre las responsabilidades del Estado. Denunciamos de manera polémica y contrapusimos un programa y una acción independiente de movimiento de lucha de las mujeres y disidencias.


Autoencubrimiento estatal


Este registro constituye un verdadero acto de encubrimiento del Estado que promueve la violencia contra las mujeres.


Cuando el bloque del Movimiento Popular Neuquino, partido de gobierno de la provincia, presentó el informe previo a la votación, invocó el doble femicidio de Karina y Valentina Apablaza ocurrido en Las Ovejas. Toda una muestra de perfidia, pues ese caso aberrante pintó de cuerpo entero las responsabilidades del Estado y el aparato judicial, misógino y machista, que le negó protección a ambas luego de varias denuncias, y permitió la violación de la perimetral avalando la violencia hasta el femicidio. No fue la falta de un registro, fue la actuación letal del Estado, que mereció la condena del juez y del fiscal tras un Jury de enjuiciamiento reclamado por la familia.


Es responsabilidad del Estado y la justicia que se cumplan las perimetrales. Todo el sistema de entrevistas domiciliarias para evaluación de casos de violencia ha quedado en gran parte en manos de técnicos u operadores totalmente precarizados de los municipios.


Ha sido el peregrinar en pasillos judiciales y la lucha incansable del movimiento de mujeres, lo que ha logrado que se tomen las denuncias y que apenas una parte de ellas lleguen a una condena. El Estado es el principal promotor de la violencia contra las mujeres, sus vidas y sus derechos.


Violencia y cuarentena: nosotras tenemos nuestro registro de violentos


En el contexto de la cuarentena por Covid 19-y el ajuste, las mujeres estamos en una verdadera trampa mortal. ¿Quiénes son esas mujeres que el gobierno dice proteger, sino las mismas a las que somete al hambre y la desocupación, a los salarios congelados? Es que en un cuadro de agravamiento de los femicidios y las denuncias de violencia, el Estado es el responsable de pavimentar las condiciones sociales que permiten estos hechos.  Los programas de asistencia a las víctimas son raquíticos, con fondos insuficientes, con publicidad y herramientas digitales que colocan el sostenimiento de una denuncia en la propia víctima.


Un registro debería comenzar por el mismísimo gobernador Omar Gutiérrez, por dejar pasar 30 días sin reglamentar la Resolución Nº 1057, presentada por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda y aprobada en la Legislatura, que establece Casas Refugio y equipos interdisciplinarios de manera urgente.


Un registro de violencia debería tener también a la ministra de Seguridad, Vanina Merlo, que es rápida para enviar órdenes de desalojo a las mujeres desocupadas que sostienen piquetes para poder comer y tener una garrafa. O que, policía mediante, secuestra a una mujer por reclamar una vivienda en Chos Malal.


Y no puede quedar afuera el ministro de Ciudadanía, Ricardo Corradi Diez, patrón de las mujeres trabajadoras de Clínica Cutral Co, que hace seis meses quedaron en la calle y reclaman salarios y reapertura de la clínica abandonada.


¿Y por qué no a la ministra de Educación, Cristina Storioni, que ha cerrado las 3.000 horas y 500 cargos vacantes, sometiendo a la desocupación a cientos de docentes?


Punitivismo extensivo a las víctimas


La ley establece la prohibición de ocupar cargos públicos o ser electos a quienes figuren en el Registro de Violentos. Una impostura. Porque a nadie se le escapa que esa medida no está puesta contra personajes como el ex gobernador tucumano Alperovich, responsables de hechos aberrantes, y que anidan en los gobiernos y el poder judicial.


Pero lo que no se advierte y hemos denunciado, es que incluye la inhabilitación para trabajar en el Estado. Es decir, extiende la condena a hijos/as/es, quitándoles el acceso al carácter alimentario del salario y a la cuota judicial, e incluso impidiéndole poder acceder a un crédito. Medidas que llevarán a las mujeres a pasar de la ilusión al temor de denunciar por las consecuencias. No podemos otorgarle ni la categoría de parche. Esta ley es leña al fuego.


3J: Nosotras acusamos, nosotras luchamos.


Nuestra lucha por desterrar la violencia y los femicidios no puede quedar en manos de jueces ni fiscales ni en secretarías del Estado, que son nombrados bajo acuerdos políticos de negocios e impunidades.


Necesitamos constituir un Consejo Autónomo de las Mujeres, independiente del Estado, electo por las mujeres para resolver y ejecutar las mejores herramientas para enfrentar la violencia.


Este 3J nos movilizaremos por todas nuestras reivindicaciones, contra un gobierno que prioriza el pago de la deuda usuraria y fraudulenta y les niega medidas de protección a las mujeres. Marcharemos por un salario igual a la canasta familiar, por trabajo o seguro por desocupación de $30.000, contra la precarización y tercerización laboral, por el cumplimiento de las normas de bioseguridad ante la pandemia,  insumos y testeos en todos los lugares de trabajo. Por educación sexual integral laica y científica, y aborto legal seguro y gratuito. Por la inmediata reglamentación de la Resolución Nº 1057 de Casas Refugio y equipos interdisciplinarios. Por justicia para todas las mujeres que ya no tienen voz.


Más que nunca, es la deuda o la vida. Ni Una Menos.