En la tarde del miércoles 10 se realizó una importante concentración frente al Patio Olmos de la ciudad capital convocada por la Asamblea Ni Una Menos de Córdoba contra los femicidios y ante la conmoción social que generó el crimen de Úrsula, la joven de 18 años que murió en manos de su exnovio Matías Martínez, miembro de la policía bonaerense, quien le ejecutó 30 puñaladas.

Úrsula, como la compañera Esther y tantas otras mujeres, había realizado 14 denuncias a lo largo de los últimos meses por los golpes y amenazas que sufría por parte de quien finalmente la asesinó sin que ninguna de estas acciones legales prospere. Asimismo, la policía que dirige Sergio Berni reprimió brutalmente a los manifestantes de Rojas que exigían justicia y señalaban al Estado como responsable directo en este asunto.

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Los observatorios indican más de cuarenta femicidios en el país en lo que va del año. Cinco de esas mujeres asesinadas le pertenecen a la provincia de Córdoba.

A Liliana la mató su ex pareja de un golpe en la cabeza. El hombre tenía un juicio previo por violencia de género, iniciado a causa de denuncias que ella realizó. Sucedió el primer día de febrero, en la ciudad de Villa María.

A Melisa la golpeó y estranguló su ex pareja y padre de su hije. Pedía auxilios a gritos, la policía llegó tarde. Pasó el 31 de enero, en la ciudad de Jesús María.

A Nilda la mató a golpes su pareja y padre de sus hijes, él después se suicidó. Fue el 20 de enero, en la ciudad de Villa Dolores.

A Ivana la mató a puñaladas un hombre con antecedentes de violencia. Su botón antipánico solo sirvió para encontrarla sin vida. Sucedió el 15 de enero, en Barrio Centro América.

A Gabriela su pareja la prendió fuego delante de su hije de 4 años. Sucedió en Barrio Coronel Olmedo. Falleció el 3 de enero luego de agonizar 7 días.

La convocatoria en Córdoba también exigió justicia por Cecilia Basaldúa, violada y asesinada en 2020, cuyo cuerpo fue hallado en la localidad de Capilla del Monte luego de estar 20 días desaparecida. Familiares y organizaciones de mujeres denuncian irregularidades, encubrimiento e impunidad en la causa. En tanto que el principal señalado por ellos como sospechoso, Mario Mainardi, ha sido convocado por la justicia para declarar como testigo casi 10 meses después.

Indudablemente esta situación ubica en el banquillo de los acusados a todo un régimen que no solo avala sino que promueve la violencia cada vez que las mujeres suplican asistencia luego de haber sido violadas, golpeadas y expuestas a distintos flagelos. La situación es más crítica cuando consideramos que mayoría de las mujeres en Argentina no cuenta con los recursos materiales para tomar las riendas de su vida, con sus niñes, lejos de sus agresores, debido al empobrecimiento sostenido en las últimas décadas y agravado en la pandemia.

En este marco, uno de los principales problemas que atraviesan las mujeres es la falta de vivienda, lo que las obliga a quedarse en el más crudo escenario de la violencia doméstica. Sobre esto el Ministerio de la Mujer de Córdoba conoce detalladamente la situación de las mujeres e infancias más vulnerables de la provincia, que han sido reprimidas y judicializadas por bregar por un pedazo de tierra dónde refugiarse.

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El repudio social que se ha generado debe canalizarse en la organización y movilización independiente de las mujeres y diversidades, para exigir que el Estado coloque los recursos al servicio de las urgentes necesidades de la población y no para complacer a los especuladores financieros que parasitan el país, tal y como lo vienen haciendo tanto la Nación como las provincias con sus particularidades.

La descomposición generada por este régimen que sostiene el patriarcado en sus entrañas nos pone en la tarea de discutir otro sobre nuevas bases sociales. Por lo pronto, el movimiento Ni Una Menos sabe muy bien cómo demostrar su poder en las calles. No podemos depositar ninguna confianza en este sistema opresor, misógino y de clase.